Por Mercedes Alonso
SemMéxico/SEMlac. Santo Domingo. 30 de noviembre de 2021.- Precisamente en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como tributo a la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, brutalmente asesinadas en 1960 por el régimen del dictador Rafael Trujillo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que «la violencia contra mujeres y niñas continuó (y continúa) siendo un grave problema a nivel mundial».
La fecha ha constituido acicate para intentar resultados con campañas tales como: «ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres», y otras políticas y acciones contra la violencia de género, que comienza cada 25 de noviembre y concluye los 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No obstante, y pese a los múltiples esfuerzos por lograr estos cometidos y visibilizar, al fin, una verdadera concienciación sobre el problema, en el mismo escenario donde las tres patriotas dominicanas marcaron un hito con sus actitudes y entrega de sus propias vidas, la violencia contra la mujer mantiene a la República Dominicana como el país con la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica.
Como «papa caliente»
Aún se escuchan las voces de los grupos feministas, que llegaron desde todos los rincones del país, el pasado mes de marzo, y acampados frente al Palacio Nacional, exigieron el respeto de los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad de las mujeres, y que el Estado dominicano cumpliera con su compromiso de garantizar que se incluyera el aborto en el Código Penal, bajo las tres circunstancias específicas: cuando la vida de la madre peligra, si la criatura tiene malformaciones incompatibles con la vida, y si ha sido procreada como consecuencia de una violación o incesto.
Sin embargo, el 25 de noviembre, la prensa nacional informó que el Senado aprobó el proyecto de Código Penal sin que se cumpliera el compromiso asumido en campaña por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), de tener en cuenta dichas causales del aborto.
La historia se repite una y otra vez. Ahora, la pieza irá a manos de los legisladores en la Cámara de Diputados y, sin duda, llegará hasta el presidente Luis Abinader, la denominada «papa caliente»; así que el mandatario tendrá bajo su responsabilidad la toma de decisiones que involucra argumentos planteados durante su campaña presidencial. Que haya manifestado que no va a interferir en el proceso legislativo, no le resta la responsabilidad que la sociedad dominicana espera de él.
El movimiento por las tres causales prosigue y sus convocatorias no cesan a todo lo largo y ancho del país. Además de las acostumbradas actividades que incluyen homenajes a las «Mariposas» en la Casa Museo Hermanas Mirabal, y ofrendas florales donde reposan sus restos, instituciones y diversas organizaciones realizaron charlas, caminatas, conferencias y protestas en contra de la violencia de género y la tardanza en la aprobación de este Código Penal, que ha dormitado durante 16 años en el Congreso por el tema del aborto, y cuyas tres causales han sido la excusa para no modernizar un texto que alcanza los 137 años.
Los feminicidios ascienden
Según el informe de ONU Mujeres, la pandemia del covid-19 ha influido en la inseguridad de las mujeres y el incremento de la violencia en su contra: «La pandemia de covid-19, que exigió medidas de aislamiento y distanciamiento social, dio paso a una segunda pandemia de violencia en la sombra contra mujeres y niñas, ya que a menudo se encontraban confinadas junto con sus maltratadores. Estos nuevos datos subrayan la urgencia de llevar a cabo esfuerzos concertados para poner fin a esta situación», afirmó la directora ejecutiva de dicha organización, Sima Bahous.
En la nación dominicana, más de 70 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Los denominados feminicidios íntimos ascienden a 57 en 2021, 12 más que en el 2020, y 63 menores han quedado huérfanos.
Sonia Vásquez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), considera que están pendientes diferentes puntos, como «la prevención en el abordaje integral de la violencia
una deuda que tiene este país, seguimos trabajando a retazos, sin un abordaje integral», dijo en conferencia ofrecida para la Fundación Vida sin Violencia, publicada por el periódico Diario Libre el pasado 25 de noviembre.
Vázquez enumera, además, el «derecho a una vida libre de violencia», que «continúa siendo un asunto pendiente, debido a los desafíos culturales de carácter político, social, económico, cultural y jurídico».
Para la especialista, medir la prevalencia de violencia; elevar el nivel de confianza en las instituciones para que, al momento de poner la denuncia, esta no se caiga; acabar con la estigmatización de la sobreviviente y garantizar la restitución de sus derechos; unido todo ello a la necesidad de tener un marco legal, que permita complementar los esfuerzos gubernamentales, forman parte de estas respuestas integrales que deben asumirse ante la violencia y que debe formar parte de la política del Estado y no ser prioridad solo para las organizaciones de la sociedad civil, afirmó la representante de UNFPA.
La realidad muestra que, pese a los esfuerzos, la disminución de la violencia de género, con los feminicidios como realidad extrema, reflejan una inefectividad en las políticas asumidas por el Gobierno, el Estado, el Ministerio de la Mujer e instituciones estatales y gubernamentales responsables en lograr esta transversalidad de las políticas de género.
Conmemorar el 25 de noviembre con otros matices de la realidad nacional, continúa como verdadero desafío de la República Dominicana a la memoria de las Hermanas Mirabal.
