Señalamientos: del desprestigio de la víctima a la obstrucción de su trabajo
Destacan Quintana Roo y Veracruz, como entidades donde hay agresores
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. México. 18 de febrero 2021.- El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) abierto por el Instituto Nacional Electoral (INE) en diciembre, con dos personas, aumentó a 18 personas, entre los que destacan tres funcionarios de Isla Mujeres en Quintana Roo contra Atenea Gómez Ricalde.
Los funcionarios, al comenzar enero, repartieron volantes en los que se promocionaba sexoservicio con el número telefónico de la precandidata del PAN a diputada local.
El Registro que fue abierto como un instrumento que permite verificar a los aspirantes a un cargo de elección popular, tiene a Ernesto Ruíz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz con cuatro sentencias por el Tribunal Electoral por diversas acciones que buscaban obstaculizar el ejercicio del cargo de la regidora Quinta del municipio de Altotonga.
Veracruz es la entidad federativa con mayores personas registradas, seis, seguido de Campeche con cinco registros; Quintana Roo con tres; Yucatán con dos, y los estados de Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sonora con un registro, cada uno.
De las 18 personas, cuatro son mujeres, tres de ellas de Campeche y han sido sancionadas por el Tribunal Electoral por publicaciones en redes sociales con expresiones que descalifican y ofende y denigran el trabajo de la víctima en un cargo de elección popular.
La cuarta mujer infractora es la presidenta municipal de Santa Cruz Amilpas de Oaxaca por no tomar en cuenta a la Regidora de Ecología, Adriana Risueño Matías, en la toma de decisiones del Ayuntamiento ni proporcionarle los recursos económicos para cumplir su encargo.
La mayoría de las denuncias que fueron por obstrucción del cargo de la víctima con acciones como no tomarlas en cuenta y no otorgarles los recursos económicos asignados fueron resueltas por tribunales electorales locales y los organismos públicos de las entidades federativas (OPLES).
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