- Brindan información sobre un problema social serio
- Pueden orientar una asignación de recursos estatales que sea eficiente y prioritaria
Dixie Edith
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 9 de febrero, 2026.- Contar con estadísticas fiables y actualizadas sobre las violencias machistas en Cuba es crucial para entender esa grave problemática y luego diseñar las respuestas necesarias para atenderla, coinciden especialistas.
«Los datos ofrecen información para ajustar la prevención y enfrentamiento a las violencias de género. No son necesariamente la demostración de la magnitud de un fenómeno, pero sí la constatación de su existencia», considera la socióloga Clotilde Proveyer Cervantes, profesora de la Universidad de La Habana, en un debate publicado por SEMlac.
«Si además están desagregados y son oportunos, fiables, nos brindan información sobre un problema social serio y nos hacen un llamado de atención», agrega Proveyer, quien también coordina el Grupo asesor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la atención y prevención de la violencia de género.
Para la experta, las estadísticas ayudan a visibilizar un fenómeno naturalizado, «que se legitima mediante el poder patriarcal» y, por tanto, funcionan como constatación pública de que esos hechos ocurren y de que es importante atenderlos.
En opinión de la jurista Arlin Pérez Duharte, tener estadísticas «contribuye al diagnóstico objetivo e indispensable que precisa un sistema jurídico que busque eficacia», dice en entrevista con SEMlac.
«Las cifras son esenciales también para evaluar el impacto normativo de instrumentos como el Código Penal y para realizar los ajustes que la práctica evidencie como necesarios, por ejemplo, al evaluar las variaciones en el número de denuncias o en las manifestaciones de violencia que más se repiten», afirma la también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Pero, además, «pueden orientar una asignación de recursos estatales que sea eficiente y prioritaria, para que la protección de los bienes jurídicos -como la vida, la integridad y la dignidad- se concrete en los territorios y sectores con mayor vulnerabilidad», agrega.
En tanto, la psicóloga Rachel Lambert Correoso, profesora del Centro de Estudios Demográficos (Cedem), apunta que son importantes no solo para cuantificar el problema, «sino porque revelan patrones conductuales y estructurales que requieren intervención».
Aunque en la nación caribeña existen propuestas recientes como el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género y algunas encuestas han incluido estadísticas sobre violencias de género y sexuales, la disponibilidad de datos en torno a esta problemática sigue siendo limitada y poco sistemática.
Lo que existe
Con cierre de 2024, en su área 5 sobre marcos normativos y sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia, el Observatorio visibiliza estadísticas sobre mujeres mayores de 15 años, «víctimas de asesinato por razones de género«; «víctimas de asesinato ocasionado por su pareja o ex – pareja íntima» y «víctimas de violencia sexual (tipificado como delito)«.
Sin embargo, en todos los casos se trata del resultado de procesos judiciales juzgados en el año, lo cual deja fuera los casos denunciados que aún no están radicados en tribunales y aquellos hechos que no llegan a denunciarse o conocerse.
Esa plataforma digital también incorpora algunos datos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (Enig), cuya edición más reciente es de 2016, con lo cual ya no se ajustan al contexto actual.
Si se tiene en cuenta que estudios internacionales como los realizados por la Organización Panamericana de la Salud revelan que la vergüenza y el estigma asociados con la violencia de género dificultan la denuncia, «lo que sugiere que las cifras reales son probablemente mucho más altas», la incidencia real de esas violencias en Cuba podría superar ampliamente los datos reportados.
Ello representa un desafío adicional, como se reconoció durante el XVI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2025, realizado en La Habana del 26 al 28 de marzo del pasado año.
En ese camino, Ana Hernández Mur, fiscal jefa de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República de Cuba, presentó una propuesta de registro informático interoperable en uno de los paneles del evento científico.
Ese proyecto, dijo, busca articular registros administrativos policiales y de la fiscalía, pero también de procesos judiciales, hechos sancionados y del sistema penitenciario, a partir del estudio de experiencias internacionales y regionales.
Actualmente los datos se recogen sobre plataformas informáticas particulares de cada institución, pero se trabaja «en una herramienta que permita interoperar estas plataformas, con lo cual vamos a obtener información integrada, incluso a nivel de consejo popular», detalló la fiscal.
Uno de los desafíos principales, reconoció Hernández Mur, es ampliar el conteo más allá de los casos juzgados, que son los que hoy se visibilizan en el Observatorio: «o sea, poder incluir aquellos que nunca llegan a los tribunales porque el agresor se suicida u otra razón, ampliando así el análisis más allá de las sentencias judiciales», reflexionó.
En paralelo, el proyecto «Apoyo a la respuesta nacional a la violencia basada en género en Cuba», coordinado por la FMC con apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y financiado por la Embajada de Canadá, inició en 2025 un diagnóstico en 40 municipios del país sobre la situación de estas violencias y la capacidad de respuesta de los servicios.
La iniciativa busca crear o fortalecer la calidad y disponibilidad de los servicios nacionales y territoriales para la atención al problema y contribuir a la deconstrucción de normas sociales y estereotipos que perpetúan la violencia.
Un recorrido al contexto
La demanda de datos no es nueva en la nación caribeña y ha ido transitando desde el silencio casi absoluto, hasta el reconocimiento de su necesidad en años más recientes.
Ya en el año 2000, un informe de Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), había identificado la carencia de estadísticas como un problema que requería de atención en Cuba, tras su visita al país en 1999 por invitación del Gobierno.
A partir de entonces, en los informes ante el Comité de Expertos de la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) se comenzaron a introducir datos sobre violencia provenientes de los registros de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC.
Más adelante, en la segunda década del siglo XXI, algunas encuestas nacionales incorporaron preguntas que permitieron obtener cifras vinculadas a la ocurrencia de violencias diversas.
Así, la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS-2014) mostró que 27 por ciento de las mujeres conocía a alguna mujer golpeada por su pareja; la de Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/sida (2015) reportó que 9,3 por ciento de las mujeres fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja en el año anterior y que en más de la mitad de las parejas (53,3%) se registró alguna forma de violencia psicológica.
Finalmente, la Enig-2016 ofreció una radiografía más detallada: 39,6 por ciento de las mujeres reportó haber sufrido violencia «en algún momento de su vida» y la psicológica fue la más frecuente.
Según la Enig, además, 6,6 por ciento de las mujeres sufrió violencia económica en los últimos 12 meses; 2,4 por ciento, violencia física y 2,2 por ciento, violencia sexual. Solo 3,7 por ciento de las víctimas aseguró haber acudido a alguna institución «buscando ayuda».
Una actualización de 2017 de la Encuesta sobre Indicadores de VIH/sida evidenció, además, la vulnerabilidad de poblaciones específicas: 70,2 por ciento de las personas trans con pareja estable reportó violencia física o sexual. A este grupo siguieron las personas que se prostituyen (22%).
En tanto, las Mics-2019 incluyeron la percepción de seguridad. Un 3,8 por ciento de las mujeres declaró sentirse «inseguras» o «muy inseguras» caminando solas de noche en su vecindario.
Más recientemente, en 2022, la Encuesta Nacional de Fecundidad asoció la iniciación sexual temprana a cuestiones negativas como la violencia de pareja: 30 por ciento de las personas que se iniciaron sexualmente antes de los 18 años calificó la experiencia como no satisfactoria.
Estadísticas oficiales continuas como los Anuarios de Salud registran fallecimientos por agresión desagregadas por sexo, pero no especifican si el motivo está relacionado con discriminación o violencia de género.
Los datos son el primer paso
Contar con estadísticas de calidad -incluidas sistematizaciones históricas- puede abrir la puerta a estudios más profundos y abarcadores, coinciden las especialistas entrevistadas por SEMlac.
«Es estratégico para la labor de fiscales y jueces y para una administración de justicia que integre una real perspectiva de género», precisa Pérez Duharte. «Las cifras facilitan que los operadores jurídicos contextualicen un caso particular dentro de un patrón más amplio, lo cual es fundamental para la interpretación de la ley y para evitar la minimización de un hecho particular».
La jurista señala, además, la función «pedagógica» de las cifras, «esencial para la deconstrucción de patrones socioculturales, al visibilizar la gravedad del problema, lo que contribuye a la sensibilización colectiva». «Puede generar un efecto de confianza institucional que aliente a las víctimas a interponer denuncia», agrega.
Proveyer Cervantes coincide. En su opinión, tener nociones del monto de los hechos de violencia permite crear una percepción de riesgo en la población y también genera alertas entre los decisores.
Para estas expertas, sin datos robustos y sistemáticos, la violencia se subestima. Las estadísticas, por tanto, resultan una herramienta esencial para romper el silencio y guiar la prevención.
SEM-SEMlac/de
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
