Disco duro| Doxing desde el poder: línea que no se debe cruzar

Alejandro Jiménez

SemMéxico, Ciudad de México, 8 de diciembre, 2025.- Andrés Manuel López Obrador exhibió datos financieros de Carlos Loret de mola durante una de sus conferencias desde Palacio Nacional / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Todos fuimos testigos del día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió un delito federal, en vivo y a todo color, en cadena nacional: presentó datos financieros personales del periodista Carlos Loret de Mola, uno de los más críticos de su gobierno, con la finalidad de “probar” que es una persona rica, que habría hecho su fortuna a base de mentiras.

Exhibió datos personales, puso en riesgo al periodista y a su familia, pero eso no importó al mandatario, furioso por trabajos editoriales que implicaron a sus familiares en actos de corrupción.

Posteriormente hizo pública la nómina de Latinus, el servicio de información donde trabaja Loret, donde “constaba”, que 23 opositores del gobierno cobraban ahí; como si solo ese hecho fuera un delito.

En plena campaña electoral, y a manera de guerra sucia, en la misma palestra presidencial se exhibieron los datos personales de la empresa de Xóchitl Gálvez, para “probar” que había conflicto de interés entre ésta y su cargo como delegada en Miguel Hidalgo.

Todo esto, en un país democrático hubiera sido un escándalo, pero acá fue un día más en la oficina para el Presidente que revivió el presidencialismo unitario. En contra sólo hubo algunos periodicazos de indignación repudiando el hecho.

Esa exhibición de datos personales con fines políticos se llama doxing, que es la práctica de investigar, recopilar y difundir públicamente información personal o sensible de una persona sin su consentimiento. 

Por lo general, quienes lo realizan buscan intimidar, acosar o causar algún tipo de daño. Los datos expuestos pueden incluir el nombre completo, la dirección, números telefónicos, datos laborales, información financiera, fotografías o incluso datos de familiares. 

Esta práctica representa riesgos significativos porque puede desencadenar acoso, amenazas, suplantación de identidad o extorsión. También puede derivar en afectaciones laborales, sociales y reputacionales, además de poner en riesgo la integridad física de la víctima. 

En muchos países, el doxing está tipificado como delito o puede vincularse con conductas ilegales como la violación de datos personales, el acoso o la extorsión, dependiendo de las circunstancias y el marco normativo aplicable.

Lo anterior viene a cuento porque esta semana, en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada local Olivia Garza, del PAN, presentó una iniciativa para tipificar el doxing como delito en la Ciudad de México.

El doxing no es un juego ni una travesura: es un mecanismo de intimidación que convierte información personal en una herramienta política. Y cuando quien la usa es el propio gobierno, ya no hablamos de debate democrático, sino de abuso.

Garza plantea algo sencillo pero indispensable: que exponer datos sensibles, alimentar campañas de hostigamiento o detonar linchamientos mediáticos tenga consecuencias. Hasta dos años de prisión para cualquier persona que incurra en ello, y el doble si se trata de servidores públicos. Porque nadie —absolutamente nadie— debería ampararse en un cargo para lastimar, intimidar o silenciar.

La iniciativa va más allá de las sanciones penales. Incluye protocolos de actuación, medidas de protección y criterios claros para responsabilizar a quienes participen en estas prácticas desde el aparato gubernamental. Ese es el punto fino: no se trata solo de castigar, sino de establecer cómo debe comportarse un Estado que dice defender derechos.

En tiempos en que la libertad de expresión enfrenta presiones desde todos los frentes —económicos, digitales y, sí, también políticos— la propuesta de Olivia Garza es un contrapeso necesario. No importa de qué lado del espectro ideológico se esté: nadie quiere un país donde criticar implique exponerse a que el gobierno habilite a la turba.

Detener el doxing desde el poder no es un asunto partidista. Es un mínimo democrático. Una raya que no se debe volver a cruzar.

Periodista con más de tres décadas de experiencia, ocupando siempre puestos editoriales desde columnista de negocios turísticos, redactor de temas de seguridad nacional, Subdirector de Opinión. Cotitular de programas informativos en Radio ABC y Radio Ibero. Coautor del libro «México Armado, Crónica de la Guerrilla en México 1943-1981». Analista de temas de seguridad de la cadena NTN24. Tengo maestría en Administración por la Universidad Iberoamericana. Actualmente soy el Coordinador nacional de Opinión de la Organización Editorial Mexicana. Voy Pumas y disfruto el tenis.