- Hasta la fecha solo se ha ejecutado una de las cuatro de las órdenes de aprehensión contra dueños de Solid Gold.
Redacción
SemMéxico. Cd de México, 30 de mayo, 2022.- La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y que de Niñss en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar las órdenes de aprehensión y consignación de las Averiguaciones Previas Pendientes contra los dueños de la empresa Diversión Garantizada, S.A. de C.V.
La asociación civil señaló que aún están pendientes de ejecución tres órdenes de aprehensión y la consignación respectiva contra los propietarios del Solid Gold, ubicado en la calle de Londres, en la Zona Rosa, inmueble del que rescató, en agosto de 2013, a 32 mujeres extranjeras y seis mexicanas víctimas de trata y explotación sexual.
En un comunicado, CATWLAC indicó que hasta la fecha solo se ha ejecutado una de las cuatro órdenes de aprehensión emitidas, esta contra Claudia Sánchez Mayorga. Asimismo, se solicitó también que cesen las difamaciones contra la organización y su directora, Teresa Ulloa Ziáurriz.
La asociación civil aseguró que durante el proceso penal, Sánchez Mayorga ha atacado y difamado, a Ulloa. Esta reacción se ha trasladado, incluso, a las conferencias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde Ramón Flores, quien se acredita como periodista del medio “Centinela Informa” la ha señalado de cobrar cuatro millones de pesos.
CATWLAC rechazó las acusaciones contra de su directora y aseguró que dicha cifra corresponde al cálculo del dinero que la mencionada empresa obtuvo por “explotar solo a una de las víctimas”, por lo que la cantidad ha sido establecida por el concepto de reparación del daño en favor de la afectada.
El 12 de agosto de 2013, personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) rescató a 32 mujeres extranjeras y seis mexicanas en un inmueble de la Zona Rosa, donde las mantenían ocultas los encargados del Solid Gold. Las víctimas de trata y explotación sexual eran de nacionalidad colombiana, venezolanas, argentinas y de países de Europa del este, y seis de ellas mexicanas.
El caso fue atraído, por la entonces Procuradurías General de la República, hoy Fiscalía General, sin que hasta la fecha se hayan cumplimentado las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que lo que CATWLAC exigió que continúe el procedimiento para sancionar a los responsables.
Precisó que Sánchez Mayorga no está sentenciada porque ha interpuesto diversos recursos legales lo que ha retardado la culminación del proceso, por lo que la asociación civil se mantiene atenta a que la sanción penal quede firme.
