Ahora queda esperar a los legisladores para incluir propuestas y cuestionamientos y evitar el control al Estado en materia de telecomunicación, radiodifusión y plataformas digitales
La Presidenta retiro los artículos 142 y 109 que bloqueaban plataformas digitales
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de mayo, 2025.- El motivo que origino que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviara la iniciativa para la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión fue para que ningún gobierno extranjero pueda pagar para que difundan mensajes publicitarios como el del gobierno estadunidense contra la migración, lo que se consideró altamente discriminatorio y que se difundió por televisión abierta y en la plataforma de You Tube mexicana en el mes de abril de este año.
El mensaje de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos era “si eres un criminal extranjero considerando entrar en Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses”. …”Si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos” se vio en los hogares mexicanos.
Tras el rechazo la Presidenta habló de restaurar un artículo de la Constitución derogada en la reforma del 2014 de la administración de Enrique Peña Nieto para que ningún gobierno extranjero pudiera promover propaganda pagada, pero la iniciativa fue más allá pues se aprovechó para dotar de facultades ilimitadas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ahora sin ningún contrapeso por la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y artículos por lo que se podía no solo bloquear plataformas digitales sino revocar concesiones, suspender transmisiones, entregar la geolocalización o entrar al e-mail lo que viola los derechos de libertad de expresión, opinión e información de la sociedad entera.
“La redacción actual viola el Tratado de libre comercio, lo cual nos va a meter en un problemón económico, y lo más grave, concentra en una sola persona todas las facultades para dar concesiones, quitar concesiones, bloquear tu plataforma digital, bloquear tu cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram si no le gusta al gobierno lo que estás diciendo advirtió el senador panista Ricardo Anaya Cortés”.
Alarma por la libertad de expresión
Las voces de alarma no se hicieron esperar por académicos, especialistas, concesionarios, políticos, asociaciones y fue tal la presión contra la ley censura que la misma presidenta detuvo la iniciativa que ya iba camino a aprobarse rápidamente en el Senado de la República en la sesión del 28 de abril, pero se retiró de la orden del día.
Entonces se abrió el dialogo, los llamados “Conversatorios” que se llevaron a cabo del 8 al 22 de mayo y ahora se espera que cumplan los legisladores para que las propuestas y cuestionamientos modifiquen los artículos que le dan el control al Estado en materia de telecomunicación, radiodifusión y plataformas digitales para que no violen el derecho a la libertad de expresión, opinión e información.
La Presidenta retira los artículos 142 y 109 de la iniciativa para que no se considere una ley censura
La presión de la sociedad fue tal al conocerse el texto de la iniciativa que la Presidenta el 8 de mayo dio a conocer que se retiraba el Articulo 142 la cual faculta a la Agencia de Transformación Digital (ATD) la regulación de plataformas digitales.
Explicó en la conferencia mañanera “Ese artículo estaba para que la Agencia de Transformación Digital, en caso de que el SAT o alguna otra área viera algún tema relacionado con un asunto que tiene que ver con la legalidad de estas transmisiones, lo pudiera bajar, pero ya para que no haya debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo”.
Agregó que “se discuta el fondo de la competencia que debe haber en las telecomunicaciones en México, “el derecho de las audiencias, el derecho de las radios comunitarias y el derecho del pueblo de México a una información veraz”. Rechazó en todo momento que su propuesta plantee censura como acuso la oposición.
También se eliminó el Articulo 109 de la iniciativa lo que informó la Presidenta en la conferencia mañanera del 14 de mayo pero advirtió: “Ese artículo que generó confusión se elimina por completo, pero se pone que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada”.
Ese día en pleno proceso de los conversatorios, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a que por primera vez se les estaba dando oportunidad de sobrevivencia a las radios comunitarias, y que se recuperaba el derecho de las audiencias para que existiera un defensor para que los consumidores puedan quejarse, que en su opinión fueron eliminados en la reforma del 2014 .
En el caso de Internet, radio y televisión, indicó, los actuales concesionarios mantienen sus permisos, y se creará un organismo que dependerá de la Agencia de Transformación Digital (ATD) para validarlas.
Precisó que en el caso del internet que sólo daba servicio en zonas de no cobertura, ahora si se le permite para que compita en igualdad de oportunidades que las empresas privadas para que bajen los precios.
Los conversatorios
La iniciativa de “Ley Telecom”, como algunos la llaman se presentó en el Senado el 23 de abril, un documento de 311 páginas y 310 artículos, entre principales y transitorios, a cinco meses de que una reforma constitucional de simplificación administrativa a nivel federal eliminará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el argumento de que no fue eficiente para combatir los monopolios ni pudo abatir la brecha digital.
La forma tan acelerada de la presentación de la iniciativa llevo a comentar a la académica Denise Dresser Guerra que era una ley de censura y control, peligrosa, y que se usó como pretexto la propaganda trumpista transmitida por Televisa. “No debemos aceptar la propaganda antiinmigrante, pero tampoco una ley que, por lo visto, el oficialismo ya tenía preparada”, al participar en uno de los conversatorios.
Mencionó que “lo más alarmante de la ley es el tamaño de la discrecionalidad que le otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la amplitud de atribuciones que se otorga el Poder Ejecutivo”.
Los especialistas en telecomunicaciones expresaron sobre los peligros de las facultades ilimitadas que se otorgaban a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT) por lo que pedían mecanismos de supervisión autónomo para evitar decisiones discrecionales o se actúe arbitrariamente, ya que hablamos de libertad de expresión, de opinión y de información como José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
El director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, advirtió que el diseño institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es “preocupante”, pues se requiere independencia del órgano para garantizar los derechos de las audiencias y para que las concesiones no sean utilizadas como “moneda de cambio política”.
Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtió sobre posibles usos indebidos de la información que podrían vulnerar la vida privada y la seguridad de los ciudadanos Expreso “Es gravísimo porque ya existen los mecanismos con los cuales las autoridades acceden a datos conservados y los han utilizado para presionar a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos… Eso lo tenemos nosotros documentado”.
Otra preocupación era el control del gobierno para controlar la narrativa como lo expuso Alejandra Barrales “Han utilizado a este Senado para destruir las instituciones de este país… ya no tenemos un Instituto de Acceso a la Información, ya no tenemos ese instituto de competencia, ya no tenemos el órgano regulador de telecomunicaciones”.
En el ámbito digital también la percibieron como una ley de control y censura calificándola como una “ley que creaba muros digitales en lugar de puentes por la presidenta de la asociación Conectadas, Adriana Labardini Inzunza, lo que representaría un retroceso en el desarrollo sostenible del país, acotó.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo Torres Coto, indicó que la ley en comento representa un retroceso normativo y amenaza de manera directa a todo el ecosistema digital del país. “La ley debiera ser una ley que impulse una sociedad conectada y justa. Lo que requerimos es una ley con visión de Estado, no una ley de control y censura”.
En representación del Consejo Coordinador Empresarial, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, indicó que para atraer inversiones sostenibles en materia de telecomunicaciones a México es necesario impulsar esfuerzos públicos y privados. “Hay que generar condiciones de certidumbre para lograr dichas inversiones”, dijo.
Además, explicó que el proyecto de ley establece que las concesiones de espectro radioeléctrico pueden entregarse de forma directa al gobierno. “Eso viola de manera flagrante a nuestra Constitución Política y además coloca un gran desincentivo para invertir en el sector”, agregó.
El experto consultor de Coparmex, Juan de Dios Barba Nava, consideró injusto que las concesiones del Estado tengan privilegio sobre las de particulares, ya que generan una competencia desleal, además de que violan disposiciones del T-MEC, que establecen que haya piso parejo entre los operadores de las concesiones de telecomunicaciones.
La excomisionada presidenta del IFT, Adriana Lombardi Inzunza, cuestionó si la nueva reforma tendrá cláusulas que blinden a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de concesiones vinculadas al crimen organizado, problema, que afirmó, fue recurrente en este organismo autónomo.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Hilda Saray Gómez González, subrayó que no basta enunciar en las leyes los derechos de los usuarios, sino que es preciso establecer mecanismos claros para garantizarlos; por ejemplo, consideró que las defensorías deben ser escrupulosas con las quejas que reciban y las recomendaciones que emitan.
La presidenta de Comunicación para la Inclusión, Katia D’ Artigues Beauregard, señaló que el proyecto de ley afectaría a las personas con discapacidad del país, ya que sólo precisa que las transmisiones en TV tengan subtítulos o lenguaje de señas, pero no ambos y no se establece que los portales de instituciones públicas tengan diseño universal, para facilitar su acceso a personas con necesidades especiales.
Irene Levy, presidenta de Observatel señaló que el caso denominado como Televisa Leaks pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer los derechos de las audiencias, entendidos como la capacidad de exigir contenidos informativos éticos, diversos y transparentes, que deben de ir de la mano de la libertad de expresión.
En materia de órgano regulador, el cambio es prácticamente total: Javier Corral Jurado
Se espera que al terminar los conversatorios cumplan los legisladores con las modificaciones, principalmente a la concentración de facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que fue el tema que más preocupo a los participantes, según expresó el senador morenista Javier Corral Jurado. Secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía quien moderó los conversatorios.
Y se refirió al perfil de los comisionados y las reglas de contacto para que además de tener la expertis técnica mantengan la independencia frente a los concesionarios de la radio y la televisión y operadores de telecomunicaciones. “Esto significa la manera en que se relacionan estos comisionados con los regulados, que es un punto importante para atender”.
El legislador morenista afirmó que “Vamos a tener una mejor legislación en materia de radiodifusión pública, como medios comunitarios indígenas, afromexicanos, sociales, genéricas, porque vamos a avanzar en el catálogo de derechos de los usuarios, porque vamos a consolidar el derecho de las audiencias y porque el Estado va a poder garantizar el derecho a internet y a la conectividad con un sentido universal.
