En Hidalgo 49 carpetas de investigación por supuesto delito de aborto

• Con la reforma aprobada hoy, ello ya no sucederá, se garantiza la dignidad humana
• La interrupción legal del embarazo se hará gratuitamente, con  calidad y salubridad

Libertad López

SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 30 de junio, 2021.- La aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo en Hidalgo, es particularmente importante porque actualmente el Código Penal establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción y afecta a quienes abortan naturalmente y a quienes acuden voluntariamente a esa interrupción.

En los últimos tres años, por ejemplo,  se han registrado 49 carpetas de investigación por el supuesto delito de aborto en la entidad, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es el mismo número de carpetas de investigación o de averiguaciones previas que Hidalgo ha abierto por casos de feminicidios.

La oposición no votó la iniciativa, mientras que quienes emitieron su voto a favor fueron 16 diputados del grupo parlamentario de Morena.

La reforma también contempla una a la Ley de Salud, con la que busca que instituciones públicas, privadas y sociales públicas deberán proveer el serviciopara la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres

No trata de una nueva iniciativa, sino que se retomó la que fue impulsada en el 2019 por Víctor Osmind Guerrero Trejo, la cual contempla la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, el que las mujeres acudan a clínicas del sector salud a solicitar el aborto sin dar ninguna explicación del motivo de su decisión además de dejar sin efecto los procesos penales que se hubieran iniciado contra aquellas que hubieran abortado.

Se contemplan penas carcelarias a quienes contra la voluntad de las mujeres las obligaran a abortar o les induzcan la interrupción del embarazo y el derecho de los médicos a no practicar abortos.

En 2019 la iniciativa tuvo el respaldo de la secretaria de salud, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y de la Comisión de los derechos humanos del estado de Hidalgo.