* Una madre pide que le devuelvan a su hijo, el arremete contra su defensora y una periodista
* El niño fue dado en adopción violando sus derechos, revelan en pronunciamiento
Redacción
SemMéxico, Tlapa, Gro., 8 julio 2019.- Organizaciones feministas y de Derechos Humanos se solidarizaron con la abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, y la periodista Carmen González Benicio, en el caso de Yaqueline Cruz Nemorio, madre soltera, originaria de San Martín Jolalpan, Cualac, en la región Montaña, quien pidió que le devuelvan a su hijo de ocho meses y que las autoridades del Ayuntamiento y del DIF de Tlapa dieron en adopción a un matrimonio.
De acuerdo a las denunciantes, el presidente de Tlapa, de filiación morenista, Dionicio Merced Pichardo, realiza un ataque en contra de las tres mujeres, además de no actuar como autoridad, emitiendo juicios en un lenguaje misógino y de odio que promueve el linchamiento mediático.
Por lo que solicitan al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, al Congreso estatal y a la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, pongan un alto a los ataques mediáticos del alcalde de Tlapa.
Merced Pichardo, presidente municipal de Tlapa, en su cuenta de Facebook se refiere en términos misóginos, califica a Yaqueline de “mala madre si es que se le puede llamar así”; a la abogada “que dice ser defensora de los derechos humanos” y a la periodista, la califica de “pseudo periodista” que sólo quiere dinero por eso dice mentiras, “porque no le voy a dar nada”.
En el periódico El Sur se publicó la historia de Yaqueline Cruz Nemorio, joven indígena de 23 años que dio a luz a Luis Miguel el 29 de octubre de 2018 en el hospital de Tlapa, quien, aquejada por trastorno depresivo, y sin plena conciencia de sus actos, dejo a su bebé en una calle, pero desde ese mismo día lo busca y lo reclama, con apoyo de su familia.
Sin embargo, el presidente municipal Pichardo García, la presidenta del DIF, Concepción Spindola Alvarado, y la subprocuradora de Defensa del Menor, Larissa Mejia Martínez, se niegan a entregar al niño a sus familiares.
Las organizaciones, lamentan y condenan que por este trabajo de defensa que realiza la abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, y por la documentación del caso de Yaqueline que realizó la periodista Carmen González Benicio, el presidente municipal denueste el trabajo de la defensora de los derechos humanos, desacredite su actuación en defensa de la víctima, y descalifique el trabajo periodístico.
El presidente municipal incurre en delito, ya que en lugar de garantizar que el menor fuese entregado a su familia ampliada, como abuela, tías, tíos u otros familiares cercanos de acuerdo a la Ley para la Protección de Niños y Adolescentes, permitió que la presidenta del DIF Tlapa, Concepción Espíndola Alvarado, y la subprocuradora, Larissa Mejía Martínez, dieran al bebé a una familia de acogimiento preadoptivo, fuera de sus atribuciones, lo que violentó los derechos humanos del bebé.
El alcalde también expone al menor, ya que al texto de más de una cuartilla lo acompañan dos fotografías tomadas del momento en que fue encontrado provocando el linchamiento mediático tanto a la defensora, a la periodista y a la joven madre, entre los comentarios más graves los cibernautas enardecidos le insinúan que no merece siquiera vivir.
Al presidente municipal le recordamos que esta ciudad cuenta con la Alerta de Violencia de Género contra de las Mujeres (AVGM) decretada en 2017 que es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
Lo que implica que debe estar impulsando acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Por ello, exigen “que en lugar de denostar el trabajo de las compañeras que solo provoca el incremento de la vulnerabilidad y las pone en riesgo, impulse una política integral de apoyo y protección de los derechos de las mujeres y de las periodistas”.
Que este caso, se resuelva lo más pronto posible y se garantice el acceso a la justicia a Yaqueline sin distinción de su situación económica, étnico y de género.
Para la abogada y la periodista exigen medidas de protección y que se les garantice las condiciones necesarias para ejercer libre su trabajo y el derecho a la libertad de expresión.
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