Cinco candidatas fueron identificadas como blanco del acoso político en Bolivia, en medio de la campaña electoral de cara a la elección del 17 de agosto.
Así lo reveló un estudio del Observatorio de Género de la organización Coordinadora de la Mujer. Entre las afectadas está la ex aspirante a la Presidencia, Eva Copa
Redacción
SemMéxico, Tarija, Bolivia, 4 de agosto, 2025.- En la campaña electoral en Bolivia hay acoso político contra candidatas, dos de los cuales han llegado incluso a pedidos públicos de sustitución en las listas, a dos semanas de la elección.
Según el monitoreo del del Observatorio de Género de la organización Coordinadora de la Mujer hay cinco “casos emblemáticos” en los que se identificó discursos de odio y ataques sistemáticos a través de redes sociales y medios de comunicación.
El observatorio sostiene que los resultados del monitoreo evidencian que las formas más comunes de agresión contra las candidatas en general son: desprestigio, insultos y ridiculización (30%), descalificación o desvalorización (27%), ataques que reproducen estereotipos de género (25%); mensajes de odio, racismo, amenazas y hostigamiento (16%) y violencia vicaria (2%).
Entre las candidatas de afectadas está Eva Copa, la actual alcaldesa de El Alto, que desistió de su postulación a la Presidencia tras denunciar “acoso político” e “instigación interna” dentro del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que fundó en febrero pasado. Algunos analistas dicen que su retiro de la contienda electoral también está relacionado con información de las encuestas de intención de voto.
Según el observatorio, Copa fue víctima de violencia digital sistemática que expuso su vida íntima e incitó a hacerle daño. Según el monitoreo realizado, se identificaron expresiones que trascienden el discurso violento y caen en la incitación a la violencia extrema. Adicionalmente, enfrentó una campaña de ridiculización constante y dudas sobre su capacidad de gobernar asociadas a su vida personal, a su sexo, edad, clase y etnicidad.
Eva Copa, alcaldesa de El Alto, fue registrada durante una entrevista Efe, en El Alto (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz/Archivo
El segundo caso involucra a Karla Robledo Guardia, excandidata a senadora suplente por Alianza Unidad, quien también fue blanco de expresiones de violencia política. Contra ella , se emplearon frases que menosprecian su preparación y hacen énfasis en sus vínculos familiares. Debido a este acoso y violencia sistemáticos, Robledo decidió renunciar a su candidatura, lo que llevó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a activar el Reglamento para renuncias y denuncias por acoso y violencia política. Aunque el ente electoral no aceptó formalmente su renuncia, Robledo ratificó su decisión de abandonar la candidatura, la cual se hizo efectiva.
El tercer caso se refiere a la candidata a diputada plurinominal de Cochabamba por Alianza Unidad Toribia Lero Quispe, sobre quien se identificó una narrativa sistemática de deslegitimación con una fuerte carga racista y sexista. Esta situación constituye una violación a sus derechos políticos y humanos, y está tipificada como delitos en el marco de la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, y la Ley 045, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Se advirtió, además, el uso de un lenguaje simbólico violento, insultos, estigmatización y lenguaje ofensivo en su contra, sobre todo por su condición de mujer indígena.
El cuarto caso identificado es el de Mariana Prado Noya, candidata a vicepresidenta por Alianza Popular,, el frente que postula a Andrónico Rodríguez, quien enfrenta acoso con el objetivo de desacreditar su capacidad política quien enfrenta acoso y violencia política con el objetivo de desacreditar su capacidad política y su imagen como mujer. En los mensajes encontrados, se detectaron manifestaciones clasistas, expresiones misóginas y connotaciones sexuales. Además, se identificaron frases discriminatorias que menoscaban su integridad, acompañadas de comentarios burlones, sarcásticos y degradantes, basados en estereotipos machistas que buscan minimizar o invisibilizar la participación política de las mujeres
El quinto caso se refiere a Susana Bejarano Auad, candidata a senadora de La Paz por Alianza Popular, en el que se evidenció un patrón de agresión basado en insultos, descalificaciones emocionales y moralistas con estereotipos sexistas orientados a descalificar su vida privada y sus vínculos familiares y de pareja. Se identificaron expresiones que implican intimidación o incitación indirecta a la violencia o a la autolesión con expresiones como “desaparece” o “guillete”, lo que supone violencia psicológica grave. Así también, sarcasmo y burlas para desacreditar su desempeño profesional, su credibilidad y su capacidad analítica.
Bejarano fue criticada incluso por el ex presidente Evo Morales (2006-2019), que cuestionó públicamente su entorno familiar y la acusó de ser una “infiltrada de la derecha”. En respuesta, la candidata argumentó que “Evo odia que alguien tenga una posición personal distinta a la suya” y afirmó que “hay que ser muy machista para pensar que los hombres tutelan el pensamiento de las mujeres”.
Según el Observatorio de Género, los casos de Prado y Bejarano son particularmente graves, debido a recientes amenazas públicas y pedidos de sustitución de ambas postulantes por algunos sectores campesinos y sindicales.
El binomio de Alianza Popular durante una proclamación de su candidatura.
Según Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, las expresiones que la investigación encontró en relación a las afectadas “forman parte de una estrategia para desalentar y excluir a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos políticos”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos que participaron en el estudio instan al Ministerio Público a actuar de oficio para identificar responsabilidades penales y exigen al Tribunal Supremo Electoral garantizar el ejercicio de los derechos políticos, libres de violencia y acoso político.
En el marco del seguimiento a casos de acoso y violencia política contra candidatas que participan en las Elecciones Generales 2025, realizado por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Red Coordinadora de la Mujer, la Red Observa Bolivia y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, identificaron estos cinco casos emblemáticos, expresados en discursos de odio y ataques sistemáticos a través de redes sociales y medios de comunicación. Identificó, además, amenazas que ponen en riesgo dos candidaturas.
La información obtenida por el Observatorio de Género se basa en el primer reporte de monitoreo semanal, una tarea que se desarrollará hasta la conclusión del proceso electoral. Dicho reporte fue realizado entre el 7 y el 28 de julio, en cuatro redes sociales y medios de comunicación.
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Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, indicó que la tarea de monitorear lo que sucede a las candidatas se desarrollará hasta la conclusión del proceso electoral. Dicho reporte fue realizado entre el 7 y el 28 de julio del año en curso, en las plataformas de Facebook, X (antes Twitter), TikTok, Instagram y YouTube; así también, en medios de comunicación.
De manera general, los resultados evidencian que las formas más comunes de agresión son: desprestigio, insultos y ridiculización (30%), descalificación o desvalorización (27%), ataques que reproducen estereotipos de género (25%); mensajes de odio, racismo, amenazas y hostigamiento (16%) y violencia vicaria (2%).
