A un año de creada la Secretaría de las Mujeres, su titular reconoce la ruptura entre el Estado y amplios sectores del feminismo durante el sexenio anterior y plantea la urgencia de reconstruir la interlocución
Aumento de presupuesto en 2026 sólo para centros libres
Sara Lovera y Xóchitl Bárcenas
SemMéxico/El Sol de México, Cd. de México, 3 de febrero, 2026.-La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reconoce que uno de los principales desafíos del nuevo gobierno no está solo en el diseño de políticas públicas, sino en reconstruir el diálogo entre el Estado y el movimiento feminista, tras un sexenio marcado por la confrontación, la desconfianza y la ausencia de interlocución efectiva.
“No dialogar con todas las feministas sería un error histórico”, afirma Citlalli Hernández al reconocer que la polarización entre feministas institucionales y colectivas críticas debilitó la agenda de las mujeres y fragmentó los esfuerzos para combatir la violencia y la desigualdad.
“El sexenio pasado fue muy difícil generar una sinergia entre la acción de gobierno y la denuncia de los movimientos feministas”, señala Hernández Mora, de 35 años y con una trayectoria política construida en Morena.
La secretaria identifica responsabilidades en ambos lados. Desde el movimiento, señala, a las feministas que participaban en el gobierno “prácticamente se nos cerraron las puertas solo por ser feministas institucionales”, mientras que dentro de las propias instituciones se consolidaron prejuicios. “Hubo posturas que asumieron que todas las feministas eran malintencionadas o eran de derecha”, reconoce, al aceptar que la politización y partidización del tema deterioraron la posibilidad de diálogo.
“Esa falta de diálogo no tiene que repetirse”, sostiene Hernández. Recuerda que incluso durante su etapa en el Senado una de sus mayores frustraciones fue no haber logrado “un diálogo mínimo con el movimiento feminista que se manifestaba en las calles”.
La apuesta por reconstruir la interlocución, dice Hernández Mora, se traduce en una estrategia territorial concreta: los Centros LIBRE.
En la conversación en el podcast de La Lovera explicó o dijo que son esos centros.
“Son espacios de atención directa”, explica, donde abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales acompañan a mujeres en situación de violencia y canalizan los casos a las instancias correspondientes.
La secretaria adelanta que esta política contará este año con un incremento presupuestal adicional, más allá de lo aprobado originalmente, de más de 350 millones de p esos, lo que permitirá aumentar el número de Centros LIBRE de 678 a casi mil en el país.
Hernández vincula esta estrategia con una reflexión expresada por la propia Presidenta Claudia Sheinbaum. Relata que la mandataria le ha reconocido que, pese a las políticas implementadas en la Ciudad de México y a nivel federal, no ha logrado erradicar la violencia contra las mujeres. “La Presidenta me dijo: ‘yo no he logrado encontrar la fórmula exacta para combatir y erradicar la violencia’”, refiere. Según Hernández, esa autocrítica explica el giro hacia la escucha directa y el trabajo territorial.
El despliegue territorial también despierta suspicacias. ¿La entrega de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en asambleas no es una actividad política con miras a las elecciones intermedias de 2027?, se le pregunta.
“Cargo un estigma y creo que es un poco injusto”, responde, al recordar su trayectoria como secretaria general de Morena (2020-2024). “Reunirte en una asamblea con mujeres es político porque hablas de la cosa pública, no necesariamente partidista”. Las asambleas responden a una instrucción presidencial de escuchar propuestas para corregir lo que no ha funcionado.
Pero ejercicios similares a los Centros LIBRE ya se hicieron, por ejemplo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando gobernó la Ciudad de México. Cuál es la diferencia con los Centros LIBRE. El gobierno está organizando a las mujeres, señala la periodista.
— Yo diría que los Centros LIBRE es la primera política pública para las mujeres articulada con los tres niveles de gobierno. Porque el ejemplo que pones de Cuauhtémoc Cárdenas, pues era en la Ciudad de México—, responde la funcionaria.
Se le insiste sobre una crítica histórica: la política para las mujeres ha avanzado, durante décadas, sin respaldo presupuestal suficiente. Incluso en periodos particularmente adversos —como el sexenio de Miguel de la Madrid— se multiplicaron centros y programas que ofrecían actividades y capacitación, pero sin recursos sólidos ni continuidad. Desde esa experiencia, hoy persiste el mismo problema. El Sistema Nacional de Cuidados está planteado sin financiamiento, no hay dinero suficiente para la prevención de la violencia ni para la capacitación. Nunca ha habido presupuesto, ahora tampoco, se le plantea.
Hernández reconoce que el presupuesto es uno de los mayores desafíos, pero rechaza que la política actual carezca de recursos o se limite a la simulación. “Yo no digo que todo ya esté perfecto”, responde, y sostiene que el reto de la Secretaría es lograr que la política de género no dependa solo de una dependencia. Afirma que el presupuesto de las mujeres debe ser asumido por municipios, estados y por todo el gobierno federal, y explica que “transversalizar” significa que todas las áreas del Estado incorporen una visión compartida de igualdad y combate a la violencia. Detalla que existen programas federales para centros de justicia, refugios, alertas de género y el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), que da vida a los Centros LIBRE y a una red de abogadas, pero admite que el desafío es garantizar seguimiento, evaluación y resultados, y no solo la asignación de recursos.
¿Y LAS ALERTAS DE GÉNERO?
Durante el primer año de gestión de Citlalli Hernández, los grupos de investigación y los mecanismos asociados a las alertas no han operado con normalidad, pese a que los recursos continúan asignándose. Además, que estas funciones hayan pasado de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de las Mujeres, contradice el diseño legal que coloca a Gobernación como responsable de coordinar la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres.
“No, yo no creo que funcionen las alertas”, dice Hernández sin rodeos. A su juicio, tras más de una década de aplicación, los mecanismos no han logrado reducir la violencia en los territorios donde se activaron.
Atribuye ese fracaso a la forma en que se ejercen los recursos: presupuestos que llegan a los estados sin seguimiento ni evaluación, utilizados para acciones genéricas que cumplen con el trámite, pero no transforman la realidad de las mujeres.
Citlalli Hernández ilustra esa crítica con ejemplos concretos. Explica que, en muchos casos, los gobiernos reportan la compra de chalecos para policías, botones de pánico o distintivos simbólicos como acciones de prevención. “¿En qué se traduce eso directamente para transformar la vida de las mujeres?”, cuestiona. De ahí —dice— la necesidad de territorializar la política pública: acompañar el gasto, exigir resultados y asegurar que cada peso se traduzca en atención directa y efectiva.
La periodista recuerda que la alerta no es una política pública integral, sino un mecanismo de emergencia previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pensado para actuar en territorios en crisis. Señala que hoy existen alertas en 27 estados y recuerda que la Presidenta anunció su revisión. Hernández confirma que ese proceso está en marcha y subraya la necesidad de dialogar con las organizaciones y especialistas que impulsaron las alertas para redefinir su alcance y fortalecer sus lineamientos.
Hernández insiste en que ningún instrumento funcionará si se mantiene la distancia entre el Estado y el movimiento feminista. “Sería un error histórico no generar un punto de encuentro entre todas”, afirma. Tras un primer año centrado en la construcción institucional de la Secretaría, sostiene que el desafío de fondo es abrir una interlocución real, intergeneracional y plural, capaz de corregir inercias y errores acumulados durante décadas. “Yo me miro como una empleada de las mujeres y de las feministas”, dice.
Con esa convicción, la secretaria proyecta el siguiente tramo del sexenio. “Yo creo que vamos a lograr eso”, afirma, al evaluar el arranque de la nueva dependencia. Y añade: “este primer año me da elementos para decirte que sí, que podemos sacudir el aparato del Estado”, en referencia a la posibilidad de que el diálogo, la presencia territorial y la revisión crítica de las políticas existentes se traduzcan en cambios reales para las mujeres.
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