En un mes: desmantelamiento a la acción del Estado en igualdad de género en la administración Kast

Tatiana Hernández Cormandini*

SemMéxico/Diario Universidad de Chile, Santiago, 6 de abril, 2026.- Hace 16 años, la CEPAL se preguntaba ¿Qué Estado para qué igualdad? La pregunta contenía en sí misma la proyección de un Estado con una institucionalidad de género potente. Es decir, con normativas que permitan a las mujeres avanzar materialmente a una vida donde puedan ejercer sus derechos plenamente.

 También, a capacidades instaladas en toda la institucionalidad del Estado que permitieran generar e implementar políticas públicas que, desde un diagnóstico compartido en el marco de las desigualdades históricas existentes entre hombres y mujeres -y también entre las mujeres-, y considerando la voz y la experiencia concreta de las mujeres en toda su diversidad, pudieran ir transformando la realidad desigual que golpea a las mujeres. 

Finalmente, y no menor, un Estado con reglas claras de cómo, con qué instrumentos y estrategias se avanzaría para el fortalecimiento del Estado con perspectiva de género.

Seis años más tarde, se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que tiene como mandato la coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres. Como órgano rector, tiene la responsabilidad de coordinar la coherencia entre las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado.

Enfrentadas a una situación de emergencia en que nos ha instalado la nueva administración de gobierno, la reinstalación del libre mercado y la reducción del Estado como respuesta a la crisis -y no el fortalecimiento de políticas públicas como las de igualdad de género– alarma.

Esta administración tiene menos de un mes de gestión y ya ha desmantelado diversas unidades de género en los ministerios, despedido a personal altamente especializado y con memoria institucional, que sostiene el diseño e implementación de políticas públicas sectoriales, intersectoriales y participativas que permiten cumplir con el ejercicio de derechos en toda su integralidad para las mujeres.

No tenemos claridad de lo que harán con los instrumentos de gestión para la igualdad de género. Cuál será el nivel de efectividad que tendrá el cumplimiento de los planes de Igualdad de Género entre mujeres y hombres (2018-2030), el Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género 2022-2030, y los programas e indicadores de género que cada servicio público que rinde PMG de género.

La correcta implementación de estos instrumentos, que en sí mismos son una síntesis de pactos sociales y políticos a los que hemos llegado como sociedad para abordar las desigualdades de género y bienestar de las mujeres en nuestro país desde el Estado.

Cabe preguntarse qué ocurrirá con la política nacional de cuidado, y la implementación de la Ley sobre Cuidados, donde el Estado reconoce el trabajo de cuidado que históricamente han ejercido las mujeres y se compromete con una estrategia para asumir corresponsablemente las tareas de cuidar. Con ello se reconfigura -no mágicamente, pero sí a través del tiempo- la estructura social y económica que nos instalaba a las mujeres como únicas y principales responsables de estas tareas.

También es importante preguntarse, qué ocurrirá con la implementación de la ley integral para el abordaje de la violencia de género hacia las mujeres, donde hay un Estado mandatado a transformar paulatinamente el cómo nos pensamos y nos piensan a mujeres y hombres en la sociedad: si como seres con derechos autónomos -donde el reconocimiento y el respeto estén a la base de nuestras relaciones-, o bien continuar con una sociedad donde los hombres están autorizados culturalmente a relacionarse desde una posición de poder muy desigual con nosotras, las mujeres y personas con cuerpos feminizados.

Un claro ejemplo del desmantelamiento, es el despido de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). 

El presidente, con su despido, no solo vulnera sus derechos como trabajadora y funcionaria del Estado -un Estado que hasta el 10 de marzo estaba fuertemente comprometido con el bienestar de las mujeres-, sino que también busca desmantelar lo construido durante décadas en materia de igualdad de género. Y lo dice sin apuros: “tienen miradas distintas de cómo gestionar una repartición”.

Al parecer, tendremos cuatro años donde asistiremos al desmantelamiento y debilitamiento del quehacer de las políticas públicas para la igualdad de género, en al menos dos dimensiones: la estrategia histórica de hacer que el Estado se comprometa con metas, medidas y políticas que van generando las condiciones materiales, subjetivas y culturales para el ejercicio pleno de la autonomía de las mujeres; e instalando políticas con fuerte contenido comunicacional, cuyo sustrato ideológico nos devuelve a las mujeres a un lugar sin capacidades, sin autonomía, sin derechos.

*Tatiana Hernández Comandini, socióloga del Observatorio de Género y Equidad.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autora y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.