Él por delito fabricado que lo tiene privado de la libertad en Chiapas y Ella presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio
Frente a ello, se deja a los grupos criminales se extiendan en Chiapas y en el resto del país
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de julio, 2024.- En conferencia de prensa 59 organizaciones entre ellas El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigen la excarcelación inmediata de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del EZLN bajo los principios de presunción de inocencia, duda razonable, e investigación ineficiente dado que es un delito fabricado que no cuenta con elementos jurídicos para sustentar una sentencia condenatoria.
Denunciaron que es rehén del Estado Mexicano al igual que otros defensores de territorio, como los de San Juan Cancuc en Chiapas y María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio. Mientras los grupos criminales se extienden en Chiapas y en el resto del país, que mantienen el terror en poblaciones enteras, provocando muerte, desapariciones, desplazamientos y reclutamiento forzado, incluso con la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, sin ninguna represalia.
Denunciaron la represión como estrategia de la Guerra Integral de Desgaste emprendida desde hace décadas contra las comunidades autónomas zapatistas, actualmente, mantenida y recrudecida por el gobierno autonombrado de la cuarta transformación.
La organizaciones, pueblos y comunidades adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, levantan la voz y exigen la liberación inmediata José Díaz Gómez quien es rehén del Estado mexicano bajo el desgobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien lo mantiene preso de manera injusta y arbitraria.
Además preocupados por la salud de José Díaz que se encuentra en condiciones inhumanas y hacinamiento del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS 17) «El Bambú», en Catazajá, Chiapas, en una celda con 18 personas, ya que lleva privado de la libertad más de un año nueve meses, presentaron una solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/MC-448-24) por evidenciarse violaciones irreparables a sus derechos humanos.
Dieron a conocer que han fracasado las acciones para la adecuada defensa de José Díaz para cambiar la medida cautelar que es injustificada y que se garantice la debida diligencia, incluso con reuniones con funcionarios del Poder Judicial del estado de Chiapas.
Refieren que han constatado las condiciones de hacinamiento e insalubridad de José Díaz encerrado en una celda con 18 personas, lo que contraviene los derechos a la salud y a condiciones de detención dignas y humanas. También denuncian la extorsión económica que sufren los presos y las familias en el negocio que es la cárcel.
Afirman que, de los testimonios recabados, han constatado que José Díaz fue detenido por un delito que no cometió. Su juicio se ha postergado intencionalmente con el afán de ejercer un castigo hacia él y su organización.
La audiencia de juicio oral aperturada el pasado 4 de junio del 2024 ha sido una simulación de justicia, la falta de condiciones mínimas para el desahogo de pruebas, la inasistencia de testigos y falta de intérprete de la lengua Ch´ol. Anteriormente, la defensoría ha cambiado múltiples veces y tres veces se ha negado el cambio de medida cautelar para que José lleve su proceso en libertad
Precisaron que el 8 de julio de 2024 se concluyó el proceso de desahogo de pruebas, fijándose para el 6 de agosto a las 17:00 horas la audiencia de alegatos de clausura, que precederá el pronunciamiento de la sentencia. Observaron que las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad, lo que evidencian una investigación deficiente y una falta de justicia en el proceso judicial.
Se exige que el juez emita una sentencia absolutoria bajo los principios de protección al inocente, presunción de inocencia, duda razonable y otras normas nacionales e internacionales que garantizan los derechos fundamentales.
Consideran que el juez de Catazajá debe considerar no solo el delito de robo y la investigación carente de veracidad, sino también la situación de criminalización política en el caso de personas defensoras pertenecientes a pueblos originarios.
La sistemática violación a los derechos humanos son el modus operandi de la Fábrica de culpables para simular la impartición de justicia en cifras, a costa de la brutalidad y criminalización hacia personas y pueblos que se organizan y luchan por la defensa de la tierra y el territorio.
Enumeraron las violaciones a los derechos humanos en instrumentos jurídicos internacionales, como los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), que garantizan la libertad personal y prohíben detenciones arbitrarias.
Las alegaciones de tortura y tratos crueles contravienen el artículo 1 de la Comité Contra la Tortura, que prohíben estos tratos inhumanos, la Desaparición Forzada e Incomunicación violan el Artículo 10 del PIDCP, que prohíben estas prácticas y exigen el trato humano durante el arresto, la falta de investigación adecuada infringe el Principio 10 de los Principios de la ONU y el artículo 8 de la CADH, que exigen investigaciones imparciales.
Las condiciones Infrahumanas en prisión son contrarias a las Reglas 1 y 4 de Mandela y el artículo 10 del PIDCP, que establecen estándares de trato humano. Precisan que la criminalización política se enfrenta a la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, que protege a quienes promueven y defienden los derechos humanos.
A nivel nacional e internacional estaremos observando el actuar del Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Catazajá, por el caso de José Díaz, y por la criminalización que ocurre en el estado de Chiapas contra defensores, así como la grave violencia desatada impunemente por los grupos criminales.
Al mismo tiempo, convocamos a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse y actuar de todas las expresiones creativas que consideren para exigir la libertad de nuestro compañero, especialmente los días del 29 julio al 6 de agosto. Seguiremos exigiendo la libertad inmediata e incondicional de José Díaz Gómez, por todos los medios posibles hasta conseguirla.
También exigen:
• La cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de bases de apoyo del EZLN por el mismo cargo que detuvieron a José, robo ejecutado con violencia.
• Libertad a los defensores del territorio de San Juan Cancuc Chipas; Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Manuel Sántiz Cruz.
• La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio.
• El cese de la criminalización y ataques a los miembros del Congreso Nacional Indígena.
• Alto al hostigamiento en contra de la comunidad Otomí residente en CDMX, del compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y fraccionamiento contra el basurero y en defensa del agua en Puebla.
