Foto: Laura Lovera, El Sol de México, 8 de marzo 2026.
- Entregan este lunes a la titular de la Secretaría de las Mujeres la Iniciativa “Feministas dialogantes” con más de 150 propuestas
- Responden al llamado al diálogo, tras entrevista sostenida con la periodista Sara Lovera
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 13 de abril, 2026.- En los últimos años, el gobierno federal ha mantenido una interlocución segmentada con el movimiento feminista, centrada en ciertos grupos y dejando fuera a otras redes, organizaciones y a representantes con amplia trayectoria, exponen las responsables del documento que concentra más de 150 propuestas para fortalecer las políticas para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que se entrega este día a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citalli Hernández Mora.
En su Iniciativa “Feministas dialogantes”, afirman que esta segmentación “debilita el diálogo democrático, empobrece el intercambio de experiencias y reduce la capacidad de las políticas públicas para responder a la diversidad de realidades”, por lo que demandan una interlocución plural, abierta y respetuosa, reconociendo la diversidad de corrientes y de quienes cuentan con una trayectoria histórica en el activismo, la academia, el trabajo territorial y la función pública.
Buscan, además, garantizar que el diálogo —como un componente esencial de vida democrática del país— sea permanente entre activistas y autoridades de distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México y del ámbito federal y que trascienda el carácter de una reunión aislada.
Esta convocatoria surge a partir del llamado al diálogo, expresado públicamente por Citlalli Hernández Mora, durante una entrevista con la periodista Sara Lovera, en su podcast de La Lovera, del 4 de febrero pasado, en la que la funcionaria dijo que uno de los desafíos es reconstruir el diálogo entre el Estado y el movimiento feminista.
Distintas redes y feministas de 14 entidades decidieron responder de manera organizada, mediante una convocatoria abierta que permitió recoger voces, diagnósticos y propuestas desde múltiples trayectorias y territorios.
Señalan que el movimiento feminista ha sido actor central en la construcción del marco normativo de protección de los derechos humanos de las mujeres y de las políticas para la igualdad sustantiva. Estos avances, aseguran, no han sido concesiones del poder político, sino resultado de décadas de movilización e incidencia feminista.
Las feministas dialogantes sostienen que “avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere fortalecer la capacidad del Estado, garantizar la coherencia de las políticas públicas y situar la sostenibilidad de la vida como eje del desarrollo”.
Ell documento, “aborda ámbitos fundamentales como la gobernanza democrática, el acceso a la justicia, la autonomía económica de las mujeres, los cuidados, las violencias, el territorio, el financiamiento público y la participación política, entendidos como dimensiones interrelacionadas que configuran las condiciones de vida de las mujeres”, en un contexto de reconfiguración del orden global.
Alertan que, en varios casos, los programas antipobreza han sustituido políticas específicas orientadas al cierre de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se diluye la especificidad de las desigualdades que enfrentan las mujeres, además de que se carecen de indicadores y de padrones desagregados por sexo.
Las violencias, advierten, presentan nuevas formas de expresión, incluyendo la violencia digital, la radicalización misógina y la articulación de comunidades que promueven el odio contra las mujeres, como las comunidades INCEL ente otras, en un contexto de expansión tecnológica y disputas ideológicas globales.
Para las dialogantes, el feminismo abolicionista constituye una corriente histórica, ética y política del movimiento, orientada a erradicar todas las formas de explotación que subordinan y mercantilizan el cuerpo de las mujeres. Sostiene que el estado es garante de derechos, no de deseos.
Advierten que la expansión de explotación reproductiva (denominada “gestación subrogada”) responde a procesos de globalización económica que articulan demanda internacional con contextos locales de vulnerabilidad. Opera mediante redes de intermediación que configuran formas de “proxenetismo reproductivo” y en su fase más avanzada, adquiere características de plataforma global, configurando una amazonización de la explotación reproductiva, donde los cuerpos de las mujeres son integrados a circuitos digitales, estandarizados y altamente rentables de oferta y demanda.
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Entre las propuestas que se recogieron de un amplio cuestionario están las de crear observatorios ciudadanos y otros mecanismos institucionales de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a la igualdad sustantiva, además de integrar indicadores de resultados y de progreso, desagregados por sexo,
Se necesita Incorporar el tema de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como un ámbito estructural en los cursos anuales de Presupuesto basado en Resultados, impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.
Se tienen que revertir la sustitución de programas específicos de igualdad y reclasificar en el presupuesto los programas antipobreza sin perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. Hay que garantizar el acceso de las mujeres rurales a la tierra, recursos productivos, financiamiento e infraestructura, evitar el desplazamiento de mujeres indígenas de sus territorios, particularmente en contextos de megaproyectos.
El acceso de las mujeres a empleo digno, ingresos suficientes y protección social debe garantizarse, junto con políticas de desarrollo urbano que integren la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se tienen que ampliar la disponibilidad de sistemas públicos de cuidado accesibles y de calidad.
Contar con acceso a la educación técnica y la formación profesional para mujeres jóvenes, así como el acceso universal al internet y a herramientas digitales. Fortalecer la función social del suelo mediante instrumentos regulatorios que eviten el desplazamiento y garanticen el acceso equitativo al territorio.
Se deben establecer sistemas territoriales de cuidados accesibles, reconocer el trabajo de cuidados como un componente central de la economía y de la sostenibilidad de la vida, así como el reconocimiento y promoción de los conocimientos ancestrales en sistemas alimentarios sostenibles.
Otras de las propuestas estratégicas que reseñaron son las de contar con políticas de gestión integral del riesgo de desastres en el marco de los derechos humanos, con el pleno reconocimiento de la participación de las mujeres en las etapas de ese proceso y asegurar el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento.
En cuanto a la violencia, se requieren mecanismos de coordinación vinculante entre instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, tribunales y servicios de atención. Asimismo, que los mecanismos de reparación para mujeres que han sido privadas de la libertad de manera injusta consideren los efectos diferenciados de la prisión en sus vidas, familias y comunidades.
Pretenden que se erradique la explotación reproductiva como forma de trata de personas, mediante su tipificación explicita en la legislación nacional y derogar los marcos legales estatales que permiten o facilitan la gestación subrogada. Además, fortalecer capacidades estructurales del Estado que permitan reducir vulnerabilidades y construir condiciones de desarrollo sostenido en la reconfiguración del orden global.



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