Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca de Juárez, Oax, 28 de marzo, 2024.- El pleno de la 65 Legislatura de Oaxaca exhortó a las autoridades locales en materia electoral, a partidos políticos y a la Fiscalía General del Estado a garantizar el proceso electoral ordinario 2024, sin violencia, así como a sancionar la violencia política en todas sus formas, incluyendo la digital y mediática.
En sesión ordinaria, el Pleno aprobó con 33 votos a favor la proposición con punto de acuerdo, para que en el ámbito de sus facultades intensifiquen la vigilancia cibernética para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la violencia política digital, “especialmente la violencia política digital en razón de género dentro del actual proceso electoral”.
“Por constituir conductas que menoscaban e impiden el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, que deben ser sancionadas ejemplarmente”.
El acuerdo busca que se prevenga la violencia política en razón de género, “puede ocurrir dentro del proceso electoral cuando las mujeres son precandidatas y candidatas a un cargo de elección popular; fuera del proceso electoral cuando ya se encuentren las mujeres en el ejercicio del cargo y de forma general en cualquier momento de la vida pública y política de las mujeres”.
El informe del proceso electoral local 2018-2019 del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir del seguimiento hemerográfico y en plataformas digitales, reveló seis formas distintas de violencia: calumnia, desprestigio, invisibilidad, denigración, ofensas y misoginia.
El estudio indicó que 48 de cada 100 mensajes contenían desprestigio contra las candidatas; 78 de cada 100 mensajes incluían roles estereotipados sobre las mujeres, mientras que el resto mencionaba atributos estereotipados y 3 de cada 10 mensajes incluían roles estereotipados que presentaban a las candidatas como objeto sexual (INE, 2019)”.
“Los efectos negativos de la violencia digital suelen en lo individual: desincentivar, desmotivar o desalentar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, especialmente, si son víctimas de agresiones y ataques que cuestionen su desempeño en cargos públicos o su liderazgo político”.
En tanto, en lo colectivo, endurece el imaginario social de que “las mujeres no tienen la capacidad de ejercer un cargo público o no deberían participar políticamente”.
