Los casos reportados en la base de datos nacional aumentaron 41 por ciento respecto a 2020; especialista califica de insuficientes las acciones de la CONAVIM.
Luego de siete meses en la congeladora, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma a la Constitución local para prohibir que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular.