En peligro los Derechos Humanos en el país, advierten, piden piense el Congreso
Exigen que se garantice el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 19 de agosto 2024.- Cerca de 170 organizaciones de la sociedad civil y 362 periodistas y académicos demandan al Congreso de la Unión un debate serio e incluyente para evitar la eliminación de los órganos autónomos constitucionales, lo que afectaría la protección a los derechos humanos en el país, como lo pretende la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo.
Señalan las organizaciones, entre las que se encuentra Fundar, Artículo 19, Equis Justicia, GIRE, México Evalúa, Frente Feminista Nacional y Designaciones Públicas, se abandonaría la posibilidad de construir alternativas que fortalezcan un andamiaje legal e institucional desde un enfoque progresista de las obligaciones del Estado mexicano.
Su eliminación comprometería la transparencia, la calidad de los bienes y servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales, así como la mejora constante de políticas públicas en beneficio de quienes más lo necesitan.
Exigen que se garantice el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado; que preserve la autonomía de los organismos reguladores y garantes de derechos fundamentales a partir de procesos de designación rigurosos y objetivos, y que haga un análisis exhaustivo y genuino sobre las implicaciones de las iniciativas propuestas.
Recuerdan que la misma ciudadanía impulso la creación de los órganos autónomos como en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), y que el traslado de sus funciones a distintas dependencias y órganos de gobierno es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales construidos a lo largo de los últimos 20 años.
Y que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido la importancia de que exista en el orden normativo una institución garante que cuente con independencia, tanto financiera como política, para centralizar y canalizar las solicitudes de información, a fin de que pueda proteger mejor el derecho y centralizar los esfuerzos por recabar la información pública.
La desaparición de otros organismos autónomos y entes reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social también representaría un retroceso significativo, toda vez que fueron creados para contar con instancias especializadas en sus respectivas áreas, independientes del poder político de los gobiernos en turno, para garantizar el cumplimiento de estas funciones de manera objetiva.
Enfatizan que la imparcialidad de estos órganos, al no depender de la voluntad política en sus decisiones ni en su presupuesto, protege una supervisión justa y técnica en sectores clave para el desarrollo y bienestar del país.
