- Feminicidios y desapariciones frente a falencias institucionales
- Preocupan también la violencia digital, sexual y política, así como los riesgos que genera el paraíso turístico de Puerto Vallarta
Redacción
SemMéxico, Guadalajara, 12 de diciembre, 2025.- Jalisco atraviesa una grave crisis de violencia contra las mujeres en relación con la violencia feminicida y desapariciones, agravada por la desconfianza institucional y la falta de investigaciones con perspectiva de género, señala el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, capítulos México y Jalisco.
En un comunicado de prensa se cuestiona que, a más de ocho años de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, AVGM, persisten deficiencias como poco presupuesto y falta de personal especializado, fallas que impiden cumplir las recomendaciones y brindar protección efectiva. Niñas y adolescentes siguen enfrentando grandes barreras para denunciar y recibir atención adecuada.
Por otra parte, en relación con las personas desaparecidas, señala que los registros públicos muestran que, que en 2025 se reportó una disminución relativa del 16.1 por ciento respecto al año anterior, sin embargo, la magnitud del problema sigue siendo alarmante.
Hasta el 31 de octubre, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO, reportó mil 525 mujeres y niñas desaparecidas, mientras que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, SISOVID, documentó mil 797 casos, de los cuales el 27.7 por ciento no cuenta con denuncia formal.
Esta brecha refleja barreras institucionales que desalientan la denuncia y limitan la activación de diligencias urgentes indispensables para la búsqueda inmediata, particularmente en el caso de niñas y adolescentes.
Respecto al feminicidio, informes de CLADEM y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio evidencian una subclasificación sistemática de las muertes violentas de mujeres. Al 30 de septiembre de 2025, Jalisco registró 115 muertes violentas, pero solo entre el 14 y el 20 por ciento fueron investigadas como feminicidio, contraviniendo la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a investigar toda muerte violenta de mujer bajo esta figura penal. Esta práctica constituye violencia institucional y profundiza la impunidad estructural.
Puerto Vallarte “el paraíso turístico” de la desigualdad
En Puerto Vallarta, pese a su crecimiento económico y fama turística, enfrenta fuertes desigualdades entre zonas hoteleras y colonias periféricas que afectan directamente la seguridad de niñas y mujeres, apunta la comunicación periodística de CLADEM.
Aunque existen dos alertas de género vigentes, los mecanismos siguen siendo insuficientes para prevenir y atender la violencia. Esto revela que el llamado «paraíso turístico» no garantiza condiciones básicas de protección. Las mujeres y niñas continúan viviendo en un contexto de riesgo y vulneración de derechos.
Entre 2014 y noviembre de 2025 se han registrado al menos 109 muertes violentas de mujeres, pero apenas el 2.3 por ciento se investiga como feminicidio y solo el ocho por ciento de estos casos ha llegado a sentencia, lo que evidencia una impunidad del 92 por ciento y la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género.
En el mismo periodo, la desaparición de mujeres en el municipio también representa una crisis sostenida: el RNPDNO reporta 449 personas desaparecidas, de las cuales 65 son mujeres, casos cuya búsqueda recae principalmente en madres, hermanas e hijas ante la insuficiencia institucional.
Solo entre enero de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 24 asesinatos de mujeres, cometidos tanto en espacios públicos como privados, mediante armas blancas, fuego, asfixia, golpes o armas de fuego.
México violencias digital, sexual…insuficientes esfuerzos
En México, agrega el comunicado de CLADEM México y Jalisco, las violencias sexual y digital contra mujeres, niñas y adolescentes se entrelazan y generan graves daños psicosociales como trauma, estigmatización y aislamiento. La ENDIREH 2021 señala que 49.7 por ciento de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia sexual y que una de cada 10 la sufrió en el último año; en niñas y adolescentes, el abuso sexual es tres a cinco veces más alto que en los niños.
La impunidad es extrema: 94-97 por ciento de los delitos sexuales no se denuncian. En el ámbito digital, el Módulo de Ciberacoso 2024 registró que 10.6 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso y que 22.2 por ciento de las usuarias de internet sufrió agresiones en línea, con mayor afectación entre jóvenes de 20 a 29 años, donde casi una de cada 3 reportó acoso o amenazas.
Pese a algunos avances legislativos y preventivos incluido Jalisco-, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente. Solo una de cada 10 fiscalías cuenta con unidades especializadas en ciberdelitos con perspectiva de género y menos del 20 por ciento de los ministerios públicos dispone de protocolos actualizados para investigar violencia sexual y digital. En estados con AVGM, más del 60 por ciento de los municipios carece de servicios especializados y la cobertura de refugios o atención psicológica es menor al 30 por ciento.
En violencia digital, menos del cinco por ciento de los casos logra el retiro de contenido. Estas brechas evidencian la urgencia de políticas integrales que combinen educación digital temprana, protocolos psicojurídicos estandarizados, fortalecimiento institucional y mecanismos específicos de protección para niñas, jóvenes y mujeres en situación de riesgo.
Represión policial, vigilancia y estigmatización a la protesta social
En Jalisco, entre 2023 y 2025 se ha documentado una reducción sostenida del espacio cívico que afecta especialmente a mujeres defensoras, periodistas, activistas y madres buscadoras. La represión policial, la vigilancia, la estigmatización y la violencia digital se combinan con una grave falta de datos oficiales, lo que profundiza la impunidad.
En este periodo, al menos 9 personas activistas fueron asesinadas -4 de ellas mujeres- sin que los casos hayan sido esclarecidos. Las agresiones se dieron contra madres buscadoras y defensoras del territorio, lo que muestran un patrón de criminalización, abandono institucional y omisión de medidas de protección, mientras que la represión de protestas feministas evidencia detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y criminalización sistemática, como ocurrió en las movilizaciones de 2021, 2024 y 2025.
A la par, Jalisco es uno de los estados con mayor riesgo para mujeres periodistas: ubicando a la entidad en el segundo lugar nacional. El 91 por ciento de las agresiones se dirigió a periodistas que laboran en medios digitales, siendo las reporteras el grupo más afectado (33 casos), seguido de directoras (15) y columnistas (4), en un contexto marcado por el inicio del proceso electoral 2023-2024. En conjunto, el contexto revela un deterioro profundo del espacio público para las mujeres en Jalisco, donde la falta de garantías, la impunidad y la ausencia de políticas de protección integrales permiten que la violencia contra defensoras, periodistas y activistas se repita de forma sistemática.
Violencia política…una piedra en el zapato
La paridad sigue siendo urgente porque la desigualdad estructural continúa limitando la participación política de las mujeres, pese al mandato constitucional de 2024.
En Jalisco, la violencia política persiste: desde 2018 hay al menos 11 sentencias, más de 50 quejas en 2023-2024 y 13 denuncias solo entre abril y mayo de 2024. El subregistro y la falta de atención efectiva mantienen estas barreras patriarcales intactas.
El municipio Puerto Vallarta destaca como uno de los focos con más denuncias y sentencias por VPM-RG: desde 2018 es el municipio con mayor número de casos sentenciados. En conjunto, todos estos elementos permiten afirmar que la violencia política contra las mujeres no es un conjunto de incidentes dispersos, sino un problema estructural que limita la democracia. Pero también muestran que no estamos ante víctimas aisladas: hay un esfuerzo colectivo, persistente y feminista por nombrar, documentar y eliminar estas violencias.
Lesbofobia
La violencia lesbofóbica en Jalisco y en México se mantiene invisibilizada por instituciones que omiten nombrar explícitamente a las lesbianas en políticas públicas, programas de salud y estadísticas oficiales.
Esta ausencia desde la falta de datos hasta la inexistencia de protocolos de atención y prevención- es una forma de violencia que impide reconocer los lesbofeminicidios, atender necesidades específicas en salud sexual y garantizar acceso a la justicia. La dilución del término «lesbiana» en categorías amplias como «mujeres diversas» o «LGBTIQ+» borra sus experiencias, dificulta la creación de políticas efectivas y permite que la representación pública y política siga siendo mínima.
Por eso, reivindicar la palabra lesbiana es un acto profundamente político. Es una afirmación de autonomía, de deseo, de resistencia y de amor entre mujeres. Desde CLADEM Jalisco urgimos la creación e implementación de políticas públicas con datos, presupuestos y representación para las mujeres lesbianas. Exigiendo que las instituciones del Estado incluyan programas específicos. Que las instituciones de salud reconozcan sus necesidades reales. Y que el acceso a la justicia también sea para las mujeres que han sido asesinadas por amar a otras mujeres.
SEM/sj
https://www.cepal.org
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