Mujeres y política
El caso de Oaxaca es aberrante en todo sentido y en todas las clasificaciones que existen.
SemMéxico, 3 marzo 2017.- Llegamos al mismo lugar. Cuando se habla de violencia de género contra las mujeres la ruta es la misma y el final del camino es la impunidad.
Esa violencia de género en todos sus ámbitos (familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y feminicida) y tipos (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquiera otra forma que lesione o dañe la dignidad, integridad y libertad de las mujeres), incluso la reciente clasificación de la violencia política, no tiene llenadero en México, en Veracruz, en Yucatán, en Oaxaca, en cada rincón del país.
Sus perpetradores más atroces son las instituciones y quienes están al frente de ellas, que favorecen su existencia, la validan y dan carta blanca a los victimarios para que sigan actuando. Todo un entramado burocrático omiso y del cual se salvan solo algunas personas.
Sin duda el caso de Dafne en Veracruz es apenas un ejemplo, recurro a la frase común, es la punta del iceberg. La resolución del suspendido juez Anuar González Hemadi, titular del Juzgado Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, que amparó a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro Porkys, acusado de violar a una mejor de edad, es apenas una muestra.
El caso de los Porkys, estos machos y juniors que aprendieron que las mujeres son objetos, cosas que se usan y se desechan, alcanzó gran notoriedad y el país entero lo sabe. Pero ¿cuántos casos tenemos en esa condición en México? ¿De cuántos más estamos hablando? ¿cuántos casos lamentablemente no pasaron por la mediatización? Solo de pensarlo debería quitársenos el sueño.
Anuar González Hemadi, honorable juez -así les dicen a quienes imparten justicia, porque se supone que eso son, defensores de la justicia, enemigos de la corrupción, adversarios de la impunidad- es un ser (no sé si es humano) hostil para las mujeres. ¿Y cuántos enemigos más tenemos las mujeres?
De la agresión que se supo tarde, por las razones que usted quiera, pongámonos en los zapatos de Dafne y de su familia, hay videos del hecho, tomadas por los mismos muchachos de porquería, es decir los porkys, que tienen nombre y apellido: Enrique Capitaine, Diego Cruz, Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez. También existen conversaciones grabadas donde los padres y madres de los agresores y violadores conocen los hechos y sabemos, por sus ridículas reacciones, de qué pie cojean esas familias. Acuérdense que a uno de los violadores lo amenazan con quitarle el celular.
Por servidores públicos como el suspendido juez Anuar González Hemadi, hoy las mujeres tienen que caminar con más cuidado que nunca porque cualquier macho cabrío puede tocar a las mujeres como se les venga en gana, pues mientras “no tengan intención de copular con la víctima” tendrán derecho a un amparo. Porque esa fue la razón por la que este “honorable juez” otorgó ese “derecho” a Diego Cruz Alonso.
Segunda agresión a las mujeres de este país desde un honorable juez, porque hay premisas fundamentales, su dicho, su actuar, lesiona a una víctima y cuando tocan a una nos tocan a todas, no solo porque el resto o la gran mayoría de las mujeres podemos tener sororidad con la víctima, sino porque su actuar es permisiva a la violencia de género contra las mujeres. Y segundo porque su mensaje a los machos, esos trogloditas cavernarios que andan en la calle, el trabajo, la escuela o dentro del hogar, lanzando piropos o tocando a las mujeres, cuentan con su apreciable y atento apoyo. Eso es sin duda lo que tiene que saber el juez Anuar González Hemadi, el juez de la ignominia.
Esa violencia que viene de las instituciones también se retrata, se vive, se sufre en otras entidades, como sucedió en Mérida, Yucatán, con el asesinato de Ema Gabriela Molina Canto, acuchillada a la puerta de su casa. El antecedente es todo lo que esta mujer luchó e incluso fue detenida por pelear a un ex funcionario de Tabasco, su expareja Martín Alberto Medina Sonda, la custodia de sus dos hijas e hijo.
La ciudad blanca, como se conoce a Mérida, otra vez se tiñó de rojo, rojo sangre. Sin medidas de protección, ante autoridades omisas, cómplices, corruptas, durante mucho tiempo, Ema Gabriela Molina, se enfrentó como lo hace hoy la familia de Dafne a un sistema podrido, donde el padre de sus hijos, la mandó encarcelar en Tabasco, mientras que Ligia Canto, madre de Ema Gabriela, quien inició la defensa férrea de su hija, fue también encarcelada en penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, violando todos sus derechos. Medina Sonda, sin duda es un macho troglodita de corbata y saco, acusado de lavar dinero para el exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo, no tiene escrúpulos, y se ha convertido en el principal sospecho de la muerte de Ema Gabriela, porque se ve a todas luces no se trató de un robo.
Es otro caso donde las “instituciones” y quienes están al frente de ellas son parte de una cadena de miserables decididos a pasar sobre quien sea necesario, incluyendo sus hijas e hijo. La reacción en cadena aumenta la indignación frente a estos hechos que siguen incrementando su fuerza contra las mujeres, el patriarcado no está de vuelta, la bestia nunca se fue.
El caso de Oaxaca es aberrante en todo sentido y en todas las clasificaciones que existen. Al final, la más terrible son los asesinatos contra las mujeres que se traducen en más de 20 en solo cuatro meses, es decir en lo que va del gobiernode Alejandro Murat, donde se minimiza el hecho porque, de acuerdo a las investigaciones, solo la tercera parte son considerados feminicidios, es decir, crímenes de odio contra las mujeres derivados de la ruptura del Estado que no es capaz de garantizar la vida de las mujeres. Los demás, quién sabe. Es como el juego ese de magia donde la pregunta es ¿dónde quedó la bolita?
Son 20 vidas segadas, donde las instituciones se lavan las manos aduciendo que es una violencia estructural, eso lo sabemos hace años y ya no tiene justificación, porque la llave para contrarrestar esa violencia y todas las violencias está puesta sobre la mesa de quienes gobiernan hace ya al menos dos décadas: más educación y menos impunidad.
No se trata de días naranjas sin fondo, porque eso es esfuerzo y dinero tirado a la basura. No se trata de dominar como lo hacen los hombres, como sucede en Oaxaca donde la pelea por el refugio municipal suscitado en días pasados, además de bochornoso espectáculo, ofrecido por funcionarias municipales de uno y otro nivel, donde la responsabilidad es de ida y vuelta, y donde, incluso, se vieron involucradas funcionarias estatales –luego desconocidas- que violaron los protocolos de seguridad. En cinco minutos se acabó por terminar un esfuerzo para las mujeres que, sin más alternativa, tiene que ser recluidas en esas instancias mientras sus agresores siguen campantes en la calle.
El problema radica en la poca importancia que tienen para los gobernantes, una inmensa mayoría de hombres, las instancias de las mujeres, desde la Secretaría hasta las municipales, donde el pecado mortal y en ello llevarán la penitencia, es nombrar a responsables que tiene mucha buena fe, grandes intenciones, pero cero conocimientos, y no es que tengan que ser eruditas, no, bastaría con que al menos entendieran para qué están ahí y dejaran de confundir los derechos con la caridad. O en el peor de los casos asumir que por ser un “asunto de mujeres” lo puede atender la comadre, la amiga o la tía. Esas instituciones producto de la lucha de las mujeres son vitales, al menos para un poco más de la mitad de la población, lástima que no lo entiendan.
Este fin de semana falleció Jennifer Antonio Carrillo quien hace poco más de un mes fue quemada por su pareja Edgardo Romero Álvarez y sufrió lesiones en el 70 por ciento de su cuerpo. Este también podría ser considerado un caso más de omisión institucional, si consideramos que de acuerdo con la familia de la víctima existe una denuncia de hace poco más de un año que no fue atendida por las autoridades y, aunado a ello, la policía de Matías Romero, donde sucedieron los hechos el pasado 27 de febrero, no respondieron de manera inmediata a la petición de auxilio, lo que favoreció la fuga del hoy feminicida.
