Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 10 de diciembre, 2023.- La desigualdad entre los sexos, la excesiva violencia contra las mujeres, la omisión y la falta de interés por parte del Estado para suministrar justicia, ha propiciado que las mujeres busquen alternativas que les permitan acceder a un mínimo de justicia o algo semejante que les ayude a superar las experiencias vividas.
De cada 10 mujeres, 9 son revictimizadas por la sociedad y las autoridades al denunciar agresiones contra ellas por razón de género, particularmente en delitos sexuales, agresiones físicas o incluso feminicidios, siendo las instituciones de justicia quienes entorpecen los procesos de denuncia, generando que el 90 por ciento de estas queden impunes.
Histórica y culturalmente las mujeres con respecto a la justicia se encuentran en un lugar olvidado, en donde resulta imposible acceder a recursos judiciales, esto ha generado que las mujeres enfrenten a sus agresores y ejerzan justicia por propia mano.
Este tema, en particular, me resulta interesante abordarlo, ya que en días pasados las redes sociales se llenaron de comentarios desfavorecedores hacia unas jóvenes que, arremetieron contra un profesor acusado de ejercer violencia de género contra las alumnas de un plantel educativo.
Entre los comentarios había dos posturas, una que legitimaba socialmente el actuar ante la impunidad de casos denunciados por mujeres y, por otro lado, una que exigía rigurosamente el perfil de víctima perfecta y el debido proceso legal.
Ante estas posturas, valdría la pena cuestionar cuál es el mecanismo idóneo para acceder a la justicia, cuando el Estado no garantiza el derecho humano a la seguridad y cuando existe un abandono total por parte de las instituciones para ejercer el derecho a la adecuada impartición de justicia.
Especialmente, en un contexto en donde el 70.1% de las mujeres han experimentado al menos un incidente de violencia y 11 mujeres son asesinadas al día, solo por el hecho de ser mujeres.
En donde, además, se estima que del 98% de denuncias presentadas por mujeres sobre violencia sexual, solo 12 por ciento llegan a juicio y de ese porcentaje solo el 6 por ciento de los agresores son sentenciados.
Porcentaje con el cual las instituciones de justicia se han mostrado ineficaces para resolver las conductas delictivas ya sea por falta de profesionalización de las policías, cuyo actuar no favorece la persecución efectiva de delitos; la carente preparación de los ministerios públicos, quienes son inancapaces de efectuar una investigación adecuada, y la falta de transparencia en las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados del Poder Judicial.
Lo anterior, no justifica el ejercicio de la violencia por propia mano, pero sí pone en evidencia el abandono de los mecanismos legales diseñados para garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las mujeres.
Si bien, la justicia por propia mano constituye un acto criminal, socialmente dispone de un pensamiento dicotómico. Mientras que los hombres que hacen justicia por propia mano gozan de una posición de heroicidad, a las mujeres se les condena y castiga por los mismos sucesos.
El que las mujeres no se sometan a lo establecido por el sistema y busquen justicia por cuenta propia, las convierte en delincuentes o criminales. Pareciera que existe más compasión por el agresor que por la víctima.
Vivimos en una sociedad, en donde a las mujeres se les exige una serie de condiciones para validarlas como víctimas y existe una necesidad de que estas sean puras y deshumanizadas.
Así y solo así pueden alcanzar la benevolencia de una sociedad que las somete al escrutinio público.
Si las mujeres no cumplen con estas condiciones, son despojadas del derecho a ser víctimas y, por lo tanto, a obtener justicia.
Y esto se debe a los altos índices de corrupción e impunidad, sumado a la falta de aplicación de la perspectiva de género por parte de las autoridades. Siendo las instituciones procuradoras de justicia quienes terminan invirtiendo el rol de las víctimas, en donde las mujeres se convierten en responsables de los hechos denunciados, quitándole la carga al agresor.
La mayoría de la sociedad y las instituciones encargadas de administrar justicia, se han negado a reconocer la violencia en la cual se encuentran inmersas las mujeres, existe una incapacidad por parte del Estado Mexicano para solucionar su deficiente sistema de procuración de justicia.
Mientras el Estado y las instituciones responsables no brinden seguridad a las mujeres y no se castigue a aquellos que llevan a cabo actos criminales; seguirán perdiendo legitimidad para actuar y, por lo tanto, alentarán a la ciudadanía a utilizar vías no oficiales para resolver sus diferencias y buscar justicia por los crímenes de los que son víctimas.
