- Género y el envejecimiento están estrechamente conectados en la vida social
- Adquiere tintes más graves con la migración creciente y la ausencia de personas responsables
Dixie EdithSemMéxico/SEMlac, La Habana, 26 de enero 2026.- Las mujeres mayores sufren distintos tipos de discriminación y violencia, tanto por su edad, como por el hecho de ser mujeres. En un país envejecido demográficamente como Cuba, esta realidad demanda atención urgente, considera la jurista Yisel Muñoz Alfonso.
«El género y el envejecimiento están estrechamente conectados en la vida social, de modo que cada uno solo puede entenderse por completo en relación con el otro, lo cual significa que la violencia de género no va a desaparecer con la edad», explica la doctora en Ciencias Jurídicas y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central Martha Abreu, en la provincia de Villa Clara, apoco más de 300 kilómetros de La Habana.
En su opinión, cualquier estrategia para erradicar estas formas de violencia debe confrontar las creencias culturales, las estructuras sociales que las perpetúan y los mitos o falsas creencias asociadas al género, difíciles de eliminar en los imaginarios sociales.
¿Cuáles son las formas más comunes de violencia que enfrentan las mujeres mayores en Cuba y por qué suelen permanecer invisibles en el ámbito familiar y comunitario?
Aunque las mujeres mayores son muy diversas -y también lo son sus necesidades y experiencias-, muchas de las dificultades que atraviesan tienen su origen en una misma estructura social edadista y sexista. Eso determina su condición de vulnerabilidad y que se produzcan diversas manifestaciones de maltrato.
En primer lugar, está el maltrato verbal, relacionado estrechamente con la violencia psicológica, que adopta formas como gritar, insultar, ridiculizar, humillar, criticar constantemente, silenciar, amenazar con retirar el afecto; el aislamiento o el abandono.
También culpar, infantilizar, no respetar sus creencias, decisiones e ideas, así como formas también no verbales como ignorar, dar trato de silencio y rechazar. Estas manifestaciones producen angustia, pena, estrés, sentimientos de inseguridad y baja autoestima, además de que atentan contra el respeto a la autonomía de la persona.
Otra forma con alta incidencia en el contexto nacional es la violencia económica. Se expresa en la explotación financiera, el mal uso o la apropiación indebida de recursos económicos por parte de familiares, cuidadores o extraños; el uso de medios financieros para controlar a la persona y el robo o el uso ilegal o inapropiado de sus propiedades.
A veces se coacciona a la persona para que adopte decisiones sobre su patrimonio, incluso se la presiona para que done bienes o inmuebles a descendientes o familiares, bajo amenaza de abandono o a través de engaños, con un supuesto futuro compromiso de cuidado.
La tercera forma es el abandono negligente: el rechazo a continuar o completar el apoyo en los cuidados de una persona mayor, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Esto incluye no cubrir sus necesidades alimenticias, aislarla de familiares o amigos y obviar sus necesidades de recreación.
La situación adquiere tintes más graves con la migración creciente y la ausencia de personas responsables, lo que recarga al familiar cuidador. Cuando este no está presente, la responsabilidad recae sobre un tercero, a veces sin vínculos afectivos.
Otra manifestación importante en relación con el abandono y la negligencia es el trato inapropiado: que sus problemas de salud no se atiendan de forma adecuada o no se les suministren los medicamentos necesarios. En este contexto, es crucial resaltar la situación de los adultos mayores con deterioro cognitivo, que requieren una mayor dependencia de quien les cuida.
Muchas de estas formas de violencia son menos visibles porque se naturalizan a lo largo de los años y parten de una infrarrepresentación de las mujeres mayores. Son comportamientos que se asientan en las relaciones familiares y en las representaciones sociales sobre el rol de la mujer mayor, su condición de cuidadora y su atención a la familia, lo que relega sus necesidades a un segundo plano.
Estas formas de violencia suelen denominarse de «baja intensidad», porque no generan una respuesta penal o más severa en el ordenamiento jurídico, pero deben tomarse en cuenta por su impacto en la vida familiar personal y en el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.
¿Qué factores culturales, económicos o institucionales contribuyen a que el abuso contra mujeres mayores sea normalizado o minimizado?
Son diversos y se asientan en una estructura patriarcal que perpetúa los roles femeninos y masculinos sexistas. Estos patrones no desaparecen en la vejez, sino que se agudizan y las propias mujeres mayores los reproducen en no pocas ocasiones.
En Cuba, la convivencia obligada en la vivienda es un factor que contribuye a crear un ciclo de violencia en el entorno familiar. Varias generaciones residen juntas y, aunque la mujer mayor sea propietaria, debe acoger en su vivienda a familiares por nexo afectivo, pero también muchas veces por obligación legal.
Otro elemento cultural importante es la negativa de estas personas a denunciar a hijos, nietos, hermanos u otros agresores, incluso ante robos, maltratos físicos, aislamiento o descuido. Detrás están los mitos de los sacrificios de las madres.
Son muy pocos los procesos iniciados a instancia de madres o abuelas; incluso cuando acuden a servicios de consejería o instituciones, su intención no es actuar de manera formal contra quienes les dañan. Se oponen a medidas severas y buscan resolver el problema mediante mediación familiar, por esa concepción de la maternidad y la idea de que los problemas de la familia son un asunto privado.
El desproporcionado trabajo de cuidado no remunerado que asumen las mujeres a lo largo de su vida -muchas veces les impide tener un empleo con ingresos propios– tiene un impacto significativo en sus recursos económicos, con serias implicaciones para sus derechos en la vejez. Esto genera temores e indefensión.
La crisis económica influye con mayor intensidad en las mujeres de edad, que suelen tener pensiones muy bajas. Esto genera una dependencia de los familiares y las expone a maltratos. La situación es particularmente compleja para las de edad muy avanzada, con deterioro cognitivo, discapacidad intelectual, o que viven solas.
En el contexto institucional no se estudia lo suficiente el tema de la edad y el género, ni se manejan estadísticas sobre estas manifestaciones de violencia. Tampoco existe suficiente articulación entre los diversos actores sociales e institucionales para generar medidas de protección a la mujer mayor víctima de violencia.
La violencia no criminalizada, cuyas expresiones no se enmarcan en tipificaciones delictivas, muchas veces no encuentra una respuesta adecuada en el ordenamiento jurídico. Es complejo detectarla, pues a menudo ni las propias víctimas -ni sus victimarios- la identifican.
En el contexto penal sí existen tipificaciones para la violencia criminalizada, pero ello no basta si no se desencadena el proceso, si no se valora la trascendencia del maltrato sobre la mujer adulta mayor y no se considera que son delitos con violencia de género implícita.
¿Qué estrategias de prevención y atención podrían implementarse en Cuba para garantizar que las mujeres mayores tengan acceso a apoyo, protección y espacios seguros donde denunciar la violencia?
Aunque desde 2020 se han estructurado herramientas de política pública sobre violencia de género e intrafamiliar y normas jurídicas que explicitan su tratamiento en el ámbito jurisdiccional, un examen detenido evidencia que no existe una mirada particular al maltrato en las mujeres mayores.
Las circunstancias económicas, la soledad, el deterioro cognitivo y la mayor vulnerabilidad no forman parte de las estadísticas.
Constitucionalmente, los derechos de los adultos mayores están reconocidos y el Código de las Familias dedica un título a sus derechos en el ámbito familiar. Pero no resulta suficiente, dadas las particularidades de este grupo etario; y en las mujeres específicamente, donde se intersectan el género y disímiles condiciones.
La prevención debe operar, en primer lugar, a nivel comunitario, con las comisiones de políticas sociales, el trabajador social y las organizaciones que funcionan a ese nivel, articuladas en estas estrategias de atención.
La salud pública, por su parte, debe desarrollar estrategias que impliquen a los médicos y enfermeras de la familia, capacitados para detectar síntomas y manifestaciones de violencia.
Además, deben desarrollarse estrategias en las comisiones de los órganos locales del Poder Popular para implementar acciones de prevención, atención a víctimas y un esquema de medidas de protección hacia las mujeres de edad víctimas de cualquier forma de maltrato.
Los hogares de ancianos son espacios seguros que garantizan atención y convivencia, pero deben existir otras alternativas que garanticen la protección de las mujeres de edad en sus propios hogares.
La Defensoría debe contar con los medios y competencias para garantizar una adecuada recepción, atención y protección a las mujeres adultas mayores. El acompañamiento y seguimiento de estos casos de maltrato, aunque no constituyan delito, debe ser un imperativo institucional.
La violencia contra las mujeres adultas mayores debe dejar de considerarse de baja intensidad o propia del espacio privado, y convertirse en objeto de proyección en las estrategias de prevención, con políticas de cuidado no necesariamente institucionales que influyan en las familias responsables.
La Federación de Mujeres Cubanas debe contar con medidas más eficaces para acompañar y apoyar a las mujeres de edad maltratadas. No existe una ley de adulto mayor ni una ley integral de violencia de género; esta carencia debería estar en las proyecciones, pues genera un contexto institucional que no reconoce plenamente los derechos de este grupo.
Es imprescindible cuestionarlos y combatir los prejuicios, promover la equidad de género. Es urgente generar sistemas de atención y estrategias de prevención enfocadas, precisamente, en las mujeres de edad. Se trata de un asunto urgente. El maltrato a las mujeres de edad es un problema social y de salud que no puede esperar.
SEM-SEMlac/de
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