- Una deuda pendiente de 2025
- Penalizar el aborto no lo impide
SemMéxico, Ciudad de México, 23 de diciembre 2025.- “Penalizar el aborto no lo impide. Basta con pasar un día en urgencias para ver cómo siguen llegando personas con complicaciones por abortos inseguros.
Lo único que pedimos a las y los legisladores es que respeten los derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho humano”, señaló la Dra. Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y en el Estado de México.
En un comunicado de la red de profesionales de la salud Salvemos Miles de Vidas en México señalan que a pesar de los avances logrados –incluida la despenalización parcial en varios estados del país y fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— el aborto sigue siendo tratado como delito en México, sostienen integrantes.
Ninguna de las 32 entidad federativa ha eliminado el aborto de sus códigos penales, dejando en la incertidumbre a millones de mujeres y personas con posibilidad de gestar, así como al personal de salud que atiende estas emergencias todos los días.
La red de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, integrada por profesionales de la salud de diversos estados del país, advierte que la deuda con la salud y los derechos humanos sigue siendo grave. Desde sus consultorios, servicios de urgencias y clínicas comunitarias, reportan que la penalización continúa poniendo vidas en riesgo, obstaculiza el acceso a servicios seguros y permite que persistan prejuicios, discriminación y hostilidad en el sector salud.
Las profesionales de la salud destacan que la penalización opera como un mecanismo de discriminación estructural en el sistema de salud. Afecta de forma desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en contextos de mayor precariedad, así como a quienes viven lejos de los centros de salud. Además, inhibe a las y los profesionales por temor a ser criminalizados.
“Dicen que penalizar el aborto protege a las mujeres porque ‘evita riesgos’. Eso es totalmente falso. La penalización desincentiva a quienes requieren acceder a servicios de atención postaborto, haya sido inducido o no, por miedo a la criminalización. Quienes requieren una interrupción del embarazo también optan por buscar opciones fuera de los establecimientos de salud que pueden ser inseguros.
“Además, genera temor dentro del personal de salud, quienes no quieren ser perseguidos por hacer su trabajo. Por eso la voz de quienes somos profesionales de la salud importa: el aborto es un servicio de salud, no un delito”, señaló la Dra. Joselyn Rivera Vilchis, radicada en León, Guanajuato, donde se han rechazado las iniciativas para despenalizar el aborto voluntario en los meses de junio y diciembre de 2025.
Evidencia contundente
La evidencia de organismos internacionales es contundente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización no reduce el número de abortos; por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna, y limita la capacitación necesaria para brindar atención segura, oportuna y libre de estigma.
Desde 2021, la SCJN ha establecido que la criminalización total del aborto es inconstitucional y que las personas tienen derecho a decidir y el Estado la obligación de garantizar la provisión de servicios para interrumpir un embarazo de forma segura y gratuita para quienes así lo requieren. En 2023, ordenó eliminar el delito del Código Penal Federal y armonizar los marcos estatales. Sin embargo, el país avanza a ritmos desiguales: mientras algunos estados han permitido el aborto bajo ciertos plazos, ninguno ha retirado completamente el delito de su código penal, perpetuando una geografía desigual de derechos.
«El acceso al aborto seguro debe ser una realidad accesible para quien lo necesite, sin importar dónde se encuentre», puntualizó la psicóloga Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, quien ejerce en Michoacán. “Ninguna niña, mujer o persona gestante debería depender de su código postal ni de su situación económica para acceder a un procedimiento de salud de forma segura”.
“Estamos hablando de generar salud para todas las personas; nos están matando con sus decisiones. Quienes hacemos parte del sistema de salud necesitamos tranquilidad y certeza para poder hacer nuestra labor, para velar por la salud de cada una de nuestras pacientes”, concluyó la Dra. Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual en el estado de Morelos.
Por esto, las y los integrantes de la red Salvemos Miles de Vidas México hacen un llamado para que el 2026 sea el año en que el Congreso de la Unión y los congresos estatales eliminen definitivamente el aborto de los códigos penales y cumplan con los criterios de la SCJN. Así, el país podrá avanzar hacia un modelo de salud pública que garantice a todas las personas una vida libre de violencias, discriminación y riesgos innecesarios.
https://www.cepal.org
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