Entre enero de 2018 y marzo de 2024: 21 mil 750 expedientes por tortura, 28 mil 801 víctimas
Se requiere que las nuevas autoridades sepan que están en deuda con las víctimas y sus familias: ONU
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 13 de septiembre 2024.- En “Memorias de la resistencia contra la Tortura en México”, 28 sobrevivientes y familiares dan testimonio que en México la tortura existe no sólo como actos aislados, viene acompañada de detenciones arbitrarias, de incomunicación, de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Hablar de tortura en México, es hablar de una práctica histórica, cotidiana y generalizada que se ha extendido en el tiempo y en el territorio.
La tortura puede ocurrir en fiscalías, protestas sociales, centros penitenciarios, centros de tratamiento de adicciones, casas de arraigo.
De acuerdo con datos oficiales, tan sólo entre enero de 2018 y marzo de 2024 hay 21,750 expedientes por tortura, de los cuales se desprenden 28, 0801 víctimas, lo que también habla del quebrantamiento de la confianza en las instituciones, de miedo, de silencio y de ocultamiento, y sobre todo, hablar de tortura en México es hablar de impunidad.
Reunidos en mayo en Guadalajara, recuperados en un documento Tejiendo hilos de resiliencia: memorias de la resistencia contra la tortura en México documento los testimonios de los sobrevivientes exigen a las autoridades reconocimiento público por parte de las autoridades de que la tortura sigue siendo parte de un sistema ineficiente que no procura los derechos humanos.
Atender las denuncias y expedientes de las familias que continúan en prisión y procesos jurídicos, pese a ser sobrevivientes de la tortura.
Garantizar la reparación integral como sobrevivientes y sus familias, tomando en consideración las particularidades y necesidades propias.
El informe es realizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), y la presentación del escrito contó con la participación de Denisse Montiel Flores, co directoradel CEPAD, Rosa Mora Perdomo, víctima de tortura, Wendy Galarza Herrera, sobreviviente e integrante del Colectivo de Víctimas 9N, Verónica Razo, sobreviviente.
Alán García Campos, representante de ONU-DH, mencionó lo oportuno del ejercicio, pues con los próximos cambios de gobierno se requiere que las nuevas autoridades sepan que están en deuda con las víctimas.
Foto: Conoce el documento
Tejiendo redes
Se expresó que buscan generar alianzas entre personas sobrevivientes del delito de varias entidades federativas.
Verónica Razo, sobreviviente de tortura, mencionó que hace falta empatía en la sociedad para exigir a las autoridades que erradiquen de verdad el delito, pues sigue presente y su consecuencia principal es que hay personas detenidas injustamente.
“Necesitamos ayuda, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que hagan justicia. El encuentro de Guadalajara fue reconfortante para todos, me fui a mi casa con un apapacho en el corazón porque había alguien que estaba hablando de mí, que soñaba con mi libertad y que no perdía la fe de que en algún momento pudiera salir”.
Por su parte, Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que acompaña a sobrevivientes de tortura, recordó que el delito está diversificado y las personas servidoras públicas la cometen en diversos contextos como manifestaciones, detenciones arbitrarias, centros de detención o de atención a adicción.
Alán García Campos, representante de ONU-DH, mencionó lo oportuno del ejercicio, pues con los próximos cambios de gobierno se requiere que las nuevas autoridades sepan que están en deuda con las víctimas.
“Las víctimas demandan acciones puntuales y estas no pueden posponerse. Estamos en un contexto político con un cambio de administración a nivel federal y múltiples entidades federativas, y creemos que es un momento oportuno para fortalecer esos lazos que hacen falta”.
Detenciones arbitrarias
En el documento Wendy Galarza activista feminista, sobreviviente de tortura y defensora de derechos humanos narra que el 9 de noviembre del 2020 salió a manifestarse por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado en Cancún Quintana Roo. La protesta fue reprimida por la policía municipal y policía estatal dos balas entraron al cuerpo de Wendy, en la pierna y en el glúteo y sale por su vulva. A partir de esa fecha emprendió un camino de acceso a la Justicia, Verdad, Garantías de no repetición y Reparación Integral, junto a mis compañeros y compañeras de Comité de víctimas del 9N.
“Cuando el estado me disparó por salir a exigir justicia por un feminicidio, entendí que le apostaban a sembrar miedo en una sociedad que estaba despertando y defendiendo sus derechos, lastimosamente cumplieron con su cometido, ya que la protesta en Cancún empezó a desaparecer, sin embargo un mes después del crimen de estado del 9n, se creó el comité de víctimas del 9n, un colectivo mixto que tiene como objetivo visibilizar la represión policial de la cual fuimos víctimas sobrevivientes y seguir con las investigaciones para llegar a la verdad de ¿Quién nos disparó? Y ¿Quién dio la orden? Y con ello lograr que los y las culpables tuvieran consecuencias.”
Rosa Mora Perdomo, víctima de tortura, contó su testimonio en la presentación con el “Caso Tlaxcala”, donde su hijo Ricardo fue detenido y torturado junto con 5 personas más en la procuraduría de Tlaxcala, en el año 2002. Ricardo y Sergio Rodríguez siguen luchando.
Verónica Razo sobreviviente, también compartió las dificultades y los obstáculos que ha vivido después de la tortura y detención. Ya que, no solo fue tortura física, sino también emocional. Comentó que ella y su hermano hasta el momento, siguieron siendo amenazados por los ministerios públicos y policías.
Verónica Razo recuperó su libertad en enero del 2024 después de 12 años de prisión acusada por un delito que no cometió. Fue detenida injustificadamente, en las instalaciones de la policía ministerial fue torturada física y sexualmente por 27 horas; la arraigaron durante 80 días y después la trasladaron al CEFERESO número 16, ubicado en el estado de Morelos. Fue sentenciada a 25 años de prisión por un caso de secuestro.
Mencionó que hace falta empatía en la sociedad para exigir a las autoridades que erradiquen de verdad el delito, pues sigue presente y su consecuencia principal es que hay personas detenidas injustamente. “Necesitamos ayuda, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que hagan justicia”.
Acompañaron a CEPAD las organizaciones Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas»; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; Fundar; Centro de Análisis e Investigación; Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); Red Nacional de Peritos y Expertos contra la Tortura en México y Centro por las Víctimas de Tortura, además de la participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
