Prevalece la incertidumbre sobre la política de género en esta administración, no hay capacitación y el IMSS niega el aborto
La Comisión de Igualdad de Género del Senado escuchó la voz de las mujeres para integrar la agenda legislativa feminista
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 16 de julio, 2025.- Las preocupaciones, son las mismas de hace una década: abuso sexual a niñas, matrimonios forzados, violencia política en razón de género, mujeres que renuncian a participar – hasta 100 en Zacatecas-, violencia digital mal legislada debe pensarse como violencia socio digital; se vive incertidumbre del futuro de las Alertas de Género y hay opacidad sobre el papel de la Secretaría de las mujeres.
En la entre feministas y senadoras quedó claro que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres quedaron interrumpidas porque los grupos interdisciplinarios no han recibido información de ninguna clase. Ello porque no hay dependencia o programa a cargo.
En la reunión se tocaron los asuntos para que la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República avance en la agenda legislativa feminista. Esa comisión la preside la morenista Martha Lucía Micher Camarena,
La reunión de trabajo se realizó el pasado lunes, coincide con la publicación de las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) luego de la presentación de su X evaluación al Estado mexicano, en Ginebra, los días 16 y 17 de junio pasado.
Sólo Leyes y la vigilancia del poder legislativo ¿dónde está?
La senadora Micher Camarena expresó que el objetivo de la reunión fue dar voz a las organizaciones sociales, pidió propuestas concretas de modificaciones o iniciativas a las leyes que puedan garantizar el avance de los derechos de las mujeres. No tocó el papel de legisladora como vigilante del poder Ejecutivo.
Al concluir la reunión, Micher Camarena dijo que se hará lo más que se pueda porque ya hay una agenda en el Senado, (sic) y refirió que se ha tratado de incorporar la perspectiva de género. Dijo que lo importante es mantener el “diálogo circular”. (sic)
Los feminicidios y las Alertas
En la reunión de trabajo surgió la preocupación de las integrantes de los Grupos Interdisciplinarios y Multidisciplinarios (GIM) de las Alertas de Género, del futuro de este mecanismo, ya que no han recibido respuesta a su demanda de reunión y diálogo con el gobierno.
Ana Elena Contreras, integrante de la Red Nacional de Alertistas afirmó que oficialmente se reconoce que hay 10.5 mujeres asesinadas por feminicidio todos los días y solo tres terminan con una sentencia.
Propuso avanzar en la discusión de un Código Penal único para todo el país, ya que el tipo penal de feminicidio no está homologado en los distintos códigos penales estatales por ello urge trabajar prioritariamente en esa homologación. También refirió que hay que actualizar los protocolos Amber y Alba.
Expresó que es un retroceso la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que las mujeres tienen incertidumbre porque no se sabe que va a pasar con las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
En el caso de la Ciudad de México el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), no han recibido información clara ni seguimiento sobre el estatus actual de la Alerta, pese a que desde el año pasado expusieron la necesidad de una evaluación formal de su implementación.
Al respecto, la abogada Andrea Medina que forma parte del GIM en Chihuahua llamó al Senado, que como legislativo que tiene un gran poder para intervenir, ya que los procesos institucionales están paralizados, y recordó que hay obligaciones internacionales dado que es un mecanismo para proteger a las mujeres contra la violencia como está establecido en la Convención de Belém do Pará.
Violencia política en razón de género en municipios
La Colectiva 50+1 en voz de la doctora Lulisa Bautista expresó la preocupación de que, a pesar del avance en la participación política de las mujeres, de un marco legislativo sólido, en las comunidades las mujeres que participan en política son objeto de violencia por razón de género y no tienen instancias donde acudir o tener un acompañamiento, por lo que pidieron que haya oficinas cercanas a donde puedan acudir.
Expresó que no se puede permitir que la violencia limite la autonomía política de las mujeres.
La senadora Micher Camarena coincidió en que falta acompañamiento, a esas mujeres que intervienen en política,” por lo que hay que revisar la legislación para que no haya huecos”.
Mientras la senadora emeista Amalia García Medina planteó la necesidad de ir al fondo de las problemáticas. Puso como ejemplo que en la pasada elección en Zacatecas 100 mujeres renunciaron cuando ya eran candidatas. Y afirmó que no se pueden tener conquistas truncas. “Tenemos que ir al fondo y ver como acompañarlas para avanzar en estos mecanismos”.
En este punto la abogada Andrea Medina explicó: el Congreso puede solicitar rendición de cuentas a los partidos políticos para ver si cumplen con los recursos asignados a la formación en igualdad de género y no discriminación.
Reconocer la violencia digital como violencia socio digital en razón de género
La abogada Andrea Medina, junto con el Laboratorio de Derechos Digitales expuso la necesidad de reformas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer con mayor precisión la violencia-socio-digital por razón de género, que no debe limitarse a lo penal ni restringirse exclusivamente al ámbito sexual, ya que se trata de un fenómeno transversal que impacta diversas dimensiones de la vida de las mujeres.
Precisó que el tratamiento legal de la violencia digital hasta ahora ha sido deficiente, y que la llamada Ley Olimpia incurre en inconsistencias al sancionar con menor severidad delitos semejantes a los tipificados como trata.
A su juicio, es necesario eliminar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y repensar los delitos desde una perspectiva integral, que supere la respuesta exclusivamente punitiva.
Llamó a hacer una revisión integral del marco legal sobre esta violencia socio digital por razones de género, generar medidas de protección acordes al entorno digital en el que ocurren las agresiones y finalmente denunció que el problema principal no radica en las leyes existentes, sino en su aplicación, por la falta de capacitación del personal ministerial, la precariedad de las periciales y la ausencia de un enfoque especializado en las fiscalías.
Revisar los huecos legislativos sobre matrimonio infantil
La doctora Gloria Ramírez Hernández coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM expresó su deseo “que este encuentro no quede en un hecho aislado”. Recordó que hay que hacer el seguimiento no sólo a las recomendaciones de la CEDAW al X Informe, sino a la anteriores que no se han cumplido cabalmente. De 209 sólo el 70 por ciento.
Pidió que el Senado y las comisiones responsables valoren no sólo si las Alertas o reformas han reducido la violencia, lo cual no ocurre de forma inmediata, y reconocer el papel fundamental de las organizaciones civiles que movilizan, denuncian, documentan y exigen.
Hizo un llamado a revisar con seriedad los vacíos legislativos sobre matrimonio infantil, porque, aunque existen avances persisten casos dramáticos y pidió no olvidar a las niñas embarazadas de nueve y10 años, eso, dijo es un abuso sexual.
El Acecho como delito, redefinir el consentimiento sexual, regular la objeción de conciencia
Belén Contreras pidió que se reconozca en el marco jurídico a las mujeres afrodescendientes como mujeres afromexicanas, porque el término afrodescendiente limita el reconocimiento legal y político de esta población.
Diana Murrieta de la organización “Nosotras para ellas” propuso el reconocimiento legal del “Acecho”. Esta es, dijo una forma específica de violencia, que debe entenderse como hostigamiento, seguimiento o vigilancia sistemática del agresor, ya sea de manera física o digital, contra una persona. El acecho se realiza de manera reiterada alterando la vida cotidiana, generando miedo, ansiedad y obligando a que la acechada modifique sus rutinas.
Advirtió que no debe confundirse el acecho con el acoso sexual, porque esta situación deja a muchas mujeres sin posibilidad de denunciar situaciones que ponen en riesgo su integridad. El acecho, dijo suele ser una antesala de delitos más graves como el feminicidio, la trata de personas, el secuestro o el reclutamiento forzado por el crimen organizado.
Marta Juárez, en representación de la Red Aliadas por la Igualdad y No Violencia, propuso la necesidad de redefinir el consentimiento sexual desde los estándares internacionales de derechos humanos. Porque en México, el tratamiento legal de la violencia sexual continúa basándose en la exigencia de pruebas físicas de resistencia o violencia explícita, lo que niega justicia a muchas víctimas, claramente en situación asimétrica. También señaló que es urgente eliminar la figura del delito de estupro, el cual se ha usado para encubrir abusos sexuales a menores bajo la apariencia de relaciones “consensuadas”.
María Consuelo Mejía, cofundadora de Católicas por el Derecho a Decidir – asesora del gobierno-llamó a regular adecuadamente la objeción de conciencia, en el caso de la interrupción de un embarazo, porque si bien se trata de un derecho individual, puede convertirse en una barrera estructural para el acceso al aborto.
Francisco Cué, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacó la omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a la sentencia 267/2023 de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el delito de aborto voluntario en el Código Penal Federal.
Este hombre señaló que a pesar de que la sentencia se notificó en ambas cámaras desde enero del 2024 no han cumplido como vigilantes. Esto perpetúa la criminalización y limita el acceso a los derechos reproductivos.
Desde GIRE proponen una reforma a la Ley General de Salud para reconocer de forma explícita el derecho a decidir, tanto para quienes continúan un embarazo como para quienes lo interrumpen. Afirmó que el IMSS sigue sin proporcionar servicios de aborto, lo que restringe el acceso para millones de mujeres.
Otros temas que se abordaron fueron el trabajo digno y los cuidados; la violencia por orientación sexual e identidad de género; el uso de datos desagregados por sexo para legislar con claridad; la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; y la armonización legislativa y la garantía del reconocimiento del derecho a decidir.
En la reunión participaron integrantes de las organizaciones Grupo de Acción Social; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser); Nosotras para Ellas; Las del Aquelarre; Red Nacional de Alertistas; Aliadas por la Igualdad y No Violencia Sexual; Católicas por el Derecho a Decidir; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Global Alliance on Media and Gender (GAMG); Laboratorio Feminista de Derechos Digitales; Equality Now; Cátedra UNESCO; Red Nacional de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales; Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO); Mano Amiga de la Costa Chica; Afropoderosas y Colectiva de Madres Contra la Violencia Vicaria. Ausentes representantes de las Defensoras de Derechos Humanos y las periodistas.
