Colectivo exige transparencia en cifras de búsqueda / Foto: Rosy Reyes/ El Sol de Parral
Integrantes del colectivo 10 de Octubre exponen la brecha entre carpetas de investigación y la realidad que enfrentan las familias rastreadoras
Isaac Molina
SemMéxico/El Sol de México, Parral, Chihuahua 1º. de abril, 2026.-El Colectivo 10 de Octubre de Madres Buscadoras de la región sur de Chihuahua cuestionó de manera severa las cifras de personas desaparecidas presentadas por la Federación, al señalar que están construidas únicamente a partir de carpetas de investigación, cuando en la realidad “son muchas más las personas que faltan”, además de denunciar que, ante la inacción oficial, “el Estado parece un espectador y las madres terminan siendo las investigadoras”.
De acuerdo con integrantes del colectivo, los datos oficiales no logran dimensionar la magnitud del problema, ya que no todos los casos son denunciados o correctamente integrados. “Se basan en carpetas de investigación y pues son muchísimas más”, expresaron, al advertir que existe un subregistro importante en el país.
Aunado a ello, señalaron que no basta con abrir carpetas, pues muchas de ellas no reciben seguimiento adecuado por parte de las autoridades, lo que deja a las familias en el abandono institucional. Esta situación, dijeron, genera una profunda desconfianza hacia los mecanismos oficiales de búsqueda.
En ese contexto, calificaron el panorama como caótico, al considerar que no existe una estrategia clara ni resultados contundentes en la localización de personas desaparecidas, pese a la gravedad de la crisis.
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Respecto a la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda para Personas No Localizadas, indicaron que apenas este día comenzaron a recibir la información por parte de la Federación, por lo que aún se encuentran en proceso de revisión.
No obstante, manifestaron dudas sobre su correcta aplicación, al señalar que en México el problema no radica en la falta de leyes, sino en su incumplimiento. “Las leyes son buenas, pero desafortunadamente no las aplican”, afirmaron, en referencia tanto al protocolo como a la Ley General de Víctimas.
El colectivo también subrayó que, en la práctica, la intervención efectiva de las autoridades es incierta y muchas veces depende de factores externos. “Se necesita suerte para que las autoridades intervengan de manera precisa”, lamentaron.
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Finalmente, reiteraron que existe una brecha entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan las familias, al denunciar “muchísima demagogia” en torno al tema, mientras ellas continúan encabezando las búsquedas y las investigaciones ante la ausencia de una respuesta efectiva del Estado.
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