- El Estado las violentó durante una manifestación por violencia de género en León
- En 2020 fueron violentadas 23 activistas en cinco estados del país durante marchas pro derechos de las mujeres
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 23 de agosto, 2024.- Luego de cuatro años, concluyó el proceso de reparación integral del daño a cinco mujeres, de un total de 23, que fueron víctimas de uso excesivo de la fuerza, detención ilegal y arbitraria por parte de agentes policiales el 22 de agosto de 2020, al participar en una manifestación contra la violencia de género en León, Guanajuato, informó Amnistía Internacional México (AI).
Hace cuatro años las autoridades tuvieron respuestas violentas contra las mujeres que se atrevieron a ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, fueron detenidas y sometidas con violencia física, se dirigieron a ellas con lenguaje sexualizado por elementos policíacos, muchas no sabían a donde las llevaban cuando fueron detenidas, ni dónde estaban, tenían miedo de ser desaparecidas, esto sucedió en Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México.
África, Libertad, Enya, Patricia, Sofía no estuvieron solas en su lucha. Como testimonio entregaron a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de la ciudad de Guanajuato (CEAIV) más de 20 mil firmas provenientes de México y España que suscribieron la Petición dirigida al Ejecutivo federal para que se reconozca la legitimidad de las manifestaciones de mujeres y grupos feministas, señaló la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares Ferreto.
Las medidas de reparación integral del daño para las cinco mujeres son: la eliminación de cualquier registro de detención existente en los archivos y bases de datos en los juzgados cívicos de la municipalidad, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo municipio; atención psicosocial; capacitación a los elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana y una disculpa pública.
Cabe recordar que la disculpa pública, por parte del alcalde de León, Guanajuato, el 29 de septiembre de 2023, más de un mes después de la fecha acordada.
Olivares Ferreto declaró que Amnistía Internacional continuará exigiendo que, en León, Guanajuato, y en todo el país, “las autoridades garanticen el derecho de las mujeres a tomar las calles para exigir vivir libres de violencia, que cesen las narrativas que estigmatizan la protesta feminista como violenta, así como las prácticas de represión”.
Reconoció el coraje, la persistencia y valentía de las manifestantes para sortear los obstáculos que se presentaron a lo largo de estos cuatro años. También la voluntad política y la sensibilidad de la CEAIV, que facilitó la participación activa de las mujeres y permitió a éstas fijar las prioridades colectivas e individuales que consideraron necesarias para su reparación integral del daño.
La relación de los hechos
El 22 de agosto del 2020 un grupo de mujeres, en su mayoría jóvenes, salieron a marchar en León, Guanajuato, en protesta por actos de violencia sexual que ejercieron policías municipales. La marcha partió del Arco Triunfal de la Calzada de los Héroes y terminó en los alrededores de la Plaza Expiatorio.
Al concluir la manifestación policías municipales empezaron a detener ilegal y arbitrariamente, con uso excesivo de la fuerza, a algunas de las manifestantes y a mujeres que estaban en los alrededores. Los agentes las subieron a patrullas que circularon por las calles sin dirigirse directamente al Juzgado, por lo que temieron ser desaparecidas. Fue hasta las 11 de la noche que llegaron a la Cepol Norte.
Feministas guanajuatenses empezaron a movilizarse y lograron que las jóvenes fueran liberadas en la madrugada del día 23. Ellas contactaron a Amnistía Internacional que desde entonces ha acompañado a las mujeres que protestaron exigiendo a las autoridades municipales la liberación de las detenidas, denunciando el uso excesivo de la fuerza, las detenciones ilegales, arbitrarias y la estigmatización de quienes salieron a protestar por una causa absolutamente legítima como es la violencia contra las mujeres.
Pocas semanas después, Amnistía Internacional elaboró el informe La Era de las Mujeres, sobre la represión a las manifestaciones feministas que se publicó en marzo de 2021, muestra que en México se vienen estigmatizando las protestas feministas y que al menos en cinco manifestaciones en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México agentes policiales reprimieron las protestas a través de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia sexual.
Informe La Era de las Mujeres
El Informe señala que Amnistía Internacional tuvo conocimiento de más de 10 manifestaciones en todo México ocurridas en 2020, 12 en las cuales participaron única o mayoritariamente mujeres, o que se realizaron para reclamar justicia en casos de violencia de género contra las mujeres.
El Informe se centra en las siguientes manifestaciones:
• Marcha del 22 de agosto, entre el Arco de los Héroes y la Plaza Expiatorio en León, Guanajuato. Manifestación convocada para exigir justicia en el caso de Evelyn, una mujer que denunció ser víctima de violencia sexual por parte de policías en los alrededores de la mencionada Plaza.
• Intento de manifestación en Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, convocada para el 10 de septiembre. El objetivo de la manifestación era pronunciarse en contra de las declaraciones estigmatizantes y revictimizantes de una funcionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Culiacán frente a los feminicidios de dos adolescentes.
• Ocupación pacífica de la sede de la CODHEM en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 10 de septiembre, para pedir el avance en las investigaciones relativas a la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarias, que se señalaban como responsables de negligencia en casos de violencia contra niñas y niños. Y la manifestación subsecuente, del 11 de septiembre en las oficinas del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para exigir la liberación de personas detenidas tras el desalojo forzoso de la CODHEM.
• Manifestación del 28 de septiembre por la despenalización del aborto, realizada en la Ciudad de México.
• Manifestación de 9 de noviembre frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, municipio conocido por albergar la zona turística de Cancún, para exigir justicia en el feminicidio de Alexis.
En León, Guanajuato, las autoridades de policía no cumplieron con su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente: reaccionaron con uso innecesario y excesivo de la fuerza frente a actuaciones no violentas como las pintas, o que no ponen en riesgo la vida o integridad personal. Además, detuvieron arbitrariamente a varias manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Las manifestantes de la ocupación pacífica de CODHEM fueron desalojadas con uso excesivo de la fuerza y sin cumplir con garantías mínimas para el respeto de sus derechos humanos, así como el de niñas y niños presentes en la ocupación.
La protesta en Atizapán de Zaragoza fue repelida lanzando bancas y objetos pesados contra cualquier manifestante, sin que las autoridades hubieran dirigido sus esfuerzos a aislar y controlar a quienes supusieran un peligro o estuvieran cometiendo algún delito.
En la Ciudad de México, las autoridades eligieron usar la táctica del encapsulamiento como una forma de prevenir daños a la propiedad, y acordonaron una gran cantidad de manifestantes pacíficas, negando con ello que pudieran continuar ejerciendo su derecho a la reunión pacífica y sin que se les permitiera salir durante varias horas. De esta manera, usaron la fuerza de forma desproporcionada y vulneraron los derechos de las manifestantes pacíficas a quienes se les restringió la movilidad.
En el caso de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo las autoridades usaron armas de fuego indiscriminadamente, aun cuando no había un riesgo para la vida de ninguna persona. Dispararon y persiguieron a las personas manifestantes, a pesar de que ya se habían dispersado.
Tampoco aislaron ni controlaron a aquellas personas que estuvieran cometiendo acto de violencia y, por el contrario, detuvieron arbitrariamente a manifestantes pacíficas.
Los jueces y juezas cívicos, funcionarios administrativos encargados de imponer sanciones por faltas administrativas, no cumplieron con su rol de garantes de derechos humanos: impusieron multas a mujeres porque se iban a manifestar y “eran sospechosas de querer pintar las paredes” en Culiacán, y amonestaron a 23 personas en León, Guanajuato, nueve de las cuales son consideradas por Amnistía Internacional como detenciones arbitrarias, porque ninguna fue detenida cometiendo delito o falta administrativa alguna.
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