- · Más allá de cifras y marcos legales es necesario un cambio cultural
- · Uno de nuestros primeros motores fue el deporte
Dixie Edith
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 15 de diciembre 2025.- Potenciar y garantizar la inserción laboral de las personas en situación de discapacidad es un «pilar fundamental» para su plena inclusión social, coincidieron en La Habana representantes de las cuatro principales asociaciones que agrupan a este sector de la población en Cuba.
Más allá de cifras y marcos legales, es necesario un cambio cultural que posicione a las personas en situación de discapacidad como profesionales competentes y sujetos de derecho, argumentaron durante el panel «Cuba y la protección de los derechos de las personas con discapacidad», realizado el viernes 12 de diciembre en la Biblioteca Nacional «José Martí», en La Habana.
El encuentro reunió a directivos de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Aclifim), la Asociación Nacional del Ciego (Anci), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) y la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), organizaciones que agrupan a una comunidad de alrededor de 400.000 personas en la nación caribeña.
Según sus organizadores, el espacio sirvió para examinar, desde la perspectiva de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones, la implementación en Cuba de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por la isla caribeña.
Ana María Mejías, en representación de la Ansoc, destacó la aprobación del Decreto-Ley 94/2024, «De la Lengua de Señas Cubana» como paso esencial para la integración sociolaboral de las personas sordas. «Ya no es un sueño, es una realidad. Este instrumento es fundamental para derribar la barrera de la comunicación en el ámbito laboral», afirmó.
Sin embargo, apuntó que se trata solo del primer paso: «necesitamos que se multipliquen los intérpretes, que las administraciones asuman la obligación de facilitar la comunicación».
Desde la Aclifim, que agrupa a más de 94 mil personas de las cuales unas 14 mil usan sillas de ruedas, su presidenta, la abogada Mabel Ballesteros López, recordó que el acceso al empleo es parte de sus principios fundacionales.
«Uno de nuestros primeros motores fue el deporte, pero inmediatamente después vino la demanda de empleo». Surgieron talleres especiales de formación y hoy más de 15.000 asociados están en empleo ordinario, explicó Ballesteros.
Lo más importante, dijo, es la realización personal y profesional. El objetivo es «que una persona en silla de ruedas, con una discapacidad compleja, pueda ser líder en su comunidad o un profesional destacado».
Un testimonio concreto de inclusión llegó desde la Acpdi. Richard Carlos Pérez Álvarez, joven con discapacidad intelectual y trabajador de la sede nacional de la asociación, compartió su experiencia guiada por el lema ‘yo quiero, yo puedo, yo soy capaz’.
En opinión de Mayelín Oliva, presidenta de la Acpdi, una de las fortalezas fundamentales de su joven organización ha sido la inserción efectiva de sus miembros a la sociedad. Entre los éxitos más relevantes mencionó la expansión de su trabajo a nueve provincias y 24 municipios de Cuba.
Un hito significativo, explicó, ha sido la creación, de conjunto con el Estado, del Centro de Desarrollo de Habilidades y Cuidados para personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años.
«Desde ahí haremos un mapeo comunitario, buscaremos ajustes razonables y sensibilizaremos a los empleadores. ¿Por qué un centro laboral no puede incluir a una persona con discapacidad intelectual?«, se preguntó Oliva.
Incidir en las leyes, el camino al nuevo Código de Trabajo
Entre los aspectos más destacados por los representantes de las asociaciones estuvo su implicación en la elaboración del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo.
«Hemos participado desde la base, recogiendo la experiencia de nuestros asociados en los territorios. No es una propuesta que se elabora desde un escritorio en La Habana», aseguró Jorge Luis Cala, presidente de la Anci.
En ese sentido, explicó que se ha logrado incorporar en las normativas nacionales principios clave de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como los llamados «ajustes razonables» -implementar adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo- y el «diseño universal».
Entre las novedades que esperan ver consolidadas están los incentivos fiscales para personas naturales y jurídicas que contraten a personas con discapacidad.
Cala también abordó el crucial tema de la tecnología. En su opinión, el manejo de las TIC y herramientas como la inteligencia artificial pueden ser un gran igualador. «Trabajamos para que nuestras personas se capaciten y para que el entorno digital cubano sea cada día más accesible, a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo al acceso a ciertas plataformas y software», detalló.
Ante la pregunta de qué mecanismos existen para denunciar casos de discriminación laboral, las asociaciones fueron claras. Recurrieron al texto constitucional cubano, que prohíbe tajantemente la discriminación por discapacidad, y enumeraron vías posibles: los tribunales laborales, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los recursos previstos en el Código Civil y de las Familias.
«No podemos permitir que nadie se dé el lujo de violar un derecho. A veces, incluso, quien brinda un apoyo mal entendido puede transgredir la autonomía de la persona. Por eso capacitamos a nuestros asociados para que conozcan y defiendan sus derechos», afirmó Ballesteros.
La presidenta de la Aclifim recalcó que el enfoque debe ser multisectorial y que se requiere de una formación más intensiva para las personas cuidadoras y asistentes, en busca de asegurar que su labor sea de apoyo, nunca de sustitución.
El panel, realizado en forma de diálogo con la prensa, se produjo a pocas semanas de realizarse un primer encuentro nacional donde las cuatro asociaciones fortalecieron un plan de acciones conjuntas para que nadie quede excluido.
«Nos reunimos para decir: ‘ante las dificultades económicas, el bloqueo y los desastres naturales, ¿cómo reajustamos nuestras estrategias sin traicionar los objetivos de inclusión?'», explicó Ballesteros.
Como ejemplo de soluciones, mencionó que lograron rehabilitar sillas de ruedas deportivas obsoletas, con apoyo solidario, para reanudar después de una década los juegos de baloncesto adaptado.
Trabajamos para que se entienda que la persona en situación de discapacidad «no es un objeto de caridad, sino un creador, un participante activo. Ese es el cambio cultural que seguiremos impulsando, desde las comunidades hasta la nación», concluyó Ballesteros.
SEM-SEMlac/de
https://www.cepal.org
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