El priísta Mario Zamora insiste, en 50 días dos veces presentó la misma iniciativa
Considerar trabajo a la prostitución es lo más indigno para las mujeres: las abolicionistas
Libertad López
SemMéxico, Cd. de México, 23 de julio, 2024.- Este lunes el priista Mario Zamora Gastélum, revivió la polémica sobre si la prostitución debe considerarse como un trabajo informal al insistir en su propuesta para agregar el “trabajo sexual” en la Ley Federal del Trabajo.
Esa misma iniciativa la propuso en mayo pasado, según se lee en la gaceta parlamentaria y hoy otra vez la difundió como nueva, pero en la Cámara de Diputados nadie sabe quién la discutirá y si logrará un diputado. Zamora como diputado federal, hoy suma su iniciativa a otras 6 en el mismo sentido que se han presentado entre 2019 y 2025.
Ninguna de ellas ha prosperado. Sin embargo esta se inscribe en un contexto internacional, con el mensaje que el 2 de junio envió la Organización de los Estados Americanos (OEA) al llamar urgentemente a los Estados en América Latina para que reconozcan, legalicen y regulen el trabajo sexual como una actividad laboral legítima, donde, dice, el fin es garantizar los derechos humanos, la dignidad y la protección de quienes lo ejercen.
La polémica es añeja y gira en torno a la regulación, los derechos humanos, la moralidad y las implicaciones sociales de la prostitución. En México desde 2016 cuando se discutió la Constitución de la Ciudad de México las posturas varían desde la defensa de la regulación como trabajo hasta la abolición total, con debates sobre la explotación, la violencia y la autonomía de las personas que ejercen el trabajo sexual.
En la actualidad, el trabajo sexual en la Ciudad de México no se considera como delito ni falta administrativa. En ninguna entidad del país se ha legalizado como trabajo, y hay diversas regulaciones de salud o credencialización. Para las abolicionistas como Alma Oceguera el asunto es grave porque es fácilmente comprobable que está ligado a la trata de personas.
En ese marco, en octubre de 2016 María Clemente, diputada federal, presentó una iniciativa semejante; sin embargo, quienes realizan la actividad en la Ciudad de México la acusaron de que su propuesta estigmatiza y criminaliza.
Una corriente feminista denominada abolicionista considera que la prostitución no es un trabajo y es la puerta para que crezca el delito de trata de mujeres.
La posición oficial parece coincidir con Almagro, puesto que desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se informó que se suma al llamado de la OEA luego del informe de la Comisionada de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) quien actúa para garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales (PERTS), con argumentos semejantes a los hoy difundidas oficialmente por la Cámara de Diputados.
La iniciativa de Zamora
Este lunes se repitió la propuesta del diputado Mario Zamora Gastelum quien propone agregar el capítulo XVIII denominado “Trabajo Sexual” en la Ley Federal del Trabajo. Sugiere crear un registro voluntario para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas.
El boletín señala que el objeto de su iniciativa, que no se sabe si se mandó a comisiones ahora mismo, que ésta tiene la finalidad de reconocer el trabajo sexual como lícito e independiente, y garantizar el acceso a la seguridad social de las y los trabajadores sexuales.
En mayo pasado, la Gaceta Parlamentaria informó que Zamora Gastélum presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar un Capítulo XVIII denominado “Trabajo Sexual” al Título Sexto “Trabajos Especiales” de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo los artículos 353-V, 353-X y 353-Y. O sea la misma.
En su argumentación, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI destacó que el trabajo sexual, ejercido de forma libre y consensuada por personas mayores de edad, debe reconocerse como una actividad lícita para garantizar condiciones laborales dignas, acceso a servicios de salud, seguridad social y protección contra la violencia y la discriminación.
El legislador explicó que la iniciativa define el trabajo sexual como la prestación de servicios sexuales, eróticos o de acompañamiento a cambio de una remuneración, siempre que sea consensual y sin vicios en el consentimiento. La propuesta establece que las condiciones de los servicios deben acordarse entre las partes, y en ciertos casos, como en establecimientos de bebidas alcohólicas o contratos mayores a tres meses, deberán formalizarse por escrito.
El congresista subrayó que la regulación busca equiparar los derechos de los trabajadores sexuales con los de otros sectores laborales, asegurando su acceso a la justicia, revisiones médicas periódicas y campañas de sensibilización para combatir el estigma social. Además, se reconoce a trabajadores sexuales como no asalariados, garantizando su autonomía y protección contra abusos institucionales, como los reportados en el diagnóstico de COPRED de 2024, que señala que el 97 por ciento de las personas en situación de calle que ejercen el trabajo sexual han sufrido violencia, principalmente por parte de autoridades.
Uno de los aspectos “más relevantes” es que, al otorgarles acceso a la seguridad social y prestaciones laborales, no solo se protege su salud y bienestar, sino también el de sus hijos y padres, cuando aplique, brindando así una red de apoyo más amplia y humana para quienes han sido históricamente invisibilizados.
Zamora Gastélum enfatizó que la propuesta responde a la realidad social y económica del país, donde el 100 por ciento de las personas dedicadas al trabajo sexual operan en la informalidad, según datos de la Secretaría de Economía de 2024.
Subrayó que es imperativo brindar un marco normativo que proteja la dignidad y seguridad de quienes ejercen esta actividad, promoviendo igualdad y justicia social.
Los intentos fallidos
Asimismo, a partir de las primeras semanas de septiembre del 2019, se presentaron un total de cuatro iniciativas que plantean la inclusión del trabajo sexual como una modalidad de trabajo no asalariado en la Ley Reglamentaria del artículo 10, apartado B, numeral 12 y 13 de la Constitución Local, que quedó pendiente.
Llama la atención que en la polémica, donde regular esta actividad como trabajo no ha prosperado, diputadas y diputados continúan presentando propuestas en la materia; en febrero de 2020 colectivos de mujeres y mujeres trans, integrados en la “Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales”, presentaron ante el Congreso una iniciativa ciudadana de “Ley de Trabajo No Asalariado y Regulación del Trabajo Sexual”, la cual tampoco fue ni discutida.
La OEA nombró comisionada
En agosto de 2024 la OEA nombró a la mexicana Gloria Careaga como Comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales, quien apenas hace dos meses presentó un informe sobre la situación legal y sociocultural que enfrentan las “trabajadoras sexuales” en las Américas.
El documento señala la trascendencia de distinguir al trabajo sexual de la trata de personas y la explotación sexual, siendo la primera una decisión voluntaria de las personas para ofertar un servicio sexual con fines eróticos a partir de acuerdos preestablecidos.
Reconocer el trabajo sexual como una actividad económica permite situarlo en la esfera laboral y reclamar derechos como la reunión y asociación para el mejoramiento y defensa de intereses, acceso a la seguridad social y los servicios de salud integrales, incluso de planificación familiar, libertad para ejercer este trabajo, acceso a educación sexual integral libre de prejuicios así como a ofertas reales de capacitación y empleo para quienes decidan no ejercer el trabajo sexual.
Encuesta
En México se hizo una para identificar donde, cómo y en qué situación trabajan quienes “dan servicios sexuales”, denominada Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS- 2021) la que señala que según la percepción de la población encuestada, las personas trabajadoras sexuales ocupan el vigésimo quinto lugar en la lista de grupos más discriminados en la capital.
Por otro lado, el informe de la Comisionada destaca que las violencias ejercidas por autoridades en los distintos niveles son consecuencia de la omisión del marco normativo que legalice o regule el trabajo sexual, esto posibilita que los agentes del Estado interpreten con discrecionalidad la legislación.
Luego una Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación en la Ciudad de México realizada por el CONAPRAED en coordinación con organizaciones de la sociedad civil indica que el 64.1 por ciento de las personas encuestadas han sufrido algún tipo de violencia o discriminación ejerciendo el trabajo sexual en la calle, tanto por particulares como por personal que laboran en instituciones públicas.
Para CONAPRED y otras instancias oficiales se requiere establecer marcos que regulen el trabajo sexual, para que, quienes lo ejercen, disfruten de condiciones de trabajo seguras.
El COPRED reconoce que el activismo de las personas trabajadoras sexuales ha impulsado cambios significativos en el ejercicio de sus derechos del mismo modo que la voluntad de autoridades para impulsar logros legales como el amparo 112/2013 obtenido en 2014 y la derogación de los artículos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
En lo Latinoamericano
El Informe de Comisionada de OEA del 14 de mayo pasado sostiene que pese a los avances internacionales, en la mayoría de los países de la región persiste una grave ausencia de marcos legales claros para proteger a quienes ejercen el trabajo sexual, que las abolicionistas, con muchos argumentos consideran una puerta de entrada de mayor explotación a la que existe y desde la perspectiva feminista es el lugar donde se concentra la violencia contra las mujeres.
Para Gloria Careaga en cambio “La carencia de una protección legal clara les coloca en una condición de vulnerabilidad matizada por el estigma y estereotipos que reducen su garantía de seguridad y de acceso a la justicia”.
La polémica sigue abierta y reabrirla en momentos de gran discusión sobre la república, la tragedia humanitaria de la desaparición de personas, el reconocimiento al fenómeno tremendo de la trata de niñas y mujeres, parece al menos innecesario.
