Alejandra Maritza Cartagena López
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 8 de abril, 2022.- Cuando el horror de la desaparición se instala en nuestra cotidianidad, comienzan los primeros pasos a un proceso desgastante, doloroso y de exigir a la memoria en medio de la desesperación datos, momentos, lugares, platicas, reconstruir los hechos una y otra vez, con la esperanza de con ello podamos tener la clave que nos lleve a encontrar el paradero de nuestro familiar. Y así, la lucha por encontrarles y contra el olvido se vuelve el objetivo de vida.
Según lo reportado por el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en México hay 98,858 personas desaparecidas al día de hoy, siendo Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz quienes encabezan la lista, es importante precisar que estas cifras corresponden a quienes tienen una denuncia o reporte de desaparición es decir el número de personas desaparecidas en el país se presume es aún mayor.
Es así que la problemática de la desaparición requiere más que de buenas intenciones, pues México desde 2006 atraviesa por una crisis de violaciones graves de derechos humanos, que se ha agudizo con la declaración de guerra del entonces presidente Felipe Calderón, pero que además requiere de análisis profundo, que ayuden, que aporten propuestas que ayuden no solo atender de manera transversal la problemática, sino además a prevenir la misma. Y para ello una herramienta elemental es el análisis de contexto para el cual se necesita la sistematización, documentación y procesamiento de información de evidencias de casos anteriores de desaparición y esto debe ser más allá de solo cumplir con la obligación de registrar el número de personas desaparecidas. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha destacado el derecho de los familiares de víctimas de desaparición forzada a saber la verdad sobre lo ocurrido a sus seres queridos, así como la obligación del Estado de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficienteque permita cumplir con dicha obligación. Además, el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos.
Es así como el derecho a la verdad empezó a manifestarse como un derecho de los familiares de víctimas de desaparición forzada, cuya obligación del Estado es la de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido, así como para localizar e identificar a las víctimas.
El derecho a la verdad es fundamental, como fundamental es que las 14 mil 922 hombres y mujeres desaparecidas en Jalisco sean localizadas e identificadas y vuelven a casa.
CLADEM JALISCO
