SemMéxico, Mérida, Yuc., 25 febrero 2019.- La aprobación del matrimonio igualitario continúa generando debate en Yucatán, no bastó con que la legislatura anterior lo haya dejado pendiente sino que la actual ha prolongado la presentación de la iniciativa en el pleno y la toma de decisiones al respecto.
Tan solo cabe recordar que hace unos días, la líder de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, aseguró que el 99 por ciento de las voces que ha escuchado se opone al matrimonio igualitario, por lo que propuso que la iniciativa sea sometida a consulta popular.
Al respecto, miembros del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán se pronunciaron en contra, señalándolos como “ilegales y políticamente inaceptables”, pues los derechos humanos “no se eligen por votación”.
“Si esto se hubiera propuesto en los debates de derechos de los pueblos indígenas durante la reforma constitucional de 2001 o al momento de redimirse el derecho del voto de la mujer, ninguno de estos grupos tendrían hoy estos derechos que les son reconocidos por la ley”, aseguró en conferencia de prensa Carlos Escoffié Duarte, abogado y miembro del Colectivo.
En este sentido, las y los activistas recalcaron que el pasado lunes 18 de febrero, algunos miembros del Colectivo, entre ellos Escoffié Duarte y Alex Orué, presentaron un documento dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Yucatán, para solicitar que la discusión de la iniciativa de ley para el matrimonio igualitario se realice bajo el ejercicio de un parlamento abierto, con la finalidad de establecer un diálogo productivo con las y los legisladores.
Este tema ya tiene 10 años causando polémica en Yucatán, desde que en 2009, durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, el Congreso local reformó la Constitución y el Código Civil estatales para incluir la definición del matrimonio igualitario y del concubinato como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, dejando fuera de esta figura a las parejas del mismo sexo.
No obstante, organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras instancias, coinciden que no es justificado restringir a las parejas del mismo sexo a figuras de protección jurídica ya reconocida para las parejas heterosexuales como el matrimonio.
“Esto implica que el Congreso de Yucatán tiene una carga mayor que hace 10 años, porque hasta ahora no ha adecuado su legislación y menos razones hay para que ese debate no llegue pronto al pleno… No es un tema nuevo, no es un debate inédito ni para Yucatán, ni para el país, ni mucho menos para la comunidad internacional”, aseguraron los miembros del Colectivo.
De esta manera, las y los activistas hacen un llamado a las diputadas y diputados yucatecos, para recordarles que “representan a una comunidad en la que conviven personas de distintas creencias y religiones”, y que negar el derecho al matrimonio a los miembros de la comunidad LGBTTI+ envía el mensaje de que su orientación y su unión formal “no es normal”, “no debe aceptarse” y “es peligroso”.
Por ende, les exhortan a reflexionar sobre el impacto que esta decisión tendría en la vida de muchas personas.
“No reconocer a las familias del mismo sexo envía el mensaje de que esto no es correcto, alimentando, se quiera o no, a gente que está dispuesta a hacer daño a gente de la comunidad LGBTTI+”, indicaron Escoffié Duarte y compañía, quienes también aseguraron que continuarán dándole seguimiento a este proceso legislativo.
“Aprobar el matrimonio igualitario en Yucatán puede salvar a muchas familias y ayudaría a que la gente comprenda que las familias diversas existen ya, que tienen la misma potencialidad que las familias heteronormativas y que el discurso actual de proteger la tradición o lo que se considera natural está generando daño”, finalizaron.
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