Denuncia observatorio del agua y medio ambiente, un sospechoso sigilo del gobierno municipal

• Deroga un acuerdo y permite el cambio de uso de suelo en zona de reserva en la ciudad de Oaxaca
• Poderosos intereses que pugnan por eliminar restricciones ambientales a sus beneficios inmobiliarios

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 1 de agosto, 2025.- El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca denunció “el sospecho sigilo e inusitada rapidez, con la que el pasado martes el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez acordó derogar el acuerdo de noviembre de 2021, que mantenía suspendidos los trámites y autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva del municipio.

En un pronunciamiento, explican que antes ya lo habían intentado, la última en 2023, provocando polémicas y enfrentamientos entre ambientalistas y presuntos propietarios del ejido Guadalupe Victoria y zonas aledañas, por lo que la medida quedó en suspenso hasta que el gobierno del estado concluyera la revisión limítrofe del decreto de área natural protegida, emitido en 1991 por el entonces gobernador Heladio Ramírez.

Como ya lo habíamos dicho antes, en noviembre del 2024 “la suspensión de trámites era una medida provisional, afectaba a poseedores y propietarios y no podía mantenerse indefinidamente”, sin embargo, también enfatizamos que “poderosos intereses que pugnan, como lo han hecho desde hace años, por eliminar restricciones ambientales a sus beneficios inmobiliarios”.

Las organizaciones del Observatorio Ciudadano Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca consideramos que el acuerdo del cabildo municipal, realizado a la sombra de las fiestas de la Guelaguetza, en poco contribuye a dar certeza jurídica a poseedores y habitantes de la zona, como se esgrimió para justificar la medida. 

En el pronunciamiento cuestionan si realmente ha sido suficientemente discutido, como argumentó el munícipe capitalino, Raymundo Chagoya Villanueva. De igual forma pregunta la opinión del Consejo Técnico Asesorde laZona de la Reserva Ecológica y Área Natural Protegida Cerro del Crestón, Cruz Blanca y Cerro del Fortín, creado por el propio gobierno de Salomón Jara en octubre del 2024.

Señalan que no conocen dónde se publicó tal programa, mencionado en la sesión de cabildo del pasado 29 de julio. Ni tampoco se ha realizado un estudio serio e imparcial de las condiciones de tenencia de la tierra, traslados de dominio y planeación urbana, no sólo de la reserva, sino de toda la Cordillera Norte.

Refieren que la zona donde ahora se podrá construir viviendas de alto costo podría afectar el abasto de agua y regulación climática, que está dentro de una zona protectora forestal vigente, la cual involucra al área de influencia del parque nacional Benito Juárez, porque hasta ahora no se conocen las opiniones de la CNA, Profepa, Semarnat, Conafor, CONANP, Sedatu. Además de “la impostergable tarea de elaborar concertadamente el plan de ordenamiento de la zona conurbada de Oaxaca que sustituya al de 1994”.

Por otra parte, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca reiteró que es necesario respetar los derechos legítimos de posesión y propiedad de particulares, núcleos agrarios y comunidades, así como el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano. Asimismo, debe ratificarse la disposición de privilegiar la concertación como medio para dirimir diferencias.

Explican que el conflicto se centra en alrededor de 1,200 hectáreas que comprenden el decreto recientemente georreferido, pero se debe mantener la visión integral de conservación de toda la Cordillera, cuya conservación es tarea de la sociedad y del gobierno y enfatizan que por razones biofísicas, sociales y financieras, es completamente inviable el desarrollo urbano en la Cordillera, la cual se extiende a 60 mil hectáreas.

Proponen entre otras cosas explorar la constitución de un fondo metropolitano con recursos y participación pública, privada y social, en concordancia con otros mecanismos ya operando, como los mecanismos de pagos por servicios ambientales del gobierno federal y elaborar un plan de desarrollo de la zona conurbada,con solidez técnica multidisciplinaria y consentimiento informado de los involucrados.

SEM/sj