Es perfectamente posible proteger los derechos de los acusados de un delito.
Más de 20% de quienes hoy se encuentran en una cárcel, fueron arrestados sin que hubiera una orden de detención en su contra.
Mara Gómez Pérez
SemMéxico. Cd. de México. 8 de octubre de 2018.- Es falso que haya un conflicto entre los derechos humanos y la persecución de los delitos.
Desde hace años escuchamos en México que los derechos humanos protegen a los delincuentes. Se dice que siguen muriendo inocentes, mientras se protegen los derechos humanos de los criminales; que los derechos humanos defienden al crimen organizado y que es debido a los derechos humanos que padecemos esta inseguridad. ¿Qué se quiere decir con eso?
Una posibilidad es que se quiera explicar que, actualmente, se están favoreciendo más los derechos humanos de los presuntos criminales que de los ciudadanos, o que se beneficia más a “los malos” que a “los buenos”.
Lo cierto es que no es así.
En México, todos los días se violan los derechos de quienes son acusados de cometer un delito; especialmente si son indígenas, mujeres, migrantes, campesinos o estudiantes.
La Primera Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL-Inegi, 2016) señala que más de 20% de quienes hoy se encuentran en una cárcel, fueron arrestados sin que hubiera una orden de detención en su contra. En casi 60% de los casos, la autoridad empleó fuerza física para realizar el arresto. 75% sufrió violencia psicológica al momento de ser arrestado -por ejemplo, fue incomunicado, amarrado, desnudado o amenazado con vulnerar a su familia- y más de 60% sufrió algún tipo de agresión física como patadas, puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, quemaduras o violación sexual.
La tortura se suele ejercer para que el acusado confiese el delito del que se le acusa, o sea que estos datos revelan la poca certeza que podemos tener respecto de que quienes hoy están en las cárceles, verdaderamente son delincuentes. Una segunda interpretación es que, cuando se protegen los derechos humanos de los presuntos delincuentes, se descuidan los derechos de las víctimas. Eso tampoco es cierto.
Es perfectamente posible proteger los derechos de los acusados de un delito –para que a su vez no se conviertan en víctimas–, y proteger los derechos de las víctimas de un delito.
¿Será cierto entonces que, para detener a los delincuentes y acabar con la inseguridad, las autoridades tienen que violar derechos humanos? Me atrevería a decir que no.
Ello permite justificar todo tipo de arbitrariedades; convierte en delincuentes a los encargados de perseguir e investigar a los presuntos criminales, y tira de base cualquier indicio de legitimidad, confiabilidad o fortaleza de nuestras instituciones de justicia.
Las personas que cometen delitos dañan a la sociedad y se les debe castigar, pero es falso que haya un conflicto entre los derechos humanos y la persecución de los delitos. Respetar los derechos de los presuntos delincuentes no significa premiar a los criminales ni dejar de castigar sus faltas, sino impedir que se encierre en las cárceles a inocentes. (El Heraldo de México-12)
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