- Luvia Jeanett Altamirano Raymundo, quiere ser jueza y afirma que la reestructuración del PJF debe pasar por “lo humano”
- Su experiencia judicial ha sido dentro y fuera del sistema del que ha sido víctima
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 6 de mayo, 2025.- Los grados académicos son muy importantes, pero la inteligencia emocional lo es todavía más para quienes aspiran a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, sostiene Luvia Jeanett Altamirano Raymundo, candidata a jueza de distrito de XIII Circuito en Materia Mixta.
Esa pequeña élite de juzgadores y juzgadores que hoy despachan en diversos ámbitos del Poder Judicial de la Federación se han olvidado de la empatía, la sensibilidad y de la humanidad de las personas que tienen enfrente, porque detrás de cada expediente hay niñeces, mujeres y hombres de diversas edades, personas con capacidades diferentes, que pertenecen a grupos de población con distintos orígenes y que requieren de un trato diferenciado.
“No estoy hablando de parcialidad, estoy hablando de objetividad desde un lugar distinto, con el contexto completo”, propone quien afirma que la reestructuración del Poder Judicial de la Federación, a raíz de la reforma constitucional, debe pasar por “lo humano”.
Lo dice alguien que ha vivido en carne propia la injusticia, porque ha sido víctima no sólo de un juez federal sino de todo el sistema judicial estatal y federal, dice la propia Luvia Jeanett Altamirano Raymundo, quien está presta para ser electa y contribuir a la transformación del sistema.
La aspirante a jueza mixta refiere que ha sido víctima de violencia emocional, psicológica, física, patrimonial, vicaria e institucional, como resultado de una red de complicidades que existen en el poder judicial y que protegió a su contraparte (juez federal que desempeñaba sus funciones en Oaxaca y que fue enviado a Tamaulipas), hasta que le arrebataron a su hijo entonces de cinco años y a cuyo padre no le ha permitido ver ni hablar con él en los últimos tres años, violando los derechos del menor y de ella.
En ese sentido, sostiene que conoce al Poder Judicial, por dentro y por fuera, ya que laboró en él durante 13 años consecutivos, ocupando desde el peldaño inicial: he sido oficial judicial, sé coser expedientes, integrarlos, acordar, dictar sentencias, tuve la oportunidad de ser actuaria, secretaria de un juzgado, secretaria de un Tribunal Colegiado. Conozco la estructura del poder judicial, refiere la abogada egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Hace 10 años estoy fuera del PJF, eso me da una perspectiva más alta y tener una crítica constructiva, he sido litigante, gracias a mi caso inicié una vida judicializada, me tocó colocarme como una abogada defensora de mis derechos y los derechos de otras compañeras de lucha y volverme activista de derechos humanos.
Una lucha personal que no sea limitado a ella misma, sino que le permitió acompañar otros casos de mujeres que como ella viven la violencia vicaria, una violencia que asegura era invisible, pero que como ella, miles de mujeres decidieron nombrar, aprendieron “a no quedarse calladitas, aunque no se vean bonitas” e incluso ayudaron a que la violencia vicaria fuera adicionada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, afirma en entrevista con SemMéxico.
Luvia Jeanett Altamirano Raymundo dice que este tráfico de influencias y una red de corrupción utilizado por su exesposo alcanza no sólo el poder judicial sino también el Ejecutivo, donde conocen de manera parcial el litigio y hasta funcionarios de primer nivel que la han desprestigiado, como sucede con el consejero jurídico del gobernador Salomón Jara Cruz y la presidenta municipal de Xoxocotlán.
“Yo soy un testimonio de vida y sé qué es lo que tenemos que hacer para que la justicia sea real, para que las resoluciones no afecten a las infancias, no obligar a una menor acosada sexualmente por su papá tenga que convivir con él, porque “el buen juez” sostiene que el vínculo paterno filial no se rompa”, pero le arrebatan a una madre a su hijo pequeñito sin importarles que se destruya el vínculo materno filial, como me pasó a mí, refiere y hace visible la desigualdad de los jueces y juezas que ejercen misoginia al momento de “impartir justicia”.
Ella no tiene miedo de hablar, “ya lo perdí todo, perdí lo más valioso que tengo, a mi hijo”, dice con relación a su pequeño a quien el juez federal que ahora despacha en Tamaulipas no le permite ver ni hablar con él, violando los derechos del niño y de ella misma como mamá.
Me he quejado, ahora es tiempo de propuestas
La aspirante a jueza de distrito de XIII Circuito en Materia Mixta, cuyo número 01, aparecerá en las boletas color Amarillo, dice que durante todos estos años se ha quejado de la corrupción y el tráfico de influencias que existe en el PJF, por eso se postuló su fue seleccionada para participar en las elecciones del 1 de junio.
“Quiero formar parte de la reestructuración del PJF, revisar la forma en que actuamos los y las impartidoras de justicia”, para ello propone cinco aspectos: 1) erradicar la corrupción, el nepotismo y la violencia institucional 2) eliminar los trámites burocráticos dentro del juzgado de distrito, para agilizar la importancia de la justicia; 3) escuchar a los judiciales, de tal forma que el Poder Judicial de la Federación sea cercano al pueblo; 4) Aplicar en forma estricta los protocolos de actuación para quienes imparten justicia; 5) impartir justicia erradicando la discriminación y respetando la dignidad humana y los derechos humanos y fundamentales de infancias, mujeres y pueblos indígenas.
Hoy tenemos muchas herramientas que deben ser aplicadas, como la perspectiva de género, que nos permite ver las diferencias y cómo esas diferencias entre mujeres y hombres se traducen en desigualdades, afectando seriamente nuestras vidas. Solo a eso me comprometo.
El juez de Tamaulipas
Cabe señalar que Fidel Gallegos Figueroa, actual juez séptimo de Distrito de Tamaulipas, fue hasta hace poco tiempo juez segundo de distrito en Oaxaca, y quien utilizando sus influencias ejercicio diversas violencias contra Luvia, quien como dice, perdió hasta su hijo que le fue arrebatado de sus brazos, mientras el niño llorando fue alejado de ella.
En enero pasado, Gallegos Figueroa fue acusado de ser él quien concedió la suspensión definitiva a familiares de Samuel García, gobernador de Nuevo León, incluyendo al padre y madre de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, luego de que promovieron un amparo en contra de procesos penales que se pudieran abrir en su contra, según reportó Latinos_us
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