A 288 meses y 24 años del asesinato de Digna Ochoa, México solo cumplió una medida de la Corte: la impunidad sigue marcando su caso
Tres procuradores afirmaron que era suicidio e investigaron con sesgo de género; Ong´s hacen propuestas para que se cumplan 14 medidas ordenadas
Sandra Rojas y Sara Lovera
SemMéxico/La Cadera de Eva, Cd. de México, 8 de septiembre, 2025.- A casi 24 años del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, México no ha cumplido la mayoría de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Solo una de 14 acciones ha sido cumplida: una disculpa pública realizada en octubre de 2022.
«No pedimos otra cosa más que justicia«, dijo en conferencia de prensa su hermano, Jesús Ochoa, quien denunció este 3 de septiembre que no ha habido avances en la investigación y pide indagar a los funcionarios involucrados.
El próximo 19 de octubre se cumplirán 8 mil 60 días de impunidad, 288 meses de perpetrado el crimen,24 años del feminicidio de Ochoa y Plácido, a pesar de la ridícula idea de que se dio 3 tiros.
Ella, una abogada y defensora de derechos humanos trabajó especialmente por las y los campesinos e indígenas, antes de su feminicidio, asumió casos la defensa de ecologistas presos en Guerrero y de los hermanos Cerezo Contreras estudiantes acusados de terrorismo. Antes del crimen sufrió dos secuestros y denunció amenazas.
¿Quién fue Digna Ochoa?
Digna Ochoa y Plácido nació en Misantla, Veracruz, en 1964, en una familia numerosa marcada por la militancia sindical de su padre, quien fue detenido y torturado.
Ese hecho definió su vocación: estudió Derecho en la Universidad Veracruzana y se convirtió en una de las abogadas más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en México, enfrentando a autoridades civiles y militares acusadas de graves violaciones, convirtiéndose en una figura incómoda para el poder.
Digna recibió amenazas reiteradas, fue secuestrada al menos dos veces en 1999 y tanto ella como su lugar de trabajo, el Centro Prodh, fueron objeto de vigilancia e intimidación. En respuesta, la CIDH y la Corte IDH le otorgaron medidas cautelares y provisionales en noviembre de 1999, aunque fueron levantadas en agosto de 2001, bajo el argumento oficial de que el riesgo había disminuido.
La falla oficial
De acuerdo con Soledad Sánchez, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) quien se adentró y conoce el expediente de Digna Ochoa, así como de las 14 medidas emitidas en 2021 dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), afirma que el Estado mexicano sólo cumplió con una de ellas, la cual consiste en el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato de la defensora y una disculpa pública sucedida en el año 2022.
La disculpa fue una de las 5 medidas orientadas a la reparación del daño, individual, para la familia y víctimas indirectas. No obstante una de ellas que corresponde a la investigación de los hechos sobre el asesinato de Digna Ochoa está sin cumplirse, mientras las 3 restantes han tenido un cumplimiento parcial, mencionó la abogada Soledad Sánchez.
Por otro lado, existen 9 medidas en incumplimiento emitidas por la Corte Interamericana, donde exigen a México un cambio estructural de no repetición con el objetivo de garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en México y desarticular los obstáculos identificados en materia de investigación de ataques y crímenes contra defensoras.
Está pendiente “Además de la búsqueda de justicia, del derecho a la reparación de la familia y sobre todo de honrar la memoria de Digna como persona defensora, esta sentencia tiene un valor importante para la sociedad civil, es una herramienta necesaria para desarticular la impunidad que avanza contra los crímenes y los ataques en contra de defensoras y periodistas en el país, pero también es una herramienta que busca ser propositiva y generar cambios estructurales”, mencionó Soledad Sánchez.
Una investigación marcada por irregularidades
El 19 de octubre de 2001, su cuerpo fue encontrado sin vida en su despacho en la colonia Roma, con heridas de arma de fuego. Pese a los indicios de violencia, la investigación concluyó que se trató de un suicidio, una tesis cuestionada por inconsistencias en la evidencia y la cadena de custodia.
La pesquisa estatal duró diez años e incluyó pruebas forenses, balísticas y psicológicas. Sin embargo, estuvo llena de omisiones y contradicciones.
La familia y expertos independientes aportaron pruebas periciales que contradecían esa versión:
- Lesiones en el cuerpo no registradas en exámenes médicos oficiales
- Contradicciones en los resultados de balística
- Omisiones en el análisis de fenómenos cadavéricos
- Inconsistencias en la reconstrucción de hechos
Pese a estas evidencias, la fiscalía rechazó o incorporó de manera parcial los peritajes de la familia, manteniendo la tesis del suicidio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó estas irregularidades en su informe de 2019 y envió el caso a la Corte IDH, que en 2021 responsabilizó al Estado mexicano por la deficiente investigación.
En noviembre de 2021, la Corte ordenó a México una serie de medidas de reparación y no repetición, como:
- Continuar investigaciones y sancionar responsables
- Acto público de reconocimiento de responsabilidad
- Campaña nacional para visibilizar la labor de defensores
- Fortalecer el Mecanismo de Protección para defensores y periodistas
- Crear protocolos especializados para investigar ataques contra defensoras y defensores
A cuatro años, solo se ha cumplido una: la disculpa pública.
Los hechos y el contexto
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