● La inversión federal y de los estatal equivale a menos de un centavo por cada 100 pesos presupuestados
● Los estados con mayor crisis no son los que más invierten. De cada 100 pesos, se presupuesta menos de un centavo
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre de 2025.- La federación y los estados destinaron solo 0.036 por ciento de su gasto conjunto en 2024 a búsqueda e identificación, pero gastaron cuatro veces más en publicidad oficial, revela una nueva investigación realizada por Elementa DDHH, Fundar y Política Colectiva.
A pesar de las altas cifras de personas desaparecidas y sin identificar – más de 120 mil personas desaparecidas y 79 mil cuerpos sin identificar-, encontraron que, si el presupuesto federal y estatal fueran 100 pesos, no se habría destinado ni un centavo en buscar e identificar a todas las personas.
En contraste, los gobiernos gastaron casi cuatro veces más en publicidad oficial que en enfrentar esta problemática y advierten que esta asignación es marginal e inercial frente a una problemática que crece de manera exponencial.
El análisis —basado en información de las 32 cuentas públicas estatales, la Cuenta Pública Federal, el FASP, la clasificación administrativa de la FGR y más de 60 solicitudes de información— arroja que durante 2024 la inversión total identificada para búsqueda e identificación fue de tres mil 892 millones de pesos, de los cuales sólo mil 330 millones se destinaron a búsqueda y dos mil 561 millones a identificación.
El documento presentado también evidencia que la respuesta pública no sólo es mínima, sino profundamente desalineada con la magnitud territorial de la crisis. Los Estados con mayores números de desaparición o identificación no son los que más recursos gastaron.
Tamaulipas, segundo lugar nacional en personas desaparecidas, ocupó el lugar 21 en inversión total para la búsqueda.
Baja California, con más de 13 mil cuerpos sin identificar (más del 16 % del total nacional), se ubicó apenas en el lugar nueve en gasto para la crisis forense.
La Ciudad de México y el Estado de México, también con importantes rezagos forenses, quedaron en los lugares 30 y 13 respectivamente.
Estos contrastes revelan que no existe un mecanismo nacional de priorización y que los recursos se asignan sin correspondencia con la gravedad local de las crisis.
El estudio también comprende un análisis de las estructuras orgánicas de las Comisiones Locales de Búsqueda. Al respecto, se identificó que al menos 906 personas integraron estas instituciones durante 2024; de las cuales, tan sólo el 19 por ciento contó con una plaza de base.
Aunque hay estados como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y San Luis donde la mayoría de su personal cuenta con contrato de base, lo cierto es que la gran mayoría opera bajo contratos temporales, de confianza o figuras no estandarizadas.
Esta precarización no es un problema administrativo: genera rotación constante, limita la especialización y dificulta la búsqueda continua, afectando directamente a las familias que esperan resultados.
Para Elementa, Fundar y Política Colectiva, los hallazgos muestran que la emergencia no se debe únicamente a la violencia y a los rezagos acumulados, sino a un modelo fragmentado que carece de estándares mínimos y coordinación efectiva.
Las organizaciones proponen aumentar sustancialmente la inversión pública y garantizar que sea proporcional a la magnitud de la crisis en cada entidad.
Fortalecer las capacidades estatales, especialmente en servicios forenses. Garantizar condiciones laborales dignas y estables para el personal de las Comisiones Estatales de Búsqueda (CLB).
Establecer una rectoría federal efectiva en materia de presupuesto que dé coherencia, previsibilidad y continuidad a la política pública.
Sin estos cambios estructurales, México continuará operando bajo un modelo que solamente administra la crisis.
Una política pública proporcional, coordinada y financiada adecuadamente es indispensable para garantizar verdad, justicia y restitución digna a miles de familias en todo el país.
SEM/sj
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