Parte I
Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 14 de agosto, 2025.-La aspiración fundamental de los sistemas de justicia, se basan en que el acceso a la justicia garantice a todas las personas sin distinción alguna, el derecho a la protección judicial de forma sencilla y rápida; de tal manera, que se les proteja contra actos que violen sus derechos humanos.
Sin embargo, en la realidad muchas personas enfrentan barreras y dificultades específicas debido a su edad, género, situación de discapacidad, origen étnico, estatus, vulnerabilidad social -o a la concurrencia de dichas características-, motivo por el cual no logran ejercer su derecho de acceso a la justicia de manera adecuada.
De ahí que, un porcentaje amplio de los ilícitos cometidos contra las personas, queden impunes o no logren de forma efectiva la reparación del daño y la no repetición de actos.
En especial, cuando se trata de violencia ejercida contra menores de edad, quienes por su condición etaria y de género sufren un mayor impacto. Por un lado, la violencia institucional que revictimiza y niega el acceso a un recurso judicial efectivo; y por otro, el daño perpetrado en su contra, lo que limita la materialización de su derecho humano al acceso de justicia, reparación integral y dignidad.
Cifras nacionales sobre violencia sexual ejercida contra menores
Ahora bien, en México resulta complicado obtener datos exactos sobre cuántas niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, lo que dificulta dimensionar la gravedad de la situación y sus consecuencias.
Algunas cifras que pueden darnos un contexto del impacto de este ilícito, son las proporcionadas por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), en la que se advierte que más del 70% de mujeres de 15 años y más sufrieron algún tipo de violencia; el 49.7% fueron víctimas de violencia sexual y el 12.6% experimentaron una situación de violencia sexual en la infancia.
Además, cifras preliminares del 2024 (los datos definitivos estarán disponibles en 2025) de la Secretaría de Salud estiman que en lo que va del año se atendieron ocho mil 775 infantes por lesiones de violencia sexual: 610 menores de cero a cinco años; mil 217 de entre seis y 11, y seis mil 948 adolescentes de 12 a 17 años. De estas víctimas, el 92.71 % (ocho mil 136) fueron mujeres, el 7.06 % (620), hombres, y el 0.21 % (19) no se especificó.*
El anterior dato, se corrobora con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), en este se informa que, para las niñas y mujeres, los delitos como homicidio, feminicidio, lesiones, delitos sexuales, trata de personas y violencia familiar, ocurren el doble de frecuencia que en niños y hombres.**
Si bien, las anteriores cifras no reflejan los datos reales de la violencia sexual infantil, sí exhiben la magnitud del ilícito perpetrado contra la población femenina e infantil, y más aún en aquellas personas que fueron víctimas de dichos actos.
No en todos los casos se obtiene justicia.
En la mayoría de los casos las víctimas de delitos sexuales no tienen las facilidades para acceder a la justicia, obtener una sentencia condenatoria para los agresores y mucho menos lograr una efectiva reparación integral a la cual tienen derecho.
En el 2024, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) inscribió a 19,246 víctimas directas e indirectas (9,088 mujeres, 777 niñas, 895 mujeres adolescentes; 678 niños y 510 hombres adolescentes).
De las cuales, solo se obtuvieron 131 sentencias condenatorias y 106 procedimientos alternativos de solución de controversia, de estas cifras, únicamente se garantizó la reparación integral del daño en beneficio de 173 personas en situación de víctima.
Especialistas en derechos humanos, han advertido que a pesar de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existe una dificultad en los procesos jurídicos para que las víctimas logren obtener una reparación integral del daño.
Si bien, la reparación del daño no es el único fin de las víctimas, esta forma parte esencial de la justicia, al ser un mecanismo encaminado a desaparecer los efectos que sobre las víctimas han dejado los crímenes cometidos, lo que sin duda trasciende la dimensión económica; si bien el dolor no es apreciable en dinero, su objetivo principal consiste en restablecer el equilibrio que ha sido roto, por el autor del daño, entre su patrimonio y el de la víctima.
Miedo, culpa y vergüenza
Existen varios factores que en ocasiones limitan o impiden el acceso a la justicia, algunos de carácter institucional, procesal, incluso sociales, pero también emocionales.
En el ámbito jurídico, a primera vista, parecería que las emociones poco tienen que ver con el derecho y particularmente con el sistema penal, no obstante, se relacionan de forma importante y en diversos sentidos.
Puede decirse incluso que las emociones son parte fundamental del derecho, al menos en la medida que ambas nociones están vinculadas con conceptos como norma, relaciones sociales, justicia, culpabilidad y responsabilidad.***
* https://www.gaceta.unam.mx/violencia-sexual-infantil-problema-de-salud-publica/
**En delitos específicos, como homicidio, feminicidio, lesiones, delitos sexuales, trata de personas y violencia familiar, se observa una mayor afectación en niñas y adolescentes que en niños y adolescentes varones: se registraron 59 141 delitos con víctimas niñas y adolescentes mujeres (con una tasa de 305.6 delitos por cada 100 mil niñas y adolescentes de 0 a 17 años) y, en el caso de los hombres, se registraron 30 207 delitos (con una tasa de 150.8 delitos por cada 100 mil niños y adolescentes de 0 a 17 años). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_VCM_23.pdf
*** https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/42d778fa-bc06-42b9-b796-208a93e1f964/content
https://www.cepal.org
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