Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 19 de marzo 2021.- La región ha refrendado la urgencia de avanzar hacia una sociedad del cuidado y ha reconocido con fuerza que cuando una mujer avanza y transforma, avanzamos todas y todos, porque cuando avanzan las mujeres, progresa nuestra sociedad expresó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
En la clausura la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo, de manera virtual, entre el 15 y 18 de marzo bajo la presidencia de Costa Rica.
La construcción de una sociedad del cuidado para favorecer la inclusión laboral de las mujeres, la formalización de los empleos con más derechos y protección social, así como la innovación tecnológica en sectores que permitan disminuir la huella ambiental, y favorecer el empleo inclusivo, así como favorecer el acceso a la salud y a las vacunas, estuvieron presentes.
Alicia Bárcena enfatizó que el consenso regional acordado refrenda la impostergable urgencia de construir sociedades justas, sostenibles, que enfrenten la desigualdad y garanticen ciudadanía y derechos.
“La impostergable urgencia de actuar juntos como región para garantizar el acceso a las vacunas y compartir capacidades y experiencias para que la vacunación contra el COVID-19 alcance a toda la población”, porque mientras hay países que tienen tres veces más vacunas comprometidas de las que necesitan, otros no tienen ninguna. Además, urgió a acelerar el paso en la vacunación.
Al término de la cuarta reunión del Foro, los delegados participantes aprobaron un documento con 94 conclusiones y recomendaciones que serán llevadas al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2021, que se realiza bajo los auspicios del ECOSOC.
Hacia una sociedad del cuidado, ingreso básico de emergencia
Alicia Bárcena presentó el informe de avance anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, titulado “Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19, pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla.
Destaca que la pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Por esto, advierte, “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.
En un contexto de confinamiento, cierre de escuelas y necesidad de cuidados ante la posible presencia de uno o más contagiados en el hogar, la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres y las niñas se ha incrementado significativamente.
«La humanidad ha aprendido que hoy requerimos ir hacia una sociedad del cuidado. No puede ser que 39% de las mujeres no tengan ingresos propios. Ellas no solo cuidan a los adultos mayores y niños sino también al planeta» ha expresado la Secretaria Ejecutiva, por lo que la propuesta es avanzar a una “sociedad del cuidado”, es decir una economía del cuidado que con inversión pública y privada genere empleos, ya que hasta el momento esto ha sido financiado por las mujeres.
Las trabajadoras domésticas remuneradas (el 11,4% de las mujeres ocupadas) —muchas de ellas migrantes, indígenas o afrodescendientes— se encuentran en una situación especialmente difícil, al no poder trabajar a distancia; pocas tienen acceso a la seguridad social y están más desprotegidas en escenarios de desempleo sostenido.
La propuesta de la CEPAL también incluye un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza para las mujeres que salieron del mercado laboral por efecto la pandemia, (14 millones de mujeres), y una canasta básica digital para los 50 millones de hogares que no están conectados a Internet.
Frente a la falta de sistemas de protección social universales, los gobiernos han respondido a la pandemia con un conjunto inédito de programas de protección social de emergencia dirigidos principalmente a los hogares en situación de pobreza o que tienen mayor riesgo de caer en la pobreza, como es el caso de las y los trabajadores informales.
Durante 2020, en 32 países se han adoptado 263 medidas no contributivas de protección social —mediante la adaptación de programas existentes, como los de transferencias condicionadas, o la creación de programas nuevos—, entre las que se incluyen las transferencias monetarias, la entrega de alimentos y medicamentos y el aseguramiento del suministro de servicios básicos.
Las transferencias monetarias y en especie llegarían, en promedio, al 49,4% de la población de los países de la región.
Estas medidas implicaron un aumento del gasto en protección social no contributiva, así como compromisos de recursos que se ejecutaron en un 73% entre los meses de marzo y agosto, debido a la urgencia por proteger el ingreso y el consumo de las familias afectadas.
El esfuerzo realizado por los países en 2020 para financiar estas medidas fue de cerca de 86.214 millones de dólares. En el promedio simple, este gasto equivale a 78 dólares por habitante y representa el 1,25% del PIB per cápita de 2019, si bien existen grandes diferencias entre las subregiones.
El mayor gasto se dio en América del Sur (105,2 dólares por habitante), seguida por Centroamérica, Haití, México y la República Dominicana (97,6 dólares) y por el Caribe (44,6 dólares).
Violencia de género
Desde el inicio de la pandemia, se ha intensificado la violencia por razón del género contra las mujeres y las niñas, que se ha agravado por las medidas de confinamiento y distanciamiento físico y las restricciones de movilidad que han aumentado el aislamiento de las mujeres de sus redes de apoyo y han generado barreras adicionales al acceso a servicios esenciales.
Esta violencia es un impedimento para el goce efectivo de los derechos humanos, tiene repercusiones físicas, psicológicas, sociales y económicas en las vidas de miles de mujeres y niñas y de sus comunidades, y atenta directamente contra el cumplimiento del Objetivo 5, cuya finalidad es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
La respuesta de los Gobiernos para la prevención y la atención de dicha violencia ha sido diversa; destacan la Argentina, Colombia, Honduras, México y la República Dominicana, donde el total o parte de los servicios de atención de la violencia contra las mujeres fueron declarados esenciales.
En algunos países (por ejemplo, el Paraguay y el Uruguay), se elaboraron instructivos o decretos para el funcionamiento de ciertos servicios judiciales y la ampliación automática de medidas cautelares o de protección.
