Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México.,11 de octubre, 2024.- En demanda de que sean cumplidos su derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño para las 13 sobrevivientes de la represión de 9 de noviembre del 2020, por manifestarse por la violencia contra las mujeres y feminicidio de la activista Alexis, en la plaza municipal de Cancún, el Comité de Victimas del “9N” y Amnistía Internacional publican una carta abierta al Congreso de Quintana Roo.
A la petición se suman cerca de 80 organizaciones, colectivas, activistas y personas defensoras de derechos humanos firmante, ya que el caso del Comité de Víctimas del “9N” es un ejemplo del largo proceso para acceder a los derechos constitucionales y en busca de la progresión de los derechos humanos, así como a un trato digno para las víctimas del Estado de Quintana Roo.
Solicitan a la Comisión de Derechos Humanos de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo a no dar por cumplida la Recomendación Número 20/2020/ll emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que fue dirigida y aceptada por María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Mara Lezama la actual gobernadora, quien fungía como Presidenta del Ayuntamiento de Benito Juárez cuando ocurrieron los hechos.
Señalan que el 15 de junio de 2021 la XVII Legislatura dio por cumplida la recomendación lo que dejo a las víctimas en completa indefensión y abandono, por lo que tuvieron que emprender una estrategia jurídica de casi 3 años debido a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVQROO) emitió diversos dictámenes deficientes y revictimizantes.
De las acciones de la CEAVQROO no hicieron partícipes a las víctimas durante el proceso, falta el registro de una de las integrantes del Comité de Víctimas del “9N”; la cuantía del daño moral y el daño material no consideró lo establecido por los estándares internacionales, a pesar de que las víctimas del “9N” brindaron pruebas de la cuantía correcta por daño moral y daño material. Pese a la resolución del juez a favor de las víctimas, las propias autoridades han condicionado el pago de la compensación a una cantidad mucho menor siempre y cuando se desista de los amparos.
No hubo disculpa pública sino un desplegado periodístico. Cabe señalar que en todo proceso de disculpa pública, las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho de las víctimas a participar y determinar la forma y el contenido de este acto.
Por otra parte, se tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; sin embargo, se desconoce el estatus del procedimiento.
A casi 4 años de la represión, no se ha garantizado el acceso a la verdad y a la justicia. A lo largo del proceso, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha incurrido en varias omisiones, incluyendo la pérdida de evidencia. Se interpusieron 13 denuncias, de las cuales sólo se conformaron 3 carpetas de investigación. Además, el Poder Judicial otorgó suspensión condicional a los presuntos responsables a pesar de considerar a las víctimas.
Relación de los hechos
9 de noviembre del 2020. Cientos de personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles en Cancún, Quintana Roo, para manifestarse en contra de la violencia feminicida que azota al Estado y para exigir justicia por el reciente feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”, una joven que había sido reportada como desaparecida y quien fue encontrada sin vida en la periferia de la ciudad y con claros signos de violencia.
Cerca de ochenta elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, bajo el mando único estatal de Quintana Roo, disolvieron la manifestación que se concentraba en el Ayuntamiento de la Ciudad con uso excesivo de la fuerza y atacaron a las manifestantes. Agentes municipales perpetraron violaciones graves a derechos humanos como detención arbitraria, tortura, violencia sexual, así como tentativas de ejecución extrajudicial y fabricación de culpables.
30 de Noviembre del 2020. La CDH emitió la Recomendación CDNEQROO/20/2020/II en donde se reconoció que la Policía Municipal hizo uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y actos que pueden considerarse como tratos crueles. Además, de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo intentó acusarlas de delitos que no cometieron.
4 de mayo 2021. Comenzó el juicio de 14 policías implicados en los hechos del “9N”.
15 de junio 2021. El CEAVEQROO emitió diversos dictámenes por medio de los cuales se pretende reparar integralmente a las víctimas. Estos son abiertamente violatorios de derechos humanos, señala Amnistía Internacional y Comité de Víctimas del 9N.
