Yaneth Tamayo AvalosS
SemMéxico, Querétaro, 10 de abril, 2025.- En México, la eutanasia sigue prohibida. Sin embargo, hay un dato que incomoda al debate público: siete de cada diez personas están a favor de permitirla. La pregunta es inevitable: si existe ese nivel de respaldo social, ¿por qué sigue siendo un tema tan difícil de discutir en el ámbito político?
La respuesta no es jurídica. Es cultural.
Hablar de eutanasia no es solo hablar de leyes, sino de muerte. Y la muerte, en nuestra sociedad, sigue siendo un tema atravesado por creencias religiosas, emociones profundas y miedos difíciles de nombrar. Por eso, más que un debate técnico, lo que enfrentamos es un conflicto entre lo que sentimos, lo que creemos y lo que estamos dispuestos a reconocer como derecho.
Pero si queremos discutir con seriedad, hay que empezar por lo básico: entender de qué estamos hablando.
Uno de los principales obstáculos en torno a la eutanasia es su confusión conceptual. No toda acción que acelera la muerte es eutanasia, ni toda decisión de terminar con el sufrimiento entra en esa categoría. La ambigüedad ha contaminado el debate y ha generado posturas radicales basadas más en prejuicios que en definiciones claras.
En los países donde se ha despenalizado, como Países Bajos, el concepto se ha delimitado con precisión: se trata de un acto médico, solicitado por el propio paciente, que busca poner fin a un sufrimiento insoportable, de manera controlada y sin dolor. Es una decisión excepcional, regulada y sujeta a estrictos criterios.
Ese nivel de precisión no es un detalle técnico: es la base del debate.
Sin claridad conceptual, no hay discusión posible. Solo confrontación.
Pero incluso con definiciones claras, el desacuerdo persiste. Y eso tiene que ver con algo más profundo: la forma en que entendemos la vida y la muerte.
No pensamos la muerte de manera neutral. La construimos a partir de experiencias, creencias, valores y emociones. Muchas veces, sin cuestionarlas. Adoptamos ideas que no siempre son propias, pero que terminan definiendo nuestras posturas.
Por eso, frente a la eutanasia, las posiciones suelen polarizarse: para algunos, es un acto inhumano; para otros, un acto de compasión. En el fondo, no estamos discutiendo solo una figura jurídica, sino el significado mismo del sufrimiento, la dignidad y la libertad.
Y aquí aparece el punto central: ¿quién decide?
Porque mientras el debate se mantiene en lo abstracto, hay una realidad que no puede ignorarse. No todas las personas mueren en las mismas condiciones. En una sociedad profundamente desigual, la muerte también lo es.
Hay quienes tienen acceso a cuidados paliativos, tratamientos especializados y acompañamiento digno. Y hay quienes no. Para muchas personas, especialmente en contextos de pobreza, la muerte no es una decisión: es una consecuencia de la falta de recursos.
Esto revela una dimensión incómoda del problema: hablar de eutanasia sin hablar de desigualdad es ignorar una parte esencial de la realidad. No todas las personas tienen siquiera la posibilidad de elegir cómo morir. Y eso también es una forma de violencia.
En este contexto, la discusión sobre la eutanasia no puede reducirse a una dicotomía entre “permitir” o “prohibir”. Tiene que ver con algo más profundo: el derecho a la autodeterminación.
El principio de dignidad humana parte de una idea fundamental: todas las personas tienen un valor intrínseco y la capacidad de decidir sobre su propia vida. Esa capacidad no desaparece frente al sufrimiento, ni debería anularse frente a la enfermedad.
Decidir cómo vivir también implica, en ciertos casos, decidir cómo morir.
Negar esa posibilidad de forma absoluta no es neutral. Es imponer una visión única sobre el final de la vida. Es limitar la autonomía de quienes enfrentan condiciones irreversibles y sufrimientos intolerables.
Por supuesto, no se trata de decisiones simples. Tampoco de soluciones universales. Pero reducir el debate a consignas morales o a temores colectivos impide avanzar.
Porque al final, la pregunta no es si la eutanasia es correcta o incorrecta en abstracto.
La pregunta es más incómoda: ¿tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio sufrimiento?
Y más aún: ¿puede el Estado decidir por nosotros hasta el último momento?
Si el derecho aspira a proteger la dignidad humana, no puede ignorar la autonomía. Y si la autonomía es real, debe incluir las decisiones difíciles, incluso aquellas que incomodan.
Porque la libertad no se mide en los momentos fáciles. Se mide cuando decidir duele.
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