SemMéxico, Cd. De México, 21 de abril 2018. El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe respecto al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México, en materia de violencia contra las mujeres y tortura sexual.
El dictamen refiere que el organismo internacional ha formulado ocho fallos contra el Estado mexicano, de los cuales destacan tres casos, relativos a tortura sexual: González («Campo Algodonero»), del 16 de noviembre de 2009; Fernández Ortega, 30 de agosto de 2010; y Rosendo Cantú, 31 de agosto de 2010.
En el caso del «Campo Algodonero», referente a la desaparición y asesinato de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González, y Esmeralda Herrera Monreal, en Ciudad Juárez, en 2001, la CIDH declaró que el Estado violentó los derechos a la vida, integridad, libertad personal y de no discriminación, con relación a la obligación general de garantía; incumplió en su deber de investigar, transgredió los derechos de acceso a la justicia y protección judicial; y se transgredieron derechos de la infancia.
Respecto al caso Fernández Ortega, derivado de la violación sexual de Inés Fernández Ortega, mujer indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, de Tecoani, Guerrero, por parte de agentes militares, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad y vida privada, derechos a las garantías y protección judiciales, entre otros.
En cuanto al caso Rosendo Cantú, se responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual y tortura de la joven Rosendo Cantú, mujer indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, Guerrero, que contaba con 17 años de edad, pues el organismo internacional encontró negligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos hechos, y el incumplimiento de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia; se violaron además los derechos de la infancia.
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