Neftalí Pérez: es sumamente importante cuantificar la reparación cuando el daño es moral y físico
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México, 28 de agosto 2024.- Se tienen hasta dos años a partir del abuso de la autoridad en casos de violación grave a los derechos humanos en casos de tortura, y condenas injustas para solicitar indemnización y reparación integral del daño de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado del 2002.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) proporciona la asesoría jurídica de manera gratuita, lo que explicaron en el episodio del podcast “Te escuchamos “ del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los abogados Federico Manuel Rodríguez Paniagua, subdirector de Constitucionalidad en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP y Neftalí Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Para Federico Rodríguez es un derecho humano contar con una satisfacción justa por parte del Estado para quien padece violación a los derechos humanos, no todo se arregla con dinero, cuando se habla de personas que han sido privadas de su libertad de forma injusta e indebida y han tenido que estar en lejos de su familia, o padecido tortura y no han sido atendidos psicológicamente o en forma adecuada, y esto impacta a la familia a lo largo de los años.
Precisa que la reparación integral del daño es un mecanismo para que el Estado pueda reparar, indemnizar a las personas que hayan sufrido un daño ya sea patrimonial, moral a sus derechos y a su persona con motivo de la actividad administrativa irregular que haya realizado algunos de sus servidores públicos en la función de sus deberes.
Neftalí Pérez del Centro Prodh hace énfasis que es importante que las personas sepan que tienen hasta dos años para reclamar, que si bien es difícil técnicamente para avanzar busquen a las instituciones como la Defensoría Pública o a las organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh para que los puedan acompañar en estos procedimientos.
Federico Rodríguez de la Defensoría Pública explicó que el momento en que se presenta la reclamación es ante la misma autoridad que cometió esa actividad administrativa irregular y es probable que va a buscar la manera de tratar de evitar admitir el procedimiento y entonces habrá que impugnar esas decisiones, lo que lleva mucho tiempo. Una ventaja de acudir al Instituto de Defensoría Pública es que pueden mantener el procedimiento en sus diferente etapas de manera completamente gratuita, ya que la persona afectada tendría que pagar abogados y resulta bastante oneroso, precisó.
También indicó que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado está reconocida en la Constitución desde el 2002 y hasta hace tres años había estados del país que no la habían incluido en su legislación, pero a partir de la gestión de la Unidad de Litigios Estratégicos del IFDP por la vía de juicios de amparo relacionados con esta omisión, ya se publicó la última ley en el Estado de Guerrero, por lo que ya los 32 estados de la República cuentan con la Ley Estatal de Responsabilidad Patrimonial.
También explico que es hasta el 2011 con la reforma constitucional a los derechos humanos es que viene esta parte de la reparación integral del daño, ya que en un principio se pensaba en la Ley sólo como una indemnización.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que la Reparación Integral del Daño comprende medidas de satisfacción, de no repetición, entre otras, y estos estándares han sido recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de distintos litigios que han llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil, personas en lo particular e instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Neftalí Pérez explicó que es sumamente difícil cuantificar la reparación cuando el daño es moral y físico se tiene que tomar en cuenta el proyecto de vida de las personas, cuando el caso es de privación de la libertad.
Como ejemplo citó que muchas veces la autoridad pide constancias de los daños, y por ejemplo en una persona que tuvo que ir diez años al juzgado a darle seguimiento a su proceso es muy difícil tener comprobantes de transporte, copias, comida. En ese tipo de casos, señala que las autoridades tienen que ser más flexibles tomar en cuenta el contexto y las circunstancias personales cuando sufrió ese daño.
Por otra parte, en el término de los plazos hasta dos años, se comienzan a contar a partir de que surgen los efectos del daño. Mencionó que el centro Prodh, acompaño a una mujer en Veracruz víctima de tortura sexual en 2012 y presentaron la reclamación en el 2016. Cuatro años después, pero como ella recupero su libertad en el 2015 apenas había transcurrido un año y estaban a tiempo de iniciar un proceso de responsabilidad.
También de acuerdo a las experiencias del Centro Prodh se ha visto que de acuerdo a la Ley de responsabilidad de los servidores públicos debe resolverse en tres meses a partir de que se presenta la reclamación, lo que le da certeza de que se va a resolver.
Una recomendación a las personas que inician un procedimiento de reclamación es acudir al Instituto de la Defensoría Pública o a organizaciones como el Centro Prodh, para que los acompañen.
Al respecto Neftalí Pérez puso sobre la mesa el tema que debería ser más accesible el mecanismo para que una persona pudiera ir, por ejemplo ante el IMSS por una negligencia médica decirle tu repárame el daño de una negligencia médica. Sin embargo ven que ninguna autoridad quiere hacerse responsable y se les obliga a cumplir con su responsabilidad, por lo que hay litigios con más de 6 años.
