- De acuerdo con The World Prison Population List y The World Female Imprisonment List, México es el país con la octava población penitenciaria más alta a nivel mundial y la séptima en el caso de mujeres.
- Esta investigación está incluida, en la obra denominada Migración, género y derechos humanos: elementos a considerar en la agenda de la Frontera Sur de México, publicada en 2019.
Por: Yessica Morales/Chiapas Paralelo
SemMéxico/Chiapas Paralelo. 14 de abril 2020.- Corina Giancomello, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, presentó casos de entrevistadas, fruto de una investigación sobre mujeres usuarias de drogas y acceso a tratamiento, que llevo a cabo entre 2007 y 2019 en centros de reinserción del Estado.
Chiapas alberga a mujeres en tres centros, Centro de Reinserción social 5 en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas que es un centro mixto; en el número 14 “El Amate” ubicado en el municipio de Cintalapa y el Centro Femenil ubicado en Tapachula, menciona la investigadora.
El primer caso presentado es de Mónica una guatemalteca que se encuentra privada de la libertad en “El Amate”, en ese entonces de 24 años y con sufrimiento de trastorno de la personalidad límite. Acusada de narcomenudeo, la detuvieron en 2017 con 1 kg de cocaína, 2 kg de marihuana, medio kg de piedra y unas cinco onzas de cristal, comenta Giancomello.
La historia de Mónica comienza con el despliegue de la violencia sufrida, a los tres y diez años fue víctima de violación por su tío y fue enviada a un internado, donde de nuevo fue abusada y de la cual nació su primer hijo. A los 14 años mató a su tío relata otros homicidios y afirma que trabajó como sicaria en Tapachula para un cártel mexicano, añade la investigadora.
“Preferí el sicariato a la prostitución” comentó Mónica.
Giancomello tuvo la oportunidad de entrevistar a mujeres indígenas privadas de la libertad en el Cereso 5 de San Cristóbal. La primera entrevistada es Lucía sentenciada a diez años y tres meses por transporte de marihuana y cocaína. Es tzotzil, viuda, en ese entonces de sesenta y dos años y siete hijos, no sabe leer y escribir, excepto lo poco que aprendió en la cárcel.
“Hace años las mujeres casi no nos metían a la escuela, sólo los varones. Las mujeres eran para que cuidáramos al hombre y la casa. No era necesario que estudiáramos.” Dijo Lucía.
La detenida se dedicaba al empleo doméstico; se dedicaba a lavar ropa para un señor en San Cristóbal de las Casas; un día él le ofreció ganar más dinero lavando ropa con su esposa: la subió a un taxi para Tuxtla Gutiérrez y le entregó un paquete. Fue detenida en un puesto de revisión, añadió Giancomello.
“Así fue como me engañaron y no me creyeron. La ley no me creyó.” Expresó Lucía.
Concepción y Guadalupe, dos mujeres coacusadas del delito de transporte de 1.4 kilos de marihuana. Ambas son tzeltales y madres solteras. La primera en aquel entonces de 22 años tiene dos hijos. La segunda tenía 50 años y estaba a cargo de tres hijos de 18, 16 y 7 años y de tres de sus nietos de 11, 13 y 9 años.
Las dos víctimas de maltrato por sus maridos, las detuvieron en mayo de 2018. Concepción afirma no tener ningún contacto con sus hijos porque en su ejido no hay teléfono. Ambas accedieron a transportar la marihuana por cien pesos y fueron detenidas cerca Palenque, estaban buscando trabajo en Chenalhó, menciona la investigadora.
“Somos pobres.”, dijeron las acusadas.
Giancomello menciona que el perfil de las mujeres es de ser pobres, con historias de vida marcadas por la violencia de género y a cargo de hijas, hijos y otras personas dependientes, los roles y la violencia de género, le fueron herramientas de análisis clave para entender quiénes son las mujeres privadas de la libertad.
El engaño es una de las modalidades de involucramiento, prevalece la adhesión voluntaria a la comisión del delito desde un contexto de victimización. La agencia y la vulnerabilidad de las mujeres se cruzan para dar pie a lo que se denomina elección obligada, expresa Giancomello.
La investigadora dije que el tráfico de mujeres por políticas de drogas no es producto de acciones mercantiles del crimen organizado, sino de políticas de Estados, la prohibición por un lado y las formas específicas de su implementación.
