Reforma Constitucional y propuesta de Ley duermen el sueño de los justos
Mientras las mujeres siguen sobrecargadas y sólo hay palabras y palabras
Astrid Espinoza Nieto
SemMéxico, Ciudad de México, 12 de junio, 2022.- El envejecimiento de la sociedad, la evolución de las familias, el papel secundario de las mujeres en los mercados de trabajo, entre otros factores, han propiciado la discusión en el mundo sobre la organización del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, debido a los riesgos que esto implica: crisis del cuidado y económica, así como un incremento de la desigualdad de género en el trabajo.
Diversos actores entre organizaciones no gubernamentales e incluso organismos internacionales como la ONU, OIT y la CEPAL han puesto especial atención en la importancia de que los gobiernos atiendan el tema que involucre a las familias, comunidad, y la iniciativa privada.
Por ejemplo, la OIT en su análisis titulado “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente”, señala que el grueso del trabajo de cuidados en todo el mundo es realizado por cuidadoras y cuidadores no remunerados, en su mayoría mujeres y niñas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos.
Esta organización considera que el trabajo de cuidados no remunerado es un factor clave para determinar si las mujeres acceden al empleo y permanecen en él, así como la calidad de los trabajos que desempeñan
La realidad habla por sí sola
En el caso de México, las cifras son desalentadoras. Y es que las mujeres que realizan trabajo no remunerado de cuidado a otras personas aportan casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en dobles y triples jornadas de trabajo.
Aproximadamente 90 millones de personas mayores de 12 años realizan labores de cuidados en sus hogares sin recibir remuneración; del total de las horas que son destinadas a los cuidados, 71 por ciento, la realizan las mujeres, afectando sus oportunidades laborales.
Mucho ruido pocas nueces…
En medio de este panorama que exige acciones inmediatas, la Cámara de Diputados durante la legislatura reformó la Constitución para evitar que las mujeres sean las únicas responsables del cuidado de niñas, niños, personas mayores, discapacitadas o con necesidades específicas, y para que los cuidados tengan remuneración y la tarea sea asumida por el estado, a través de un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto público.
La reforma modifica y adiciona los artículos 4º y 73 de la Carta magna, para quedar de la siguiente forma:
Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar.
También se señala que el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses.
Para garantizar el derecho al cuidado digno se implementará el sistema nacional de cuidados, que incluye sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad.
Sin embargo, hasta el día de hoy dicha reforma constitucional se encuentra atorada en el Senado, en espera de su aprobación. Los que saben dicen que esto obedece a que una reforma de esta magnitud necesita que un buen presupuesto.
Y mientras los senadores se animan a entrarle al tema, la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó una iniciativa, para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, indispensable para aterrizar y materializar dicha reforma constitucional.
La propuesta busca garantizar a todas las personas el acceso y el disfrute del derecho a los cuidados con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, familias, comunidad, mercado y el propio Estado, bajo los principios de igualdad y de no discriminación.
La iniciativa, firmada por senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios en el Senado de la República, propone además definir que toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le proporcione elementos materiales suficientes y de calidad para vivir en sociedad.
Asimismo, plantea que las personas cuidadoras remuneradas tienen derecho a realizar actividades de cuidado conforme a la normatividad laboral, sin discriminación y en condiciones óptimas, así como a contar con herramientas que permitan mejorar sus capacidades y certificar sus habilidades.
Pero a siete meses de que fue presentada la iniciativa, ésta sigue en comisiones esperando ser analizada.
Con una reforma constitucional aprobada por diputados, pero atorada en el Senado y una iniciativa presentada sin ser analizada por los senadores, poco se puede avanzar para enfrentar una realidad social que se ha vuelto de interés público. Y tan es así que varios actores de la sociedad se han pronunciado al respecto.
Habla la experticia
En este sentido, Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destaca la importancia de “transitar hacia sociedades cuidadoras” mediante un sistema nacional de cuidados.
La funcionaria asegura que la pandemia de covid-19 mostró de manera clara lo que los movimientos feministas insistían hace décadas, “que el sostén de la vida está en manos de las mujeres y no sólo por la reproducción, sino para el funcionamiento de la sociedad, la economía y el bienestar. Es urgente reconocerlo como lo que es: trabajo”.
Motivada por sus creencias y fiel feminista, ella es promotora de la iniciativa Alianza Global por los Cuidados, un esfuerzo entre INMUJERES y ONU-Mujeres, a la que se han unido más de 10 países para enfrentar la carga que representa el trabajo de cuidados realizado por las mujeres que les impide tener oportunidades económicas y de desarrollo.
Por su parte, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) propone que, para que las mujeres logren insertarse en el mercado laboral se debe “avanzar hacia la aprobación y asignación de presupuesto para un Sistema Nacional de Cuidados asequible y de calidad, generar incentivos para que las empresas implementen políticas vida-trabajo para sus empleados, desarrollar habilidades en las niñas y mujeres para que mejoren sus oportunidades en el mercado laboral e incentivar la corresponsabilidad de cuidado en la primera infancia a través de permisos de paternidad extendidos”.
María Inés Mesta Orendain, investigadora del programa de violencias de género del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), asegura que el gobierno federal tiene tarea pendiente, pues el desmantelamiento y los recortes a escuelas de tiempo completo, guarderías y espacios de atención a la salud mental provocan que las mujeres abandonen actividades remuneradas para dedicarse al trabajo de cuidados.
Por ello, recomendó invertir en “sistemas efectivos e infraestructura” que obliguen al gobierno a atender a las poblaciones que lo necesitan para evitar que las mujeres sigan como encargadas principales del cuidado de niñas, niños, adultas y adultos mayores.
¿Y el Estado?
Y aunque en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el “Acuerdo por la Igualdad”, a través del cual se comprometió a que su gobierno priorizaría a las mujeres, adolescentes y niñas en México, como muestra de su compromiso con este sector, la realidad es que, a más de dos años de la firma del citado acuerdo, las mexicanas continúan siendo violentadas en espacios públicos y privados, de forma física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y los trabajos de cuidados se sobrecargaron a las mujeres.
Para María Inés Mesta, los objetivos deben partir de un análisis de la realidad, ya que con “buenas intenciones” no se logrará brindar la atención integral que requieren las mujeres en México, pues de acuerdo con la especialista “no es un favor o un buen gesto, son obligaciones del Estado”.
Por ello, la investigadora aseguró que AMLO debe reconocer la realidad y escuchar a expertas para orientar el presupuesto a acciones que contribuyan de manera efectiva, “más allá de la simulación”.
Como dice la diputada del PRI Dulce María Sauri: sin acciones concretas, el objetivo de crear un sistema nacional de cuidados terminará siendo letra muerta.
Por lo pronto representaría un gran paso que los senadores destraben el tema dando visto bueno a las reformas y adiciones a los artículos 4° y 73 de la Constitución y que además analicen la propuesta presentada por Malú Micher.
