Foro de la Reforma Judicial en la UNAM
Preocupa la independencia de los magistrados de la SCJN si son elegidos por votación
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de julio, 2024.- Con un llamado a que no haya retrocesos en materia de acceso a la justicia en el que la independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas inauguró este lunes los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia.
El acceso a la justicia es un derecho humano inalienable por lo que se debe concebir y planificar políticas públicas que aseguren que todas las personas accedan a una justicia pronta y expedita, y asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes y habilidades para ejercer su labor con autonomía y ética.
En el auditorio Alfonso Caso, uno de los más grandes de Ciudad Universitaria, ante académicos, investigadores, autoridades y estudiantes, el rector hizo énfasis en que se deben escuchar todas las voces en un dialogo constructivo para repensar y diseñar una reforma judicial que responda a las necesidades y expectativas de todas y todos los mexicanos.
En el discurso inaugural dijo que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, pues erosiona la legitimidad de nuestras instituciones. “Se necesitan establecer controles y sanciones efectivas para erradicar esta práctica”.
El rector de la UNAM invito a la ciudadanía a participar en este proceso, porque además de impulsar una mayor educación en derechos y deberes entre la población se fortalece el sistema judicial.
Fue el abogado General de la Universidad Nacional, Hugo Alejandro Concha Cantú, quién rememoró que en febrero de este año el titular del Ejecutivo Federal envió un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y legales al Congreso de la Unión y una de ellas es para la transformación al Poder Judicial Federal, donde se busca cambiar de raíz su modelo de gobierno, su administración y organización en general.
Para enriquecer la discusión nacional, las facultades de Derecho (FD), de Estudios Superiores (FES) Acatlán y Aragón, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) se unieron para analizar, debatir, enriquecer “y proponer alternativas e ideas que contribuyan a un mejor proyecto de modelo de justicia en el país”.
Diego Valadés Ríos, investigador emérito de la UNAM, y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó que la propuesta de seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias, no resolverá los problemas existentes en cambio derogará avances logrados a lo largo de décadas.
“No hay soluciones perfectas, pero sí mejores y peores, por lo que el país merece escuchar todas las voces interesadas en opinar en este tema, de manera libre e incondicionada”.
En tanto la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, expresó que la independencia judicial es una condición indispensable para que las personas juzgadoras tomen decisiones con base en la ley y la Constitución, pero no para su aplicación ciega, sino considerando las circunstancias de exclusión histórica.
Expuso que el fin del Estado es garantizar la vida y el bienestar de las personas, para que puedan desarrollarse libremente; y el Poder Judicial, como integrante del Estado debe ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
A su vez, Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, consideró que, a lo largo de su historia, México ha acumulado experiencias fallidas de reforma, y hoy se requiere una que sea razonada, seria y completa.
Actualmente, dijo, hay desafíos como la falta de confianza en las instituciones, la impunidad y los problemas de acceso. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, la población mexicana desconfía bastante del Poder Judicial, con una aprobación de apenas 24 por ciento y solo por encima del Congreso de la Unión y los partidos políticos.
Por lo que llamo a reflexionar en torno a la justicia, pues no se trata solo de un ideal o un concepto abstracto, esta impacta en la vida de cada ciudadano, pasando desde el acceso efectivo a tribunales hasta coadyuvar al orden público.
Preocupa la autonomía e independencia de los ministros de la SCJN de ser elegidos por votación
La preocupación de los juristas es que se garantice el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita, lo que parece está en riesgo en la iniciativa presidencial, respecto a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no asegura que los aspirantes seleccionados por votación popular sean independientes de intereses políticos y económicos, que fue el tema de la Mesa Uno: Integración de la SCJN, que forma parte de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia.
Así lo expusieron los académicos e investigadores, como el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Pedro Salazar Ugarte, al señalar que la pluralidad y la diversidad sociales deben mostrarse en la composición de una corte constitucional, es decir, debe existir apertura a la diversidad de voces y visiones
La propuesta más ambiciosa en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que deben ser expertos en derecho, personas honorables, autónomas y, sobre todo, independientes de intereses políticos y económicos, de los poderes ilegales o ilegítimos.
En ese ámbito “empieza por lo local y por encontrar los mecanismos a través de los cuales podemos fortalecer los tribunales, que son a los que más acuden los ciudadanos y que nos ayudarían a entender dónde se ubica la mayor insatisfacción y desafección de la gente con la justicia”.
Para Eugenia Paola profesora de la Facultad de Derecho la integración de la SCJN y, en general el modelo propuesto, deben ser reformulados. De aprobarse, acotó, la justicia será más parcial, lejana, sesgada y subordinada a intereses políticos. Como está planteada, no garantiza la independencia de los futuros ministros.
Imer Flores Mendoza, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la FD, señaló que se debe garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial. Empero, con la iniciativa eso no ocurre, incluso se compromete aún más; “elegir al conjunto de jueces y magistrados me parece un despropósito”.
Explicó que el problema no es en sí la elección, sino la selección de las candidaturas, porque el procedimiento tal y como está previsto no garantiza un perfil imparcial e independiente; podrían ser capturadas por otros poderes públicos y privados, fácticos, y quedarían sujetas a promesas de campaña, a compromisos partidistas, alertó.
Para el académico del IIJ, Jaime Cárdenas Gracia, señaló que a pesar de que es inminente su aprobación, la deliberación académica debe continuar. Es extraordinario que en México se considere contar con un Poder Judicial más cercano a las mayorías y que sean los ciudadanos quienes elijan a los representantes de ese poder.
“El tema central, además de la elección por voto ciudadano de ministros, magistrados y jueces, es el del tribunal de disciplina judicial, esa institución que se propone será determinante para garantizar la independencia e imparcialidad judicial”, dijo.
La profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, María de los Ángeles Rojano Zavalza, recalcó que el perfil profesional para las personas juzgadoras debe ser eficiente y eficaz, sin intereses de partidos políticos, conocer las normas jurídicas, su interpretación y hacer un análisis de los casos precedentes de manera correcta y justificada. Requieren carrera judicial, porque “no es posible que traigamos personas que nunca han dictado una resolución”.
Para la profesora de la FES Aragón, Gabriela Limón García, este proyecto está en construcción y aún falta mucho por hacer, faltaría resolver el diseño del mecanismo para la elección popular y la creación de controles, a fin de no recibir recursos públicos ni privados para las campañas de quienes deseen contender en la elección de ministros, magistrados y jueces.
Los retos son, entre ellos, fortalecer los sistemas judiciales de cada una de las entidades federativas, mientras que el derecho penal también debe ser un sistema judicial integral y considerar fiscalías, policías y el sistema penitenciario.
Asimismo, Isidro Mendoza García, profesor de la FES Aragón, la elección de los integrantes de la Suprema Corte mediante el voto popular puede introducir cuestionamientos, como la politización del Poder Judicial: que estén más centrados en las cuestiones políticas que en las de decisión técnico-jurídicas trascendentales para el país; o estar sometidos a la presión política en la toma de decisiones, etcétera.
Celso Escobar Salinas, profesor de la FES Acatlán, alertó, que hay que ser prudentes puesto que si el Poder Judicial queda supeditado al Ejecutivo, como ocurrió en épocas pasadas, “estaríamos ante un sistema autoritario que violentaría los derechos humanos y los principios esenciales de la democracia, como lo demuestran experiencia de estados contemporáneos de América Latina como Chile, Venezuela y Bolivia”.
La directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman Guerra, sostuvo que se debe tener en cuenta a la historia para el diseño de políticas y reformas legislativas. Las preocupaciones constitucionales y legislativas dependen de momentos previos, como fue la reacción de la Revolución al Porfiriato.
