- Autoridades son omisos, no han investigado, hay dos amparos en curso
- Tampoco se han tomado en cuenta recomendaciones
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 24 de agosto 2024.- Un total de 16 las muertes por supuestos suicidios desde el 2022 ha ocurrido en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso 16) de Coatlán del Río, estado de Morelos.
Esto luego del ocurrido el pasado 18 de agosto, cuando el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) confirmó el fallecimiento de la mujer en tanto el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA) demandó en sus redes sociales, este jueves, el cierre de ese centro de readaptación social, por ser el único centro federal para mujeres donde han documentado tortura, malos tratos y violaciones a derechos humanos de forma sistemática.
De acuerdo a la Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el presunto suicidio del 18 de agosto pasado, suman tres los decesos de internas este año en condiciones sospechosas.
El organismo precisó que la mujer identificada como GPC se encontraba sujeta a proceso, desde el 2019 había solicitado diversas medidas para para mejorar las condiciones de internamiento, especialmente relacionadas con temas de salud. La última fue tramitada por el IFDP el 16 de mayo de 2024 y se quedó pendiente de resolución.
El organismo ha documentado las omisiones en que ha incurrido la autoridad penitenciaria para garantizar la vida e integridad de las mujeres privadas de la libertad y ha exigido acciones inmediatas consistentes en continuar con los traslados de las mujeres a sus lugares de origen, cambio de medidas cautelares, una investigación diligente de las muertes en custodia, atención médica y psiquiátrica urgente para las mujeres en riesgo, entre otras.
Por otra parte, la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la IFDP, Jaqueline Sáenz, en el podcast “Te escuchamos” se refirió al caso del Cefereso número 16, donde 11 mujeres se quitaron la vida en 2023.
Desde entonces el Instituto, a través de su delegación en el Estado, realiza visitas periódicas al lugar, y en diciembre de ese año promovió dos juicios de amparo. El amparo solicitado busca apoyar a 42 mujeres, debido a que no se garantizaba su salud mental, por lo que se solicitó a las autoridades atender el problema de manera urgente garantizando la vida y la integridad de las internas. El segundo juicio de amparo busca condiciones para la integridad de 16 mujeres.
Jaqueline Saénz subrayó que el Estado, a través de distintas autoridades, especialmente el Cefereso, es el inmediato responsable de la integridad de todas las personas que tiene bajo su custodia. Alertó que en los Centros de Readaptación Social, producto de la privatización de sus tareas, se están presentando contratos bastante atípicos, lo que provoca que las responsabilidades se diluyan.
Recomendación de la CNDH
En enero del 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 276/2023 al Cefereso 16 por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad y a la Fiscalía General de Morelos por la inadecuada investigación de cada uno de los 13 suicidios de las personas privadas de la libertad, ocurridos entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023.
Entre los derechos humanos vulnerados a las víctimas fallecidas se encuentran los relativos a la protección a la salud y seguridad jurídica; mientras que también se advirtió la vulneración del derecho de acceso a la justicia de 18 personas víctimas indirectas.
La CNDH solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) registrar a las 13 personas fallecidas en el Registro Nacional de Víctimas, así como a las 18 personas víctimas indirectas para que, una vez finalizados los trámites se proceda a la inmediata reparación integral del daño.
También se le pidió colaborar con las autoridades investigadoras en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las personas servidoras públicas responsables.
Asimismo, deberán realizar un diagnóstico que identifique todos los factores posibles que están propiciando los acontecimientos de suicidio en el Cefereso16 para emprender las acciones de atención.
Se señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social y revelaron que el 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones del país, lo que implica lejanía con sus familiares y trae como consecuencia el abandono.
Sumado a eso, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el nulo tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión, podrían haber sido determinantes en la muerte de las internas.
Organizaciones exigen investigación
En el mes de junio mas de 60 organizaciones a través de un comunicado exigieron justicia, en ese momento, por la muerte de 15 mujeres privadas de su libertad.
Las organizaciones entre ellas México A.C., Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., Organización Mundial contra la Tortura, así como María del Mar Rangel Flores y Natalia Mendizábal Beverido, se unieron a la exigencia de la Defensoría Pública para la realización de una investigación exhaustiva y la sanción de las autoridades responsables.
Señalaron que es crucial que, aunque se trata de un centro penal federal, sólo el 53 por ciento de las mujeres habrían cometido un delito federal, mientras que el resto está siendo procesadas por delitos del fuero común. De ahí que se hace necesaria una revisión cuidadosa y la adecuada administración de justicia.
Además, entre las mujeres internas en el Cefereso 16 por delitos federales, el 58 por ciento cuenta con una sentencia, mientras que las demás están bajo la figura de prisión preventiva, lo que sugiere un uso excesivo e injusto de esta medida.
Con base en lo anterior solicitaron el inicio urgente de una mesa técnica pública y permanente entre autoridades co-responsables, autoridades de justicia, sociedad civil, personas expertas, organismos internacionales y personas familiares para diseñar un plan urgente de transición.
Entrega de información pública sobre los procesos de justicia para las 15 mujeres que han perdido la vida en manos del Estado.
Reparación del daño de todo acto de violencia, tortura o malos tratos cometido contra las mujeres privadas de libertad, así como a sus familiares que han sido víctimas de la violencia institucional.
SEM/mm/sj
