La mayoría son sobrevivientes de violencia sexual y víctimas de violación a sus Derechos Humanos
Son Niñas, No Madres: sobrevivientes de violencia sexual es una campaña continental que presentó a Naciones Unidas 5 casos que deberán resolverse este noviembre
Sara Lovera
SemMéxico, 12 de septiemre, 2024.- Ser madre en América Latina y el Caribe, antes de los 15 años, significa 62 mil 50 casos en un solo año, lo que ha definido a la región cómo la segunda en las más altas tasas de embarazo infantil en el mundo y según información de 2017 de UNFPA, UNICEF, PAHO, 2 de cada 100 mujeres tuvieron su primer parto antes de los 15 años.
México ocupa el primer lugar desde hace una década, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD y ha fallado una estrategia del gobierno mexicano, lanzada hace 14 años.
Los embarazos infantiles son resultado, mayoritariamente de violencia sexual, explicó y dijo esta mañana Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al dar a conocer que este noviembre el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tendrá que resolver sobre 5 casos de niñas “sobrevivientes” de violencia sexual que decidieron hace 5 años alzar su voz porque no querían ser madres, ”pero fueron obligadas”.
El fenómeno, dijo, es estructural en todas las américas, donde están restringidos los derechos sexuales y reproductivos, y presentó los resultados de la campaña Son Niñas No Madres, a un grupo de organizaciones y mujeres.
La funcionaria de AI agregó que mientras miles de niñas son literalmente obligadas a un embarazo y luego, por omisiones del sistema de salud y del policial, obligadas a ser madres, los estados siguen poniendo obstáculos a la Interrupción legal del embarazo, que podría salvar a muchas niñas de obligaciones de adultas, a veces de graves daños a su salud y a su plan de vida.
En México la norma de salud 046 obliga a un aborto en caso de violación infantil, pero hospitales y médicos se resisten a cumplir, dijo Rebeca Ramos de la organización GIRE, quien señaló que aunque hay avances en el país, y se han logrado sentencias de la Suprema Corte de Justicia en casos específicos, la mayoría de las niñas con embarazos forzados, no la obtienen.
En México más de 7 mil 200 niñas tienen un hijo antes de los 15 años, embarazos que empatan con la denuncia violaciones sexuales documentadas, según expuso Ana Piquer, al presentar los casos de 12 países de la región.
También en la reunión se expusieron detalladamente los casos de esas 5 niñas que esperan ser reivindicadas. Una ya lo fue parcialmente. Son niñas que “alzaron su voz”, niñas ejemplo de un “fenómeno estructural”. Llegaron a Naciones Unidas por una estrategia de litigio internacional que busa hacer visible el fenómeno y el sufrimiento a que han sido sometidas las niñas, sus familias y su entorno social.
Ellas Norma de Ecuador, Fátima de Guatemala, Lucía y Susana de Nicaragua y Camila de Perú, quienes narraron cómo fueron violentadas sexualmente, primero, y luego violentadas institucionalmente.
Expusieron en la reunión, sobre embarazos en adolescentes, Marianny Sánchez Núñez, Directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood ; Rebeca Ramos Directora Ejecutiva de Gire, Catalina Martínez Coral Vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos, Ana Vera Directora Ejecutiva de Surkuna y Paula Barrios Coordinadora General de Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
Explicaron que los casos por resolver en Naciones Unidas, incluye 5 demandas a los Estados, para atender y resolver el fenómeno: proteger a las niñas de violación; educación sexual; reformas al sistema de salud; Adoptar estrategias urgentes sobre la base de la igualdad sustantiva para eliminar los obstáculos que permanentemente han existido para el acceso a medicación, servicios e información en materia de salud sexual y reproductiva; legislar sobre aborto.
Los casos en litigio
Camila de Perú:
Camila vivía en una zona rural en el ande peruano. Desde chiquita, su tarea era ayudar a su padre a pasear a los animales. Ahí, en el campo, él la violó por primera vez a los 9 años y luego siguió haciéndolo sistemáticamente. Como muchas víctimas, Camila guardó silencio: el abusador le había prometido que si hablaba, mataría a su madre y a su hermano.
Camila llegó llorando a un servicio de salud. Dijo a quien quisiera escucharla que no quería tener un hijo de su propio padre. Tenía 13 años y estaba embarazada producto de los abusos. Su mamá, una mujer que sólo hablaba quechua y con una discapacidad física, se había dado cuenta porque faltaba a la escuela y tenía náuseas constantemente. Junto con su madrina, resolvieron presentar una denuncia por violación en una comisaría. Los resultados de los peritajes clínicos y psicológicos fueron contundentes: Camila no sólo corría riesgos físicos si seguía adelante con el embarazo sino que su estado emocional era crítico. Entonces su madre solicitó que le realizaran un aborto terapéutico, una alternativa legal en Perú desde 1914 y que cuenta con un protocolo desde 2014.
Pero los servicios de salud respondieron tarde: ignoraron a Camila, hicieron caso omiso de las leyes y además actuaron en su contra: el personal sanitario no le informó sobre su derecho, la fiscal que investigaba la violación en su contra, la policía que la “visitó” en su casa siguiendo directivas de los médicos para que cumpliera con los controles prenatales. A Camila la obligaron a llevar adelante un embarazo producto de violación de su padre. Las visitas de la obstetra y de las fuerzas de seguridad no sólo amedrentaron a Camila y su familia sino que las convirtieron en blanco de hostigamiento y estigma de todo el vecindario.
La pesadilla no terminó, cuando Camila se despertó con fuertes dolores abdominales. Sufría un aborto espontáneo. Y, otra vez, quienes debían protegerla, la condenaron: la fiscal que investigaba las violaciones, la acusó de “autoaborto”, un delito que contempla la mayor pena por aborto en Perú. A pesar de ser víctima de agresión sexual, de haber sufrido la pérdida del embarazo consecuencia de violación, Camila fue obligada a relatar su traumática experiencia ante un juzgado, fue criminalizada y tuvo que abandonar su casa y su pueblo. Su caso ya ha sido resuelto parcialmente en Naciones Unidas. El 15 de mayo de 2023, el Comité de los Derechos del Niño dictaminó que Perú es internacionalmente responsable por la violación de los Derechos Humanos de Camila, esta es la tercera condena que recibe Perú por casos de niñas que solicitaron un aborto y les fue negado.
Fátima, Guatemala
Fátima quería ser arquitecta. O doctora. No sabía muy bien, pero quería estudiar. Vivía en Guatemala Tenía de modelo a José, un profesor universitario y funcionario público que era su figura paterna: le daba regalos, le compraba los cuadernos para la escuela y ayudaba a la familia de Fátima, un hogar de bajos recursos. Una noche José violó a la chiquita de 12 años. Y tres meses después, Fátima descubrió que estaba embarazada. Ella y su mamá denunciaron al abusador, pero como era un hombre poderoso, había recibido alertas de que lo buscaban y consiguió huir. A pesar de la denuncia y de las consecuencias evidentes en la salud mental de Fátima –que incluían ideas suicidas-, el Estado no le ofreció interrumpir legalmente su embarazo. Tampoco asistencia psicológica. Fátima no sólo fue forzada a continuar con el embarazo producto del abuso sexual sino que debió abandonar el colegio, estigmatizada y discriminada. Esta historia tiene nueve años: Fátima tuvo que parir, su violador sigue libre y ella sigue reclamando justicia.
Norma/Ecuador
El padre biológico de Norma maltrataba a su mamá y abusaba sexualmente de su sobrina de 12 años. Por eso, ella vivía en la casa de sus abuelos, en un pueblo de Ecuador. Era una nena feliz. Iba al colegio. Tenía amigas y amigos del barrio. Todo terminó cuando su abuela murió y las autoridades obligaron a Norma a volver a su casa… a vivir con su padre. Las violaciones se hicieron recurrentes y Norma quedó embarazada a los 13 años. Su hermana mayor la acompañó a una consulta médica, donde la niña contó el abuso al que la sometía su papá. Una vez más, el personal de salud pasó por encima de sus derechos y no le ofreció la oportunidad de acceder a un aborto a pesar de que en Ecuador es legal cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la paciente. Además, desoyeron los pedidos de auxilio de Norma, que vio seriamente afectada su salud mental, tanto que intentó quitarse la vida. El violador se enteró de la denuncia en su contra y, “gracias” a que se demoró su orden de arresto, tuvo tiempo de escapar. Pasaron cuatro años entre laberintos burocráticos con Norma forzada ser madre y sin obtener justicia. Y el abusador murió sin haber sido juzgado. Norma ya no va al colegio ni juega con sus amigos y amigas del barrio.
Lucía/Nicaragua
A Lucía le gustaba mucho cantar. Era solista en el coro juvenil de la Iglesia de su ciudad, en Nicaragua. Nunca faltaba a los ensayos, hasta que empezó a recibir mensajes sexuales del director del coro, un sacerdote. A ella le parecía raro pero se sentía a salvo, porque quien le enviaba esos mensajes era un sacerdote. Un día, después de un ensayo, el cura la invitó a pasar a una de las habitaciones de la casa y abusó sexualmente de ella. Y esa no fue la única sino la primera de una serie de violaciones que se repitieron durante doce meses, hasta que su mamá notó cambios corporales: a los 13 años, Lucía estaba embarazada, producto de los abusos del cura en el que ella y su familia habían depositado su confianza. La niña se vio obligada a continuar con el embarazo, porque en su país no hay aborto legal, y aunque denunció a su agresor, nunca fue procesado. Lucía no canta más.
Susana/Nicaragua
Susana vivía con su abuela y su abuelo en un pueblo de Nicaragua. Todas las noches deseaba que su abuelo, un hombre violento que era miembro de una banda armada, dejara de abusar de ella, algo que hacía regularmente desde que ella tenía 6 años. A los 13, Susana comenzó a sentirse mal y fue su abuela la que descubrió que los malestares se producían porque estaba embarazada. También fue su abuela la que resolvió sacar a Susana de la casa y denunciar a su propio marido. Pero nadie quiso tomarles la denuncia, fue cinco veces rechazada y finalmente archivada. Y en ese archivo quedó la posibilidad de obtener justicia en su país. Susana se vio forzada a continuar con el embarazo producto de las violaciones y parió sin apoyo del sistema de salud. Susana no sabía qué era estar embarazada y mucho menos dar a luz. Hoy, obligada a maternar, Susana vive escapando de su agresor, que sigue amenazándola.
Las 5 historias, publicadas por la campaña Son Niñas No Madres, son un ejemplo, dice el texto de un alarmante contexto de prevalencia de la violencia sexual y de embarazos en niñas, agravado por la falta de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
Al mismo tiempo representan a miles de niñas de América latina y el Caribe, la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años (después de África Subsahariana), y la única en el mundo donde esta tendencia sigue en aumento. Según datos de 2017 (UNFPA, UNICEF, PAHO), en esta región 2 de cada 100 mujeres han tenido su primer parto antes de los 15 años.
La maternidad anticipada
La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas, dijo Piquer, agravada en menores de 16 años, quienes tienen 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo, parto o postparto.
Encima en América Latina y el Caribe tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas del mundo: 6 países lo prohíben totalmente (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam), quitándole a las niñas la posibilidad de elegir sus trayectorias de vida y forzándolas a la maternidad.
En el documento del litigio se destacan cinco recomendaciones concretas para que la Comisión evalúe y monitoree a los Estados:
- Reconocer que los servicios de salud sexual y salud reproductiva son servicios esenciales y deben seguir prestándose durante crisis sanitarias o emergencias, incluyendo la pandemia del COVID-19.
- Los Estados deben proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual y los embarazos forzados e implementar mecanismos accesibles de denuncia y de protección especial, así como protocolos de salud y salud reproductiva con orientación específica para la atención de la violencia sexual y los embarazos en niñas.
- Asegurar el acceso de las niñas y adolescentes a la educación, incluyendo la educación sexual y reproductiva integral, no discriminatoria, basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada en función de la edad, que además les permita identificar y denunciar hechos de violencia sexual y promueva la igualdad.
- Garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando haya una afectación a la vida, y/o a la salud física, mental o social, o en caso de violación.
- Adoptar estrategias urgentes sobre la base de la igualdad sustantiva para eliminar los obstáculos que permanentemente han existido para el acceso a medicación, servicios e información en materia de salud sexual y reproductiva, específicamente sobre aquellos que se han exacerbado durante la pandemia del COVID-19, y asegurar que todos los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles y estén disponibles, en particular para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.
