Juego de Palabras

Retos de una democracia incluyente

Yaneth Angélica Tamayo

SemMéxico. 04 de febrero de 2020.- A un año de distancia para la realización de los comicios del 2021, los institutos y los órganos jurisdiccionales electorales se están preparando para superar los retos pendientes que se han establecido para materializar el acceso a la igualdad y a la participación democrática de las mujeres, especialmente de las que pertenecen a grupos originarios.

Sin embargo, transitan por un camino sinuoso ya que, uno de los problemas que limitan la democracia tiene que ver con las relaciones de poder que regularmente se encuentran concentradas en unas cuantas personas, quienes desde sus privilegios y posiciones construyen una barrera que le impide a las mujeres y en especial a las de origen étnico desarrollar una participación política real.

Las relaciones de poder desiguales y la discriminación por razón de género sufridas por mujeres, al ser las más persistentes en el tiempo, son las que más formas ha resistido y las que afectan al mayor número de personas, porque al ser primarias siempre se añaden a las demás discriminaciones.

Un ejemplo de esto es la realidad que viven las mujeres indígenas; quienes presentan un doble reto para la defensa de sus derechos, especialmente en la búsqueda de sus derechos políticos tanto en el sistema de partidos como en el sistema normativo interno de sus comunidades.

Toda vez que, la desigualdad que sufren está relacionada con las cuestiones culturales de cada pueblo o comunidad, las cuales se encuentran legitimadas en las relaciones de dominación de género que se ejerce contra ellas; de ahí que las restricciones se deban ya no solo a su género sino también a su origen étnico y quizás a la condición económica en la que se encuentran.

Por ello para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas se requiere que tanto ellas como las autoridades electorales, de forma coordinada actúen desde una perspectiva intercultural y de género a través de la cual se pueda:

Reglamentar la forma en el que el sistema normativo indígena debe llevar a cabo sus elecciones, verificando y observando que se garanticen los derechos humanos y las reglas propias de los pueblos.

Que todas las autoridades observen el bloque de constitucionalidad a fin de que se busque la protección más amplia de los derechos políticos-electorales y se integren las normas consuetudinarias; siempre y cuando no violen derechos humanos.

Que cada Estado revise su legislación a fin de evitar contradicciones y violaciones a derechos humanos, que nieguen la participación política de las mujeres e invisibilicen la violencia política de género que se ejerce contra ellas.

Evitar que los Congresos Estatales, respecto de este tema copien entre si sus legislaciones; pues la perspectiva cultural no es la misma en todos los Estados. Es por ello qué se debe entender que la ley debe ser congruente con las diferentes cosmovisiones de los pueblos.

No se puede pretender que los sincretismos y las particularidades de organización social y política propios de las comunidades indígenas de Chihuahua sean las mismas de las comunidades de Oaxaca, Guerrero, Chiapas u otros.

La tarea no es fácil, en México a pesar de que existe un sistema jurídico regulador aun no es posible superar las situaciones socioculturales en los que existe una brecha de desigualdad y discriminación hacia la mujer y otros grupos.

Motivo por el cual, se requiere que las autoridades y operadores jurídicos se capaciten en derecho electoral indígena, ya que, resulta necesario que se realicen análisis desde la perspectiva de género y la cosmovisión cultural; se debe evitar obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres indígenas.

Asimismo, se deben implantar medios de optimización a través de los cuales el Estado pueda cumplir efectivamente con los niveles de obligación (respeto, protección y garantías) establecidos por las normas no solo nacionales sino también internacionales.

Pero esto no será posible, sino existe una articulación entre mujeres y autoridades electorales, con las cuales se puedan apoyar para incidir en la democracia del país y cumplir con los objetivos que faciliten de forma igualitaria el acceso a la participación de los asuntos públicos.