Juego de Palabras| Cuando opinar se vuelve un riesgo

Yaneth Tamayo Avalos

SemMéxico, Mérida, 30 de marzo, 2026.- En México, ejercer el periodismo no sólo es difícil: es peligroso. El país está catalogado como el más riesgoso de América Latina para esta labor y, a nivel mundial, ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Gaza. No es una percepción: es una realidad documentada.

Sin embargo, hay una paradoja inquietante. Mientras los datos evidencian violencia contra la prensa, el discurso oficial insiste en negarla. Se minimiza la censura, se desestima el acoso judicial y se normalizan las presiones contra periodistas, medios y ciudadanos que opinan sobre asuntos públicos.

El problema no es sólo lo que ocurre, sino cómo se justifica.

En los últimos años, ha comenzado a tomar fuerza una práctica particularmente preocupante: el uso de mecanismos legales, especialmente en materia electoral, para limitar la libertad de expresión. Entre 2025 y 2026, se han documentado más de 51 casos en los que figuras como la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) y la calumnia electoral han sido utilizadas para denunciar a periodistas y ciudadanos.

El dato por sí mismo ya es alarmante. Pero lo es aún más cuando se observa el efecto que produce: inhibir la crítica.

Aquí conviene hacer una precisión fundamental. La violencia política contra las mujeres es un problema real y grave, que debe ser prevenido, sancionado y erradicado. Nadie debería cuestionar eso. Pero tampoco se puede ignorar que su uso indebido como herramienta legal puede distorsionar su propósito original.

No toda crítica es violencia. No toda opinión incómoda constituye una agresión.

Para que exista VPMRG, deben acreditarse elementos específicos. No basta con que un comentario resulte incómodo o incluso ofensivo. El derecho es claro: se requiere un análisis contextual, jurídico y con perspectiva de género, pero también con respeto a otro derecho fundamental: la libertad de expresión.

Porque aquí hay una tensión inevitable: proteger a las mujeres en la política sin convertir esa protección en un mecanismo de censura.

El propio Tribunal Electoral ha establecido criterios para lograr ese equilibrio. Ha señalado que no basta con identificar un discurso crítico; es necesario analizar si está vinculado con el interés público o si constituye un abuso. Es decir, distinguir entre lo que incomoda y lo que verdaderamente vulnera derechos.

El problema es que, en la práctica, no siempre se respeta ese criterio.

Algunos tribunales han optado por resoluciones que terminan favoreciendo a quienes detentan el poder, enviando un mensaje claro —aunque no siempre explícito—: criticar puede salir caro.

Y ese mensaje tiene consecuencias.

Cuando periodistas y ciudadanos perciben que pueden ser sancionados por opinar, la autocensura aparece. No hace falta prohibir: basta con generar el miedo suficiente para que las personas decidan callar.

Así, la justicia deja de ser un mecanismo de protección y se convierte en una herramienta de presión.

En una democracia, esto es particularmente grave. La crítica, el debate y la circulación de ideas no son excesos: son condiciones básicas para su funcionamiento. Sin ellas, lo que queda no es orden, es silencio.

Por eso, la justicia electoral no puede ni debe utilizarse para acallar voces incómodas ni para distraer recursos en denuncias que buscan frenar el debate público. Su función es proteger derechos, no restringirlos selectivamente.

Si México realmente aspira a consolidarse como un Estado democrático, hay una línea que no puede cruzarse: castigar la palabra.

Porque cuando opinar se vuelve un riesgo, la democracia deja de ser un espacio de libertad… y empieza a parecerse demasiado a un espacio de control.