Desaparición forzada: crisis innegable

Angélica de la Peña

SemMéxico, Ciudad de México, 6 de abril, 2026.- No entiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Infravalorar y desatender la crisis de la desaparición forzada ha quedado evidenciado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) integrado por expertos independientes. En lugar de estar a la defensiva la presidenta debió asumir las consecuencias de no atender todas las recomendaciones que este Comité le ha endosado a México.

Hoy el Comité ha decidido solicitarle al secretario general de la ONU lleve con carácter de urgente ante la Asamblea General, la situación de las desapariciones forzadas en México “para que considere medidas destinadas a apoyar al Estado, parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.

El Comité verificó el reclamo de miles de familias de personas desaparecidas en el marco de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en su artículo 34, desde abril de 2025. Por lo tanto, no pueden justificarse que ocurrió con Calderón o Peña, porque además el CED en 2022 le dio al gobierno de López Obrador 85 recomendaciones a partir del análisis de la situación agravada al desatender la exigencia de búsqueda, su prevención y evitar siguiera la desaparición forzada al alza evidenciando una grave impunidad: la información fundamentada apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o su autorización, apoyo o aquiescencia.

En opinión del Comité las autoridades están desbordadas por la magnitud de la crisis: el continuo hallazgo de miles de fosas y 72,000 restos humanos no identificados, por ejemplo. Y la desaparición forzada no para.

El CED señaló al Estado mexicano que las recomendaciones no fueron atendidas y ya la situación mexicana avizora una situación de crímenes de lesa humanidad invocando el Estatuto de Roma: “Indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo, es decir como crimen de lesa humanidad”, fue la conclusión contundente por parte del Comité. Más claro ni el agua de un manantial.

Todo indica que desde Palacio Nacional no ponderaron la gravedad de la situación, porque invocar por primera vez el artículo 34 de la Convención en el mundo, muestra a nuestro país peor incluso que los países que están en guerra. En este contexto es inadmisible la reacción del gobierno de que es una injerencia arbitraria y no hay sustento en los reclamos.

Los senadores de Morena al descalificar al Comité no miden la magnitud de las repercusiones internacionales que tendrá nuestro país, que recaerán precisamente en la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien en lugar de reaccionar descalificando al Comité de Naciones Unidas, debió tomar medidas desde su gobierno como es su obligación.

Hoy decenas de colectivos de familiares y organizaciones solicitan un diálogo honesto y franco con el gobierno para que la búsqueda sea efectiva y se acepten las resoluciones que vendrán desde la ONU. Su decisión no es una condena en contra del gobierno, señalan en un comunicado, “sino un punto de partida para emprender soluciones contundentes de cara a una realidad que ya no puede ser desconocida”.

De la CNDH solo decir que es vergonzoso que su presidenta sea palera del régimen; este organismo se ha convertido en oficina de Morena.