SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 10 de marzo de 2017.- Alrededor de 38 casos de violencia contra mujeres y contra instituciones electorales, se registraron en el país en el pasado proceso del 2014-2015, en el 2016, se incrementó en más de 143 casos.
Así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, durante la Segunda Reunión de Autoridades en Apoyo a las Víctimas de Violencia Política de Género, realizada este jueves en la sala legislativa José Francisco Ruiz Massieu, del Congreso del Estado.
A partir de la reforma en materia de paridad de género en el 2014, han logrado mejorar el nivel de participación política de las mujeres en el Congreso de la Unión, donde lograron romper el techo histórico de representación femenina, llegando al 42 por ciento; no así en el ámbito local, sobre todo en las presidencias municipales, y ayuntamientos, solo hay una gobernadora, de 32 entidades federativas, y solo el 13 por ciento de los ayuntamientos está presidido por mujeres, abundó Nieto Castillo.
El funcionario electoral, refirió que todavía en noviembre del 2015, cuando comenzó a gestarse en el país, el movimiento en torno a la violencia política, no tenían idea de lo que pasaba, fue posteriormente, en una reunión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), contabilizó 38 casos de violencia política en contra de mujeres durante el proceso electoral del 2015.
Esto fue “inédito”, luego de que en el proceso anterior inmediato del 2012, apenas habían conocido de dos casos donde denunciaron situaciones de violencia no precisamente política, pero si en contra de dos mujeres que participan en la vida política.
Se trató de casos desde guerra sucia, campañas orquestadas en contra de candidatas, condiciones adversas a su género, violencia física en contra de funcionarias electorales, el caso más dramático refirió Nieto Castillo, fue el de la consejera electoral de Oaxaca, Lorena Nava.
En el 2016, la tendencia fue a la alta, llegaron a contabilizar más de 143 casos de violencia política de género y a partir de ahí, tuvieron que desarrollar dos líneas, una en el ámbito legislativo a nivel federal y algunas entidades federativas y la segunda en el ámbito institucional, abundó el representante de la FEPADE.
Derivado de esta situación, instituciones como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional Electoral (INE), el TRIFE, INMUJERES y la propia FEPADE, suscribieron en marzo del 2016, el Protocolo para Atender y Sancionar la Violencia Política de Género, para atender todos estos casos.
Para contrarrestar las voces que decían que no había casos de violencia política de género, tuvieron que reconstruir las historias de aquellas mujeres que eran limitadas por parte de operadores políticos, de sus propios institutos políticos, y de ahí reconocer que había víctimas directas –mujeres afectadas en el ejercicio de sus derechos políticos; indirectas, y potenciales –.
A partir de ahí, refirió el representante de la FEPADE, estas instituciones realizan reuniones mensuales en las que dan seguimiento a los casos, “es entender la perspectiva de la igualdad no solo desde el ámbito formal de hombres y mujeres ante la ley, sino desde la perspectiva de una igualdad sustantiva que implica reconocer las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres y el derecho, debe dar cuenta de estas diferencias y debe tutelarlas de forma adecuada para lograr una igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo de los cargos públicos”, apuntó.
En noviembre del 2015, cuando comenzó a gestarse en el país, el movimiento en torno a la violencia política
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