Juego de palabras | Cuando disentir se vuelve peligroso

Yaneth Tamayo Avalos

SemMéxico, Querétaro, Qro., 6 de abril, 2026.-En toda democracia que se tome en serio a sí misma, la libertad de expresión no es un lujo: es un límite al poder. Es la herramienta que permite cuestionar, incomodar y, sobre todo, exigir cuentas. Cuando esa libertad se debilita, lo que se erosiona no es solo un derecho: es el equilibrio mismo entre ciudadanía y gobierno.

Hoy, en México, ese equilibrio está en riesgo.

No se trata de una percepción aislada ni de una narrativa alarmista. Se trata de un fenómeno progresivo, visible en el discurso público, en las decisiones institucionales y, de forma cada vez más preocupante, en la realidad que enfrentan quienes se atreven a criticar. La descalificación sistemática de voces disidentes —etiquetadas como “opositores”, “traidores” o “comentócratas”— no es un exceso retórico: es una estrategia que busca vaciar de legitimidad a la crítica.

Y cuando la crítica pierde legitimidad, el poder deja de tener contrapesos.

En las democracias constitucionales, la libertad de expresión no solo protege opiniones; protege el derecho a incomodar al poder. Por eso, históricamente, los regímenes con tendencias autoritarias han visto en la disidencia una amenaza que debe neutralizarse. No mediante la censura abierta —que resulta políticamente costosa—, sino a través de mecanismos más sutiles: la estigmatización, el descrédito y la polarización.

México no es la excepción.

El espacio público, que debería ser un terreno de deliberación, se ha transformado en un escenario de confrontación. Durante el sexenio anterior, las conferencias matutinas marcaron un punto de quiebre: dejaron de ser un canal informativo para convertirse en una tribuna de validación política y descalificación sistemática. Lejos de corregirse, esta lógica se ha normalizado.

La llegada de Claudia Sheinbaum no significó un cambio de rumbo. Por el contrario, el discurso oficial mantiene una constante: presentarse como la única voz legítima, mientras reduce cualquier crítica a una postura sospechosa o adversarial. El problema no es menor. Cuando el poder se asume como la única verdad, el disenso deja de ser un derecho y comienza a tratarse como una amenaza.

Las consecuencias ya son palpables.

La polarización social se ha intensificado, el diálogo se ha debilitado y la violencia política ha encontrado terreno fértil. Casos como los de líderes comunitarios que denuncian vínculos entre autoridades y crimen organizado, y que terminan siendo desacreditados o ignorados, evidencian una realidad incómoda: en México, alzar la voz puede costar caro.

Más grave aún es cuando el propio Estado reacciona contra quienes protestan. La represión de manifestaciones, particularmente de jóvenes, no solo vulnera derechos fundamentales; envía un mensaje claro: disentir tiene consecuencias. Y ese mensaje, en una democracia, es profundamente peligroso.

Porque cuando el aparato estatal se utiliza para intimidar, contener o silenciar, ya no estamos frente a simples excesos. Estamos ante un patrón que, de consolidarse, puede derivar en formas sistemáticas de control político. La historia —propia y comparada— ha demostrado que estos procesos no comienzan con actos extremos, sino con la normalización de pequeñas renuncias democráticas.

Aceptar que la crítica incomoda y que la pluralidad genera tensión es parte del juego democrático. Pretender lo contrario —un país donde todos coincidan— no solo es irreal, es autoritario.

México necesita recuperar algo más que el tono del debate público: necesita reconstruir la disposición a escuchar. Gobernar no es imponer una narrativa única, sino gestionar la diversidad de voces que conforman la sociedad. Y eso implica reconocer que la crítica no debilita al poder; lo legitima.

La libertad de expresión no está para ser tolerada, está para ser garantizada. No es una concesión del gobierno, es un derecho frente al gobierno.

Lo que hoy está en juego no es solo la posibilidad de opinar, sino la viabilidad de una democracia donde disentir no sea un acto de valentía, sino una condición normal de ciudadanía.

Porque cuando hablar implica riesgo, el silencio deja de ser una elección… y se convierte en imposición.